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Un hombre de apellidos Abarca Morales, de 24 años, detenido este martes como sospechoso de balear un edificio del Organismo de Investigación Judicial hace dos meses, era, al parecer, un proveedor emergente de armas para las estructuras criminales Los Lara y Los Gemelos, que se disputan puntos de venta de drogas al sur de San José.
Así lo reveló Michael Soto, director interino de ese cuerpo policial, tras los allanamientos que permitieron arrestar a los dos sospechosos de disparar, el 16 de abril, contra la fachada de la Oficina de Planes y Operaciones (OPO), en Los Yoses.
El segundo detenido del operativo realizado este martes es un hombre de apellidos Amador Calderón, alias el Menor y de 18 años, quien habría sido el conductor de un BMW, negro, sin placas, en el que se movilizaron los imputados el dia de los hechos. Ese vehículo estaba publicado a la venta en Instagram hasta hace poco.
Ese auto fue decomisado en San Francisco de Dos Ríos. “Es un grupo bastante importante que más bien es proveedor de otras estructuras criminales que están asentadas en el sur de la capital”, aseveró Soto.
Represalia por decomiso
Soto explicó que, en marzo, agentes del OIJ le decomisaron a uno de estos sujetos un arma robada que intentó vender a un oficial encubierto. “Cuando están tratando de comerciarla en redes sociales, se procedió al decomiso”, detalló.
Para el jerarca, la represalia llegó el 16 de abril a las 2:36 a. m., cuando dos de los tres ocupantes del BMW dispararon en múltiples ocasiones contra la fachada del edificio. “Utilizaron dos armas diferentes, dispararon unas 16 o 20 veces y solo impactaron en cinco o seis ocasiones”, precisó el jerarca.
Uno de esos impactos reventó una tubería e inundó uno de los pisos superiores del inmueble, donde personal del OIJ trabajaba en ese momento. “El edificio funciona las 24 horas”, precisó Soto, quien subrayó que la acción duró apenas entre cinco y seis segundos antes de que los sospechosos huyeran hacia San Francisco de Dos Ríos y Tres Ríos.
Este martes, agentes judiciales decomisaron en la casa de Tres Ríos una pistola 9 milímetros con abundante munición y un fusil AR-15 también con munición. Soto indicó que fue precisamente por ese hallazgo que debieron emplearse dispositivos sonoros durante el allanamiento. “Si se atrevieron a disparar al edificio, se pueden atrever a disparar a los muchachos”, justificó.
En la vivienda de San Francisco de Dos Ríos, donde fue detenido Amador Calderón, se decomisó además una cantidad importante de munición, incluyendo cartuchos calibre 5.56 y 9 milímetros.
Proveedores de armas
El jefe de la Policía Judicial detalló que los sospechosos conseguían armas robadas al Estado o a particulares y las revendían a estructuras criminales. Esta práctica criminal se ha visto en casos recientes como los asesinatos de dos guardas de seguridad privada en la sede de la empresa Dekra en Puntarenas y el ataque contra un policía municipal de Desamparados, baleado en el rostro para sustraerle una pistola.
También comercializaban aditamentos como las llamadas “caracolas”, que son cargadores de alta capacidad que se acoplan a pistolas 9 milímetros y permiten disparar entre 30, 60 o hasta 100 municiones sin recargar. Estos artículos ,según la pesquisa, los promocionaban en redes sociales con un perfil bajo. “Una pistola 9 milímetros, que es el arma más usada para cometer homicidios en el país, tiene en el mercado ilícito un precio de alrededor de un millón de colones”, dimensionó el director interino.
Pese a la juventud de los imputados, Soto los describió como un grupo enfocado y con vínculos consolidados. “Están empezando en la actividad del negocio de las armas, tendrán poco, pero sí muy enfocados al tema de proveer a otros grupos”, señaló. No descartó que existan más personas vinculadas a la red, no necesariamente en el ataque contra el OIJ, sino en la proveeduría de armas y municiones.
Un tercer sospechoso, identificado como uno de los que disparó esa noche, permanece sin ser capturado. “La prueba audiovisual con certeza nos ubica dos y ese otro hay que trabajarlo”, indicó Soto.
Delitos imputados
El fiscal general Carlo Díaz, presente en los allanamientos, confirmó que los imputados enfrentan cargos por tentativa de homicidio calificado, dado que el ataque se dirigió deliberadamente a los pisos donde había personal trabajando. “El ataque se direccionó en donde estaban estas personas”, afirmó. Uno de los disparos impactó cerca de donde se encontraba un funcionario.
Adicionalmente, con base en el arsenal decomisado, la Fiscalía les imputará tenencia ilegal de arma permitida y el delito de daños.
Soto calificó el momento como uno de los más complejos de la historia criminal del país. “Hemos venido impactando muy fuertemente a las estructuras criminales y eso les molesta, pero miedo no tenemos”, advirtió, y recordó otros ataques recientes: el asesinato del oficial de la Fuerza Pública Gerson Rosales, ocurrido el 13 de mayo en Batán de Limón, así como el crimen del agente judicial Geiner Zamora, el 31 de enero de 2025 en Pococí.
