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Reclamos por tala de árboles frente a su negocio y por la instalación de cámaras de vigilancia en un residencial motivaron a un hombre de apellidos Ulloa Borrero a interponer cuatro recursos de amparo ante la Sala Constitucional contra sus vecinos y la Municipalidad de San Pablo de Heredia. Él es el sospechoso de agredir a una jueza de ejecución de la pena el viernes 17 de abril en Heredia.
En todos los casos el alto tribunal declaró sin lugar los alegatos.
Ulloa fue detenido el domingo por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Este lunes, a la 1: 30 p. m., se realizará una audiencia de medidas cautelares en el Juzgado Penal de Heredia.
Corta de árboles
El primer recurso, presentado en mayo del 2016, lo interpuso como representante del centro de acondicionamiento físico Aqvasit, ubicado en el Residencial Lomas de San Pablo.
En ese caso, Ulloa alegó que la Municipalidad de San Pablo cortó 21 árboles frente a su negocio sin previo aviso y sin darle oportunidad de ejercer su derecho de defensa.
El ayuntamiento respondió que los árboles, de la especie laurel de la India, estaban en vía pública y su eliminación respondía a denuncias de vecinos por los problemas que generaban. El amparo fue desestimado el 24 de junio de 2016.
Instalación de cámaras
Dos años después, en junio de 2018, Ulloa Borrero presentó un segundo recurso, esta vez contra cuatro vecinos del residencial. Alegó que esas personas instalaron 14 cámaras de vigilancia en el residencial usando los postes del alumbrado público y que además cobraban a los vecinos por el servicio, sin ningún control sobre el manejo de las imágenes.
También se quejó de que las cámaras grababan de manera ilícita su local comercial, lo que a su juicio vulneraba su derecho a la imagen y a la intimidad. Solicitó que se ordenara retirar las cámaras. La Sala también lo declaró sin lugar el 29 de aquel mes.
Contra el alcalde
En diciembre de ese mismo año el hombre presentó un tercer amparo, esta vez contra el alcalde de San Pablo de Heredia. En ese caso reclamó que sus denuncias ante la municipalidad sobre el negocio de cámaras de vigilancia nunca fueron respondidas en el plazo legal.
Ese recurso fue resuelto por la entonces magistrada Marta Esquivel Rodríguez, hoy diputada electa por Heredia en el Partido Pueblo Soberano (PPSO), y también fue declarado sin lugar.
Chat de comunidad
El cuarto recurso llegó en mayo de 2021, nuevamente contra la Municipalidad de San Pablo. Ulloa Borrero reclamó que el entonces jefe de la Policía Municipal administraba un grupo de WhatsApp de seguridad comunitaria usando indebidamente el logo de la Fuerza Pública y que en ese grupo se había publicado información personal suya, incluyendo su dirección, imágenes de su persona, su vehículo y de familiares.
También afirmó que el grupo operaba como un negocio de seguridad privada sin permisos. La Municipalidad respondió que se trataba de un programa de seguridad comunitaria legítimo, situación que verificaron los magistrados. El amparo fue declarado sin lugar el 25 de junio de ese año.
Ulloa Borrero quien según registros del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), es casado con un hombre de apellidos Serrano Agüero, está a la orden de la fiscalía de Heredia a la espera de ser indagado y sometido a una audiencia de medidas cautelares por las agresiones contra la juzgadora.
Detalle de la denuncia
El sospechoso presuntamente, azuzó a su perro para atacar a la funcionaria, quien labora en el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela. Luego la golpeó con los puños según denunció la víctima.
El conflicto habría surgido por disputas en el residencial donde ambos habitan relacionados con el comportamiento del can del imputado.
“Me encontraba dentro del residencial donde vivo, salí a caminar un poquito con mi perro ya que estaba un poco ansioso, observé que Ulloa venia ingresando al residencial en su vehiculo y se dirigió hacia su casa de habitación, en ese momento yo me iba hacia mi casa, sin embargo, lo que hizo fue montar a su perro el cual tiene orden sanitaria porque es de mucho riesgo”, detalla parte de la denuncia interpuesta por la jueza.
El documento agrega que el sospechoso se dirigió hacia la mujer “y el perro se salió por la ventana del carro y se vino hacia mi y me mordió la rodilla derecha por lo que le metí la misma pierna para evitar que me hiciera un mal mayor, en ese instante se baja de su vehículo de manera violenta y me dijo ‘que le pasa, porque le pega al perro’ y me comenzó a golpear con su manos por mi pecho, me empujó y lo golpee con la baranda del vecino”.
La afectada agregó que Ulloa Borrero la agarró del pelo “y me hizo lanzada a la calle y me lanzó tres patadas en la cadera, y nuevamente me agarró del pelo y lo que hizo fue restregar mi cara contra el pavimento ( se le observa a la ofendida fuertes lesiones en la frente y nariz”), precisa parte de la denuncia.
De acuerdo con lo denunciado, el imputado insultó a la funcionaria “me gritó jueza hijo (sic) de puta, mientras yo estaba en el suelo, con sus pies me restregaba contra el suelo causándome lesiones el codo derecho y rodilas”. Tras esas acciones el hombre él se montó en el carro y se fue junto con su perro, relató la jueza.
El abogado de la denunciante, Levinson Escalante, considera que declaraciones brindadas desde la Presidencia y el Ministerio de Justicia y Paz en recientes conferencias de prensa de los miércoles, donde cuestionaron resoluciones de la jueza, también tendrían relación con este caso.
