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Los cigarrillos y licores que salen desde Panamá hacia Costa Rica, ocultos entre cargamentos aparentemente legales, atraviesan Paso Canoas con la aparente ayuda de policías y luego son distribuidos por la zona sur en camiones y vehículos pequeños, escogidos para soportar el peso de la mercadería sin despertar sospechas.
Así funciona una operación que mueve desde medio contenedor hasta lotes de varios contenedores, según relató un miembro de una estructura dedicada al contrabando de licor y cigarrillos desde la zona fronteriza con Panamá.
La fuente, quien habló con La Nación bajo condición de anonimato por temor a represalias, conoce desde adentro la forma como estas organizaciones trasladan la mercadería, los puntos donde la almacenan y los pagos que, según afirmó, realizan a policías para facilitar su paso.
“Eso ocurre casi todo el tiempo. Son cigarros y licor que se lleva para afuera” (hacia el Valle Central), dijo el hombre. En las operaciones de mayor tamaño, agregó, los cargamentos pueden llegar hasta Jacó. En ese sitio “hay un hotel donde entregan varios contenedores, hasta 7 u 8 carros de licor”, afirmó.
Paso por la frontera
El recorrido comienza, según explicó el informante, en varios locales ubicados en la llamada “raya”, es decir, la línea fronteriza de Paso Canoas, donde llegan contenedores procedentes de Colón, Panamá.
Parte de la mercadería atraviesa la frontera con la colaboración de oficiales del país vecino, aseguró el entrevistado. “Hay varios policías panameños que se prestan por un cobro mínimo, una cochinada, que son $20 o $30 por dejar pasar cualquier cosa”, afirmó.
Una vez en Costa Rica, los cargamentos son trasladados a bodegas conocidas como “búnkeres”. Este diario supo que en sitios como barrio San Jorge o en La Cuesta de Corredores hay, al menos, 12 inmuebles usados para recibir y distribuir productos de contrabando. La mayoría de propiedades cuentan con una característica en común: tienen acceso por lado panameño y costarricense, lo que facilita la movilización de los productos.
Un panameño conocido con el alias de Tunga figura como uno de los principales operadores del contrabando que se mueve desde La Cuesta de Corredores hasta la provincia de Alajuela, de acuerdo con la versión de la fuente.
Una de esas bodegas fue incluida en un reciente informe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), como sitio de movilización de contrabando. Desde allí, la mercadería se distribuye en vehículos como Nissan Sentra, Toyota Yaris y Toyota Corolla, escogidos, según la fuente, por su capacidad para transportar la mercadería.
En algunos casos, explicó el miembro del grupo criminal, a vehículos antiguos se les cambia el motor por uno de mayor potencia para que “caminen” con el peso adicional.
El hombre ubicó otras bodegas activas en San Vito de Coto Brus y Río Claro de Golfito, desde donde la mercadería es distribuida hacia otros puntos del país como el Valle Central e incluso la zona del Caribe.
La ruta que actualmente utilizan con mayor frecuencia, según la fuente, pasa por San Vito y Paso Real, en Buenos Aires, hasta Palmar Norte de Osa. “Ahí no para nadie”, afirmó.
No obstante, vecinos de La Unión de San Vito, uno de los puntos tradicionalmente usados para el contrabando, indicaron a La Nación que la presencia de oficiales de la Fuerza Pública y de la Policía de Control Fiscal (PCF) ha mermado el trasiego de mercancías.
“Eso se ha caído mucho desde que cambiaron a los policías”, manifestó una persona que pidió no ser identificada, ya que en la zona hay mucho temor a represalias de los grupos organizados.
El paso por algunos puntos de la carretera entre San Vito y Palmar Norte depende, según explicó el miembro de la organización, de contactos con policías.
Los pagos no son siempre iguales y varían de acuerdo con el cargamento. “Esos no cobran $20, sino que cobran dependiendo del cargamento, son ¢50.000 por carro”, dijo.
El entrevistado aseveró que ellos conocen los cambios de turno en el puesto de control del kilómetro 35 en Golfito, que se producen a las 5 a. m., al mediodía y a las 7 p. m.
Los transportistas, según manifestó, mantienen comunicación telefónica con los agentes para determinar cuándo pueden pasar. “Uno los contacta y les dice: ‘Mae, voy con tanto, pasa primero el carro que va de punta, paga y que Dios me lo acompañe’”, relató.
Según su versión, en Uvita y Buenos Aires de Puntarenas también operan policías que alertan a los contrabandistas sobre la presencia de retenes en carretera.
El cerro de la Muerte, en cambio, es una ruta que utilizan poco debido a la falta de señal telefónica. Tal condición, según explicó, dificulta la comunicación con los contactos cuando se presenta un operativo.
Los ’20′
Cuando se presenta un movimiento policial inesperado, los vehículos con mercadería son llevados a propiedades conocidas como los “20”, que funcionan como sitios de seguridad. “Ahí se meten a los 20. Nada más se cierra el portón y no puede entrar la policía si no es con una orden de un juez”, explicó.
El riesgo, según la fuente, disminuye una vez que los cargamentos superan Atenas. “Ahí ya no hay peligro porque nada más tiene que ser alguien demasiado observador para ver el carro que brinca o que se hace feo para darse cuenta de que está cargado”, afirmó.
‘Birra’, ‘humo’ y ‘tía blanca’
El hombre explicó las diferencias entre el contrabando de licor y cigarrillos, al que se refiere como “birra” y “humo”, respectivamente, y el trasiego de cocaína, conocido en esa jerga como “la tía blanca”.
Según manifestó, ambos tipos de mercadería rara vez son movilizados en un mismo vehículo. En algunas operaciones, los cargamentos de licor son utilizados como señuelo para concentrar la atención policial mientras otros vehículos trasladan droga. “Se sabe que hacen un retén y pegan al que va con licor y pasan con la droga; les mandan un señuelo”, relató.
En Paso Canoas, San Vito y Río Claro operan actualmente, según el entrevistado, tres estructuras dedicadas principalmente al contrabando: Los Nachos, Los Valientes y un grupo liderado por un sujeto conocido como Rana.
A partir de Palmar, agregó la fuente, el negocio predominante deja de ser el contrabando y pasa a ser el narcotráfico, debido a la cercanía con Sierpe, señalado como un punto de ingreso de droga por vía marítima.
La descripción de esta operación ocurre días después de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuviera en Pococí, el pasado 3 de setiembre, a un hombre de apellidos Linares Otárola, conocido como Coco Cigarros. Este sujeto es señalado como el encargado del contrabando de licor y cigarrillos para la organización del abatido cabecilla Roney José Ríos Oconitrillo, alias Coco Guácimo, socio de Alejandro Arias, alias Diablo.
En ese operativo fueron detenidas otras diez personas, entre ellas dos familiares de Coco Guácimo. Además, los agentes decomisaron drones, chalecos antibalas, armas de fuego y más de ¢1 millón en efectivo.
Policías señalados
El relato del entrevistado coincide con los hallazgos de un informe confidencial de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), del Ministerio de Seguridad Pública, al que La Nación tuvo acceso.
El documento señaló a 116 policías de la zona sur con presuntos vínculos con organizaciones criminales. De ellos, 44 formarían parte de una estructura que, según el informe, colaboraría con el contrabando de licor a cambio de dinero.
Consultado sobre si la exposición pública de esos señalamientos modificó la forma de operar de los policías, el informante respondió: “Esos policías ahora juegan de bravos, pero siguen cobrando, ellos nunca van a perder”.
Sin estimaciones
La Nación consultó al Ministerio de Hacienda por la afectación que produce al erario público el contrabando de cigarrillos y licores. No obstante, Víctor Carvajal, viceministro de Ingresos, afirmó que es imposible estimar un monto, ya que hay unos estudios “que se basan en muchos supuestos”.
El funcionario agregó que la apuesta del gobierno consiste en impulsar una reducción en los impuestos a los cigarrillos. “Tenemos necesariamente que plantear una reducción en los impuestos para poder hacer más competitiva la parte formal y restar rentabilidad al negocio del contrabando”, manifestó
Según datos suministrados a La Nación por la Policía de Control Fiscal (PFC), entre el 2021 y el 2025 las autoridades confiscaron más de 226 millones de cigarrillos y habanos. En ese mismo periodo, también fueron interceptadas más de siete millones de unidades de bebidas alcohólicas.
En el presente año, con corte al 23 de junio, ya se habían incautado 10,2 millones de unidades de cigarrillos y habanos, así como 1,4 millones de unidades de bebidas alcohólicas.
Desde marzo del 2025, tras una actualización tributaria, cada unidad que ingresa legalmente al país debe pagar ¢26,92 por concepto del impuesto específico que grava estos productos, frente a los ¢26,59 que regían anteriormente.
Con base en los decomisos registrados, Hacienda dejó de percibir más de ¢6.000 millones entre el 2021 y el 2025 por ese tributo. Dicho cálculo solo considera los productos incautados y excluye aquella mercancía que logró ingresar al país y comercializarse sin ser detectada.
Para el criminólogo colombiano Daniel Rico, quien es experto en el combate al contrabando, bajar los impuestos es solo una parte de la ecuación, ya que se deben fortalecer las investigaciones y cuerpos judiciales.
“Si uno baja los impuestos, reduce el incentivo económico. Pero esa medida se vuelve efectiva solo si se fortalecen las capacidades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía para procesar las estructuras criminales”, manifestó Rico a La Nación el pasado 16 de agosto.
