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Una sociedad vinculada con un hombre de apellidos Vargas Torres, alias el Viejo o el Médico, en juicio por el Caso Altamar por presunto tráfico internacional de drogas, habría obtenido ¢614,9 millones en subsidio estatal para comprar combustible destinado a embarcaciones pesqueras.
En apariencia, Vargas era miembro de la presunta organización criminal afincada en la zona sur y comandada por el pastor evangélico Luis David Cortés Franco, quien, según se presume, coordinaba la recepción de cocaína y marihuana provenientes de Colombia.
Según el expediente del caso, es en este contexto que Vargas aparece relacionado con la sociedad Naviera Ximaval del Pacífico S. A., inscrita en julio del 2011 para actividades de pesca artesanal en pequeña escala.
Según una revisión de La Nación, la empresa habría obtenido combustible libre de impuestos desde abril del 2015 y hasta el 20 de febrero del 2026.
Aunque fueron cuatro las embarcaciones pesqueras propiedad de esta sociedad las que obtuvieron el beneficio, otorgado por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), dos de ellas habrían sido utilizadas para el trasiego de droga en el Pacífico sur, según acusa el Ministerio Público en el legajo del Caso Altamar.
Como permisionaria, la empresa obtuvo 125 avales para retirar, en total, 2,7 millones de litros de diésel libre de impuestos. Con esta cantidad de hidrocarburo, por ejemplo, se podrían llenar unos 59.464 tanques de vehículos con capacidad para 45 litros.
Por ese volumen de combustible, un consumidor sin el beneficio estatal habría tenido que pagar ¢1.267 millones, pero esta empresa desembolsó ¢652,9 millones. Es decir, se ahorró casi un 48,5% del costo que habría tenido que asumir sin la exoneración.
Presuntos hechos
De acuerdo con la Fiscalía, Vargas Torres habría participado en la coordinación y negociación de alijos de droga.
En apariencia, se encargó de suministrar bienes muebles e inmuebles a la organización criminal para la ejecución de actividades de narcotráfico.
Los hechos habrían ocurrido entre enero del 2021 y la fecha en la que se reportaron las detenciones de los miembros del grupo, el 31 de enero del 2023.
El Ministerio Público acusa a Vargas Torres de haber utilizado la sociedad Naviera Ximaval del Pacífico S.A., para supuestamente mezclar fondos ilícitos provenientes de la narcoactividad con fondos lícitos mediante actividades comerciales y, de esa forma, insertarlos en el sistema económico nacional.
El legajo vincula a este sujeto con esta sociedad anónima porque, entre abril del 2011 y julio del 2021, Vargas habría sido nombrado presidente de la junta directiva.
Aunque ese nombramiento fue revocado, el 19 de julio del 2021 Vargas fue designado como secretario y su pareja sentimental, una mujer de apellido Herrera, como presidenta. Ella mantiene ese puesto.
Por el Caso Altamar, 15 personas están en juicio en la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO), en los Tribunales de San José. El debate se inició en abril. Está previsto que se extienda hasta diciembre.
Cuatro embarcaciones beneficiadas
Con base en un informe policial del 2022 en el que se analizaron secuencias de comunicaciones telefónicas, el ente acusador señala que las embarcaciones propiedad de Naviera Ximaval, Freyman Manuel y El Rey, habrían sido utilizadas para recibir un supuesto cargamento de droga en altamar.
En conjunto, estos navíos obtuvieron 1.694.466 litros de combustible en 81 avales, lo que representa el 63,33% del combustible obtenido por las cuatro embarcaciones.
El Rey comenzó a tener los permisos de Incopesca a mediados de diciembre del 2015 y continuó recibiendo hidrocarburos de forma ininterrumpida hasta 2019.
A partir de entonces, dejó de recibir el beneficio, pero los permisos se retomaron en febrero del 2024 y continuaron durante el 2025. Además, registra dos retiros en 2026, el más reciente en febrero.
En el caso del barco Freyman Manuel, obtuvo el beneficio también con Naviera Ximaval como permisionaria entre 2015 y 2017.
Según el análisis de las comunicaciones incorporadas al expediente, estos dos buques habrían aparentado realizar labores de pesca mientras se desplazaban mar adentro, donde esperaban recibir el alijo, de acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público.
Una vez en tierra firme, la supuesta droga habría sido trasladada hacia la propiedad de Vargas Torres en el Cocal, Puntarenas, y posteriormente hacia San Pablo de Heredia, donde al parecer en un tumbonazo, otra banda criminal la robó.
Las otras dos lanchas vinculadas con esta sociedad que recibieron hidrocarburo exonerado fueron Nautilius 2 y Don Gringo. En el expediente no aparecen mencionadas como parte de las embarcaciones utilizadas por el grupo para movilizar alijos de droga.
Polémico beneficio
Este beneficio para la flota pesquera se aprobó en la década de los 90.
El subsidio entró en vigencia con una intención altruista para incentivar la industria pesquera, aunque en la práctica ha sido aprovechado por personas sospechosas de trasiego de drogas, robo de combustible y pesca ilegal.
En abril del 2025, La Nación informó de que, en los últimos diez años, 159 embarcaciones de pescadores que recibieron el subsidio fueron detenidas por los delitos mencionados.
Este medio también dio a conocer el caso particular de los empresarios pesqueros Víctor Hugo Cruz Mata y Denis Hernández Mata, detenidos en el marco del Caso Ballena, como sospechosos de integrar una organización dedicada al narcotráfico y lavado de dinero.
Entre abril del 2015 y junio del 2024, ambos recibieron ¢1.185 millones en exoneraciones, lo que se traduce en 4,8 millones de litros de ese combustible exonerado de impuestos, a través de 11 embarcaciones suyas.
Además, se informó de que el ahora extraditado Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, quien fue catalogado por Estados Unidos como uno de los más violentos traficantes de droga de Costa Rica, obtuvo subsidios por ¢521,4 millones.
Entre otros, también obtuvo beneficios Jordie Picado Grijalba, alias Noni, el quinto costarricense extraditable requerido en Estados Unidos por tráfico internacional de drogas.
Noni recibió subsidios estatales por ¢10,5 millones gracias a la licencia de pesca comercial del barco Mibri II.
