EscucharSi bien las pérdidas económicas por robo de combustible no han aumentado drásticamente en los últimos años, la Refinadora Costarricense de Petróleo reconoce que cada vez detectan a más personas involucradas en este ilegal negocio. Esto vuelca la mirada al riesgo de que ocurra una explosión o un hecho catastrófico que no solo cobre la vida de los ladrones, sino también de víctimas inocentes.
En la mente de las autoridades está la tragedia ocurrida el 18 de enero del 2019, en la ciudad de Tlahuelilpan, en Hidalgo, México, en la que murieron 137 personas luego de una explosión provocada por la perforación ilegal de un oleoducto.
Juan Manuel Quesada, presidente ejecutivo de la Refinería Costarricense de Petróleo (Recope), sostiene que las acciones para combatir el delito pretenden contrarrestar las pérdidas para el Estado, el daño ambiental y, fundamentalmente, el riesgo para la vida.
– ¿Cuán cerca estamos de vivir una experiencia como la de México?
– Parte de la concientización que nosotros estamos tratando de poner en la gente es precisamente evitar eso.
– ¿Eso es posible, puede pasar?
– Aquí puede ocurrir. Lo tenemos de una forma, podemos decir administrada, porque nosotros hemos venido trabajando con nuestros equipos para intervenir lo más pronto posible una toma ilegal que tenga derrames, pero por dicha no se da por horas, como sucedió en México. Pero podría pasar que no podamos identificar dónde está la toma de una forma precisa y que haya un derrame y pueda haber afectaciones.
“Estamos precisamente evitando que nos ocurra lo que sucedió en el 2019 en México, donde la gente fue y empezó con sus pichingas a llenarlas con el combustible que se estaba derramando y dos horas después murieron más de 100 personas. Entonces, se está poniendo en peligro la vida de muchísimas personas alrededor de donde se da la toma ilegal. También se está poniendo en peligro personas en las vías públicas, porque los que transportan pueden tener un accidente.
“También se ponen en peligro comunidades enteras en los lugares donde se almacena el combustible. Por lo general estas pichingas y las tanquetas están escondidas en un garaje, están escondidas en un lote, y si hubiera un incendio o algo así pues prácticamente pasa lo que pasó ahora recientemente en Limón, donde era un lugar que aparentemente se estaba trasegando combustible robado, hubo una mala manipulación y hubo consecuencias gravísimas, económicas e incluso para las personas”. (El 13 de setiembre un derrame de un cisterna con combustible robado quemó una propiedad y siete vehículos).
– ¿Han notado alguna complicidad de parte de las comunidades alrededor de estas tomas ilegales?
– Hablaba de dónde se almacena como una gran categoría de riesgo en la que estamos exponiendo a la ciudadanía y es lo que realmente nos ha movido a tener que abordar este tema con esta campaña tan fuerte que hemos hecho contra el robo. Nosotros hemos venido fortaleciendo nuestra tecnología y nuestros equipos técnicos para poder abordar esta situación de forma inmediata.
“Parte de las acciones han sido llevar a cabo actividades con la comunidad para concientizarlos del riesgo que están asumiendo, porque tal vez muchos saben que ahí venden diesel, ahí venden gasolina, pero esos no son lugares autorizados por la ley para vender. Es obvio que son ilegales y que el origen de ese producto tiene que ser robado.
“Incluso, hay vecinos que consumen ese tipo de combustible. Entonces parte de las acciones es juntarnos con los líderes comunales y hacerlos ver que hacerse de la vista gorda de esos temas no es un tema que les convenga a ellos y por eso también hemos venido propiciando la denuncia en esta línea gratuita que hemos puesto a disposición, que es 1002”.
– ¿Hay gasolineras involucradas?
– Parte de esa estructura criminal que existe, que son los compradores y los que lo usan, no descartamos de que estén involucradas también estaciones de servicio.
– ¿Qué otros riesgos le preocupan?
– (Este delito) tiene afectaciones para el medio ambiente, porque por lo general la intervención del poliducto, si no se hace adecuadamente, genera derrames y eso contamina el suelo, contamina el subsuelo y las aguas que están por debajo del subsuelo.
“La afectación que más nos preocupa es el tema de la seguridad de las personas, personas que se dedican a hacer esto, a hacer el túnel, las personas que se dedican a perforar el poliducto asumen riesgos para su vida.
“Ya tenemos algunos que se han muerto, otros que están quemados, porque es una actividad muy delicada, muy peligrosa. Pero también afecta la seguridad de las comunidades que están alrededor de donde se lleva a cabo la intervención del poliducto, la toma ilegal, precisamente por los derrames. Todo ese combustible que puede ser queda acumulado, es prácticamente una bomba de tiempo, que fue lo que ocurrió en México”.
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