Seguridad

Proceso disciplinario definirá quién pagará pérdida de lancha Guardacostas de $240.000

Embarcación se perdió durante operación en el Pacífico norte. INS declinó pagar la póliza por incumplimientos en las condiciones del seguro

Un proceso disciplinario contra tres funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) definirá quién pagará la pérdida de una lancha del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) valorada en unos $240.000 (¢166,5 millones al tipo de cambio actual), luego de un hecho ocurrido durante una operación el 23 de marzo del 2019, en aguas del Pacífico norte.

Un órgano director nombrado por el entonces ministro de Seguridad, Michael Soto, lleva el proceso contra Carlos Alvarado Valverde, asesor legal del SNG que estaba presente en dicha operación; Milton Alvarado Navarro, director interino del SNG en ese momento y actual director regional en Alajuela de la Fuerza Pública; y el capitán de la embarcación, de apellidos Mora Badilla.

Según relatos de lo sucedido, la lancha iba sin tripulación, remolcada por otra más grande, en la que iban alrededor de 16 personas. El mal tiempo generó olas de gran magnitud, lo que provocó que el cabo de remolque se soltara. Con equipo de natación, uno de los tripulantes recuperó el cabo, pero este se volvió a soltar y la lancha se perdió de vista.

El 6 de junio del 2019, el Instituto Nacional de Seguros (INS) denegó la solicitud de indemnización realizada por el Departamento Administrativo del SNG, debido a que la lancha no debía ir remolcada según las condiciones del seguro, a menos de que se tratara de una emergencia.

Además, tres motores, con costo aproximado de ¢12 millones cada uno, fueron cambiados sin notificar al INS, lo que impidió acceder a la póliza porque ya no eran los mismos motores que había inspeccionado la aseguradora estatal.

En un oficio enviado a Milton Pérez, jefe administrativo del SNG, el INS citó el artículo del contrato de seguros que indica que “el Instituto no se hará responsable en ningún caso por pérdidas o daños originados al bote salvavidas cuando se utilicen para labores o actividades no vinculadas con la atención de una emergencia real de la embarcación asegurada”.

Martín Arias, director general del SNG, explicó a La Nación que la pérdida del barco y de la indemnización llevó a una investigación interna para señalar a los culpables. A partir de allí, se formó el órgano director que determinará las sanciones correspondientes. Este medio consultó al Ministerio de Seguridad la fecha en que se conformó dicho órgano; sin embargo, al cierre de edición no hubo respuesta.

Arias estuvo ausente como director entre el 1.° de julio del 2018 y el 1.° de julio del 2019, periodo en que lo sustituyó Milton Alvarado. El jerarca de Guardacostas afirmó que Milton Alvarado no lo alertó de que esto había sucedido en su reporte de labores una vez acabó su interinato.

Arias señaló a Carlos Alvarado porque, en su figura de jefe de misión, no buscó lo suficiente la lancha, la cual fue reportada como hundida aunque, según el comisario, el material del que está hecha (fibra de vidrio) impide que esta se hunda.

El director dijo que, en un monitoreo posterior en la zona, encontraron que dos asientos, de $10.000 cada uno, estaban siendo usados por pescadores que se encontraron la lancha a la deriva. Meses después, decomisaron los tres motores de la embarcación a un bote atunero.

El director del SNG afirmó desconocer de qué se trataba la operación en la que se perdió la nave, ni por qué el asesor legal se encontraba allí.

“Cuando se fueron a la misión, no sé qué iba a hacer ni he preguntado porque no me interesa, porque no fue en mi tiempo. Yo estuve un año afuera, la embarcación se pierde, no la buscan lo suficiente. Me imagino que ellos asumieron que la embarcación se había hundido, craso error”, declaró.

Según Arias, esto se trató de “una serie de negligencias, una serie de incumplimientos en la normativa”, y reprochó a Carlos Alvarado y a Milton Alvarado por no informar lo que había sucedido.

El director detalló que el procedimiento correcto era informar al Centro de Operaciones del Ministerio de Seguridad, y luego pedir ayuda para ubicar el navío a un avión estadounidense que se encontrara patrullando la zona.

“Ellos creyeron que podían quedarse callados de que una embarcación de $240.000 se podía perder y nadie se iba a enterar (...), es que se quedaron callados, como que si nadie se fuera a dar cuenta, y además aquí nadie se dio cuenta, funcionó hasta que yo llegué”, aseveró Arias, quien no detalló quién le avisó sobre lo sucedido.

Añadió que Carlos Alvarado “tenía que hacer, como corresponde, por ser el oficial de más alta graduación en la patrullera, un informe del accidente. No reportó nada (...), no se podía reclamar al INS porque no hay un informe”.

Milton Pérez, el jefe administrativo del SNG, había enviado, el 28 de marzo del 2019, un oficio al entonces director interino indicando que para dar de baja la lancha en los registros de bienes del Ministerio de Hacienda, se requiere por norma expresa los resultados de una investigación administrativa.

Posteriormente, el 24 de julio de ese año, Pérez consultó al Departamento de Asesoría Legal si dicho procedimiento administrativo ya había iniciado.

En la respuesta, firmada por Johnny Castillo y Manuel Arias, oficiales jurídicos del SNG, se indicó que “no se nos ha encargado, ordenado o remitido documento con respecto al hundimiento de la embarcación de guardacostas 38-19 (...). En nuestra base de oficios no aparece ningún documento del Departamento Legal referente a la situación presentada; sin embargo el Asesor Legal Lic. Carlos Alvarado, comentó de manera verbal haber realizado un informe como testigo con respecto al accidente”.

Por su parte, Carlos Alvarado defendió que su proceder se apegó a los reglamentos, que él no fue el culpable de que la lancha se perdiera y que sí realizó el informe correspondiente una vez sucedió el hecho. El asesor legal declaró a La Nación que los argumentos en su contra “son absolutamente falsos y maliciosos, no solo falsos, sino maliciosos”.

Alvarado aseguró que su presencia en la operación del 23 de marzo del 2019 era necesaria porque se trataba de una búsqueda de buques atuneros ilegales, ordenada por el entonces presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, en una reunión de la Comisión Presidencial Contra la Pesca Ilegal. Según el asesor legal, en esta reunión estaba presente Michael Soto.

Este medio consultó a Soto si recibió dicha orden del exmandatario, no obstante, dijo que no se referiría al caso por estar en investigación.

“Al haber una orden presidencial de tratar de localizar atuneros, es importantísimo tener asesoría legal inmediatamente ahí en el sitio”, dijo el asesor legal del SNG.

Alvarado relató que por el mal tiempo, la misión debió ser abortada. Cuando el buque se dirigía de vuelta hacia Playa Flamingo, el Patrullero 380 se soltó.

Alvarado aseveró que, contrario a lo indicado por Arias, el reporte del incidente “se hizo inmediatamente, le puedo decir que yo estaba todavía en el barco cuando iniciamos los reportes para don Milton Pérez, para que él presentara al INS estos datos”.

“Ni siquiera había llegado el buque a puerto y ya lo estaban haciendo, porque iba el asesor legal y el asesor legal podía ayudarle al capitán y al primer oficial a hacer el reporte formalmente”, agregó Alvarado, quien optó por no brindar una copia del reporte para no afectar el proceso en curso.

Añadió que, a pesar de que era el funcionario de cargo más alto en la operación, él no era el encargado de dar órdenes, sino el capitán, y apuntó que “jurídicamente no existe” la figura de jefe de misión (mencionada por Arias).

Asimismo, explicó que ninguna de las personas que estaban en la embarcación, ni siquiera el capitán, sabía que una lancha remolcada perdía el derecho a la indemnización, y afirmó que esta práctica era común entre guardacostas antes de este hecho. En este caso, la embarcación iba remolcada por si era necesario perseguir, con mayor velocidad, un bote sospechoso de cargar droga.

“Los administradores de las pólizas de seguros no sabían, después de 12 años, que los seguros que le habían puesto a los barcos no cubrían esos remolques”, indicó, al reprochar también la decisión de cambiar los motores de la lancha sin notificar al INS.

Según un oficio enviado por Milton Pérez a Arias, Alvarado recomendó no apelar la decisión del INS porque no contaban con argumentos de peso para refutar la declinación del pago de la póliza. Posteriormente, Arias pidió al INS reconsiderar la decisión inicial, no obstante, la solicitud fue rechazada.

¿Sabe quiénes cometieron los errores que llevaron a perder la indemnización? “Absolutamente”, afirmó Alvarado, pero aseguró que ellos “son intocables, irrompibles y si se rompen son reciclables. Yo puedo decirle quiénes son, lo que pasa es que yo todavía no voy a dar declaraciones completas de esto, porque tengo que seguir un proceso que maliciosamente se me puso”.

“Como yo he hecho denuncias ya me convertí en el tipo más tóxico del planeta, y por eso se están dando estas cosas, me duele muchísimo que esto pase porque lo que están tratando es de alguna manera de distraer la atención sobre bases falsas”, manifestó Alvarado, quien afirmó haber realizado denuncias ante la Contraloría General de la República, relacionadas con el manejo de seguros en el SNG.

Este proceso disciplinario se ha dilatado por casi tres años porque, según Arias, los involucrados han pedido incapacidades cuando les toca ir a audiencia.

Ante esto, Alvarado indicó que él se incapacitó una vez y al abogado de un encausado le dio covid-19, pero “el primer atraso y el más grande se dio porque don Martín Arias mandó al capitán a Colombia a la reparación de una embarcación, entonces no se podía hacer ninguna audiencia”. El proceso también se atrasó porque los encausados solicitaron una recusación del Órgano Director por aspectos técnicos, la cual fue denegada.

Este medio también pidió declaraciones a Milton Alvarado, sin embargo, él optó por no declarar mientras el expediente administrativo disciplinario se mantenga en etapa de indagaciones y audiencias.

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