Seguridad

Policías veteranos quedaron presos y con tobillera por presunto apoyo a red narco y de contrabando

Aunque el Ministerio de Seguridad invierte más de ¢7,5 millones en el curso básico de cada policía, algunos suelen aliarse con grupos delictivos.

Tres policías del Ministerio de Seguridad Pública, detenidos el pasado 7 de setiembre pasado por vínculos con una banda narco y de contrabando, quedaron con prisión preventiva, otros tres con arresto domiciliario (tobillera) y uno debe firmar cada 15 días en el Juzgado. Casi todos los detenidos tenían más de 10 años de laborar para la Fuerza Pública, lo mismo que un expolicía de apellidos Morales Carrillo, quien había renunciado cinco meses antes de su captura y ahora usa tobillera.

Para el Ministerio de Seguridad, situaciones como esa obligan a replantearse los esfuerzos contra la corrupción a lo interno de sus filas y aplicar filtros más estrictos en los procesos de reclutamiento y control de sus funcionarios policiales. La dirección de la Fuerza Pública también fortalecerá su Departamento de Inteligencia Policial (DIP), que mantiene una unidad de Asuntos Internos encargada de monitoreos y supervisiones de sus miembros.

La Academia Nacional de Policía del Ministerio indicó que el costo actual por estudiante de primer ingreso del Curso Básico Policial, que imparte este centro de formación en Pococí, es de 7.596.476,91. A eso hay que sumarle capacitaciones posteriores, máxime en casos como este donde casi todos tenían más de diez años en la Policía y uno de ellos era jefe, lo que implica una formación mucho más amplia.

Esa inversión da al traste en casos como estos, donde a todos se les relaciona con supuestos apoyos a una banda que trasegaba contrabandos, así como cocaína desde la zona sur del país hasta varios puntos del Valle Central. Para desarticularlos, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó allanamientos en Río Claro de Golfito, Ciudad Neily y Osa de Puntarenas; Pérez Zeledón de San José; Santa Cruz de Guanacaste y Limón, lugares donde la red tenía contactos para sus operaciones.

Los policías, al parecer, brindaban vigilancia a los transportes de mercadería ilegal, usando para ello bienes facilitados por el Estado tales como radiopatrullas, oficiales en su tiempo de servicio, radios de comunicación, armas y otros implementos, dijo el día de la captura Walter Espinoza, director del OIJ.

El Ministerio de Seguridad informó de que mantiene una comunicación constante y un trabajo coordinado con el Poder Judicial para detectar y abordar posibles casos corrupción como el que se investiga. Mientras avanza la pesquisa por parte de la Fiscalía, el Departamento Disciplinario Legal del Ministerio de Seguridad, determinará si abre un proceso interno para la investigación correspondiente en torno a los diez funcionarios involucrados con los hechos delictivos.

Aunque la Fiscalía Adjunta de Corredores había solicitado prisión preventiva en contra de los 17 sospechosos de formar la red, incluidos los policías, el Juzgado Penal solo ordenó esa medida en contra de tres policías de apellidos Morales Morales (quien era jefe de la Fuerza Pública en Osa), Padilla Muñoz y Sánchez Barrios. A otros tres oficiales de apellidos Campos Altamirano, Gutiérrez Calero y Campos Cabezas, se les dictó arresto domiciliario con tobillera, tres policías quedaron libres, pero ligados al proceso y otro más debe firmar cada 15 días. El expolicía Morales Carrillo, alias Chucky, deberá portar tobillera.

El Juzgado Penal de Corredores también dejó libres a los dos cabecillas de la banda, de apellidos Trejos Chacón y Chan Carvajal, a quienes solamente les obliga a firmar cada quince días y no perturbar ni intimidar a testigos. Igual medida se dictó contra otros cuatro detenidos apellidados Pérez Anchía, Ríos Miranda, Valencia Guevara y Carmona Calero.

A todos ellos el OIJ los relaciona con varios contrabandos, asaltos a locales comerciales de la zona fronteriza con Panamá y con un cargamento de 885 kilos de cocaína, decomisados en el 2020 en playa Piñuela de Osa. A esa banda también se le decomisaron 4.703 unidades de cerveza, 736 botellas de licor y 60.000 unidades de pólvora, entre otras cosas.

La Fiscalía apeló la resolución del Juzgado Penal, con respecto a las personas a las que dejó libres, por lo que se está a la espera de que el Tribunal Penal programe una nueva fecha de audiencia para reiterar su posición sobre la urgencia de que más personas queden tras las rejas, debido a los riesgos procesales existentes, máxime al haber quedado libres los líderes.

Hugo Solano C.

Hugo Solano C.

Periodista en la sección de Sucesos y Judiciales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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