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Las corridas de toros clandestinas, conocidas popularmente como “probaderas”, provocan lesiones y muertes por las que nadie responde en el ámbito penal y civil (indemnización).
A pesar de que esto es bien conocido por las autoridades y los propios participantes de los eventos, la situación continúa con completa impunidad, como si se tratara de una simple tradición.
Justo Pastor López Camacho, de 66 años, era vecino del barrio Las Marías, en el pequeño y fronterizo distrito de Santa Cecilia, en La Cruz de Guanacaste.
El pasado 2 de abril, en la comunidad de Los Ángeles de Caoba, este adulto mayor murió luego de intentar ayudar a su hijo, quien estaba montando un toro, pero cayó a la arena y quedó acorralado por el animal.
López Camacho trató de distraer a la bestia moviendo una camiseta blanca, pero el toro lo corneó provocándole una grave herida en el abdomen que expuso sus órganos.
Dicha perforación visceral, ocurrida en medio redondel, requirió que el hombre fuera trasladado de inmediato al Hospital Enrique Baltodano, en Liberia, donde falleció horas después.
Según el sitio web oficial del Registro Civil, este señor era padre de 11 hijos y llevaba 47 años de matrimonio con su esposa Auristela del Socorro Corea Morales, de 64 años.
Apenas dos días después de que sucediera esta tragedia, el joven Javier Francisco Lara Fonseca, de 28 años, también pereció cuando un toro lo embistió y le ocasionó heridas de consideración, durante otra probadera en Bolsón de Santa Cruz.
Los dos percances ocurrieron en fincas privadas en zonas alejadas de Guanacaste y con la complicidad de los vecinos que asistieron a las corridas. Además, nadie se responsabilizó por las muertes.
Responsabilidad de organizadores
El alcalde de Santa Cruz, Jorge Arturo Alfaro, dijo a La Nación que la persona que debe responder por los heridos y fallecidos en estos eventos, es el organizador de la actividad o el dueño de la finca donde se realiza.
También alega que intervenir estas actividades ilícitas es “complicado”, porque los recursos policiales y municipales en la región son insuficientes.
“Lo más que se puede identificar es el lugar donde se hace el evento, tomarle fotos por fuera, pero ya ingresar a esa propiedad privada no se puede, quizá solo con la orden de un juez.
“Estas actividades se arman de la noche a la mañana y a veces se manejan por grupos de WhatsApp. Al final, los últimos en darse cuenta son la policía y la municipalidad”, agregó el alcalde.
Otra preocupación del jerarca es que en estas corridas no hay seguridad de que se cumplan las medidas sanitarias para prevenir contagios de covid-19.
Además, este tipo de eventos aún están prohibidos debido a las restricciones por la pandemia, lo que impulsa a que se realicen de manera clandestina.
Ese es el pensamiento de Marcos Obregón, de la Asociación Costarricense de Espectáculos Taurinos (ACET), quien reclama que se trata de “una competencia desleal y una irresponsabilidad”.
“La verdad es un riesgo muy grande. Los organizadores no pagan pólizas ni nada. Si un montador queda inválido o con algún problema, nadie le paga eso, nadie responde.
“Además, ahí se venden comidas, se cobran entradas y se hace plata, pero sin tener ningún tipo de permiso, ni pagar impuestos”, afirmó el vocero de ACET.
Obregón comenta que estos eventos ilegales se organizan de manera muy sencilla, ya que el organizador solo tiene que conseguir a los montadores y ganaderos; el público llega de forma automática.
También dice que, al inicio de la emergencia sanitaria, estas actividades se hacían con más cautela, pero que ahora se anuncian con total tranquilidad.
Tradición negligente
El abogado penalista Boris Molina explicó a La Nación que, en este tipo de casos, tienen responsabilidad civil el ganadero que suministra los toros, el finquero que presta el redondel y la persona que organiza el evento.
“Si murió alguna persona, es homicidio culposo. En este caso, en la parte de la responsabilidad penal, el homicidio lo estaría cometiendo la persona que organizó la actividad”, aseguró el licenciado.
Molina subraya que la situación del señor López Camacho es particular, ya que él ingresó al redondel para salvaguardar la vida de su hijo y no para participar de la corrida de toros clandestina.
“Ahí no hay culpa de la víctima. Tienen que indemnizar a la familia de ese señor. El organizador se podría enfrentar a una pena de hasta ocho años de cárcel, según el artículo 117 del Código Penal”, dijo el abogado.
El Ministerio Público confirmó que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) abrió dos investigaciones por los hechos ocurridos en La Cruz y Santa Cruz de Guanacaste.
Además, ante una consulta de este medio, el Ministerio de Salud indicó que el área rectora de Salud de La Cruz logró identificar al propietario del redondel en donde falleció López Camacho.
“Ya se le hizo el informe sanitario para el cobro de la multa, se clausuró el lugar y la persona fue notificada el pasado 15 de abril.
“Con respecto al caso de Santa Cruz, ya se identificó la finca y el propietario, pero aún está pendiente la notificación”, agregó la cartera.
Por su parte, el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) también comenzó investigaciones por los casos, ya que muy posiblemente no hubo un trato adecuado hacia los toros que se utilizaron en las montas.
“Está dándose un abuso por parte de los propietarios de la utilización de instalaciones que tienen aprobadas para otros fines especialmente ganaderos, no para este tipo de actividades (corridas)”, señaló Senasa.
Dinero peligroso
Autoridades y vecinos de Guanacaste confirman que las montas clandestinas también funcionan para que los toreros ganen dinero para subsistencia y que las comunidades recojan fondos.
Empero, se trata de remuneraciones en las que se pone en juego la vida, ya que no hay ningún tipo de seguro de por medio. Además, los organizadores también lucran a costa de esto, a pesar de no hacerse responsables por los heridos.
Tras preguntas de La Nación, el Instituto Nacional de Seguros (INS) explicó que estas corridas no son catalogadas como una “actividad laboral”, dado que no existe relación de empleo entre el organizador y el torero.
Por ese motivo, las lesiones que se generen con motivo de los eventos en estos redondeles clandestinos no pueden ser cubiertas por el Seguro de Riesgos del Trabajo.
El único seguro que ofrece el INS para amparar estas lesiones o muertes es la póliza básica de accidentes. Para las personas que asisten al evento, el seguro que se debe suscribir es el de responsabilidad civil.
Sin embargo, esas figuras de indemnización solo aplican cuando la actividad se realiza con los permisos respectivos, aspecto que no sucede en estas corridas ilícitas.
