Para lograr bloquear la señal celular en las cárceles aún faltan, en teoría, varios meses.

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Por eso, mientras ese proyecto avanza, las operadoras telefónicas unieron esfuerzos para inhabilitar las líneas telefónicas que son usadas desde los centros penales, en su mayoría, para estafar a terceros.

Edwin Estrada, viceministro de Telecomunicaciones, confirmó que este plan se puso en práctica desde setiembre, aproximadamente, y es una estrategia interinstitucional entre las operadoras, el Ministerio Público, la Policía Judicial, el Ministerio de Justicia y la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).

Lo positivo, acotó Estrada, es que dicha iniciativa ha dado buenos resultados, ya que las estafas “han caído y lo seguirán haciendo”.

Según los datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en mayo recibieron 228 denuncias por estos delitos; en junio, 183; en julio, 234; y, en agosto, 186.

No obstante, para setiembre y octubre (meses en los que ya está en práctica la inhabilitación), esas cifras cayeron a 98 y 85 denuncias, respectivamente, comunicó la Policía Judicial, la cual siempre ha sido enfática al decir que la mayoría de estos delitos son cometidos desde los centros penales.

El viceministro Estrada indicó que, por motivos de seguridad, no se puede ahondar en detalles de cómo se realiza la inhabilitación, ni qué parámetros usan las operadoras para conocer que la llamada proviene del sistema penitenciario.

Pero sí aseguró que se trata de un “reto continuo” para todos los involucrados.

“La tecnología es algo que evoluciona rápidamente (...) Y tenemos que estar atentos al cambio en el modo de operar de los delincuentes”, señaló Estrada.

Por su parte, la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) aseguró que este mecanismo se propuso desde hace meses.

“Los operadores móviles desde antes incluso de la promulgación de la Ley (de bloqueo celular, 2018) habían ofrecido a las autoridades la posibilidad de generar soluciones para minimizar la incidencia de comunicaciones desde los centros penitenciarios.

"En esa línea, una de estas alternativas tecnológicas se había venido ejecutando desde hace varios meses y se reforzó en las últimas semanas, con la coordinación de autoridades involucradas en la gestión de las estafas telefónicas”, precisó Ana Lucía Ramírez, directora ejecutiva de esa Cámara.

En ese sentido, Rodney Jiménez, asesor en temas de seguridad bancaria de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), recalcó días, atrás la “voluntad” de las operadoras en ayudar en este tema.

“Se han establecido mesas de trabajo y fue ahí donde se dio la idea de tener sistemas de control para determinar cuándo una llamada se produce desde una prisión para inhabilitarla. (...) Es algo que nosotros no podríamos hacer sin la ayuda de las operadoras”, resaltó.

Acción policial también importa

Además de todos los esfuerzos a nivel de tecnología que se puedan hacer, los actores reconocen que el trabajo de la Policía Penitenciaria también ha sido de mucha relevancia, ya que intentan evitar no solo el ingreso de los aparatos, sino que decomisan los celulares que burlan el control.

El Ministerio Público indicó que ahora los operativos de esa Policía en las celdas son más minuciosos y eso ha permitido el hallazgo de una gran cantidad de celulares, chips telefónicos, tarjetas de memoria y otro tipo de accesorios telefónicos.

Según datos brindados por Justicia, en todo el 2018, las autoridades incautaron 2.946 aparatos en todo el sistema penitenciario.

Para agosto de este año, ese ministerio contabilizó 1.999 móviles decomisados. Se prevé que se termine el 2019 con una cantidad un poco mayor a la del periodo pasado.

Miguel Ramírez López, fiscal adjunto de Fraudes, afirmó que las estadísticas evidencian “el trabajo conjunto entre diferentes instituciones que tienen un mismo fin”, lo cual, agregó, “propicia una mejor labor de inteligencia en la detección de delitos informáticos y en el análisis de esta criminalidad”.

¿Y el bloqueo de señal?

La ley para bloquear la señal celular en las cárceles fue aprobada en el 2018, pero no será hasta abril del 2020 que se pueda, quizás, poner en práctica.

¿Por qué? La nueva legislación señala que, una vez publicado su reglamento, las empresas tienen nueve meses para aplicar los bloqueos y, según la última información brindada por Justicia, dicho reglamento se iba a publicar en julio pasado.

En su creación participaron los ministerios de Justicia, Seguridad y Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), junto a representantes de las operadoras y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

Sin embargo, este plazo es “poco realista” para las operadoras ya que la labor de encontrar la tecnología que se usará en este proyecto no es sencilla.