Seguridad

Ministro de Seguridad atribuye mala condición de patrullas a regla fiscal

Jerarca y sindicatos coinciden en el Ministerio de Seguridad debería quedar excluido de la regla que limita el gasto

El mal estado de las patrullas de Fuerza Pública, denunciado en los últimos días por grupos sindicales, son atribuidas a la aplicación de la regla fiscal, afirmó el ministro de Seguridad Pública, Michael Soto. El jerarca remarcó que este mecanismo, sumado al alto precio del combustible y la subida del dólar, han afectado las condiciones en las que trabajan los diferentes cuerpos policiales.

“Yo ya lo he dicho públicamente, el principal desafío del nuevo ministro (quien asumirá el 8 de mayo) no es el narcotráfico, no es el crimen organizado, no es la criminalidad ordinaria, que ciertamente van a ser desafíos. Pero su principal desafío va a ser el tema económico, el tema de la regla fiscal para este ministerio, y para todos los ministerios, ha sido muy difícil”, declaró Soto a La Nación.

La regla fiscal, un instrumento incluido en la reforma fiscal del 2018, impone límites al gasto público dependiendo de los niveles de endeudamiento del país. “Este plan fiscal ciertamente era necesario, pero hay que hacerle algunos ajustes”, afirmó Soto.

Según el ministro, esta medida dificulta la compra de repuestos para vehículos, armas, uniformes policiales, comida para los policías, entre otros artículos necesarios para la labor policial. El presupuesto del Ministerio se ajusta aún más por el aumento del dólar, pues el equipamiento es comprado en colones, pero con precios que varían según el costo del dólar.

“Si yo quiero comprar armas, y un arma me cuesta $1.200 hoy, en colones digamos que sean ¢800.000, pero mañana son ¢850.000, y usted presupuestó equis cantidad en el margen que le dan, y usted no puede prever eso”, detalló el jerarca.

Estas limitaciones, especialmente el estado de los vehículos, fueron objeto de críticas por parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y el Sindicato Independiente de trabajadores Estatales Costarricenses (Siteco), luego de que Michael López Cruz, un oficial de Fuerza Pública, murió en un accidente el pasado 18 de abril en Bananito de Limón, durante el ejercicio de sus funciones.

Aparentemente, el pick-up en que se trasladaba López tuvo un fallo en un neumático, se salió de la vía y se volcó. Junto a él viajaban otros cuatro policías, quienes no sufrieron heridas de gravedad.

La ANEP divulgó una bitácora escrita dos días antes del accidente por el oficial Arnulfo Barahona, la cual indicaba que las llantas de la unidad 4091 estaban en “pésimo estado”. Además, el auto ya requería un cambio de aceite y tenía problemas en la rótula de dirección.

“Tenemos en estos momentos cientos de policías que no reciben salario, tenemos el problema con patrullas en mal estado”, manifestó el miércoles anterior Mainor Anchía Angulo, presidente de la seccional ANEP-Fuerza Pública, en conferencia de prensa.

“Hace pocos días los medios de comunicación le dieron una gran cobertura a lo que sucedió en Limón, donde un compañero lamentablemente perdió la vida al momento que se transportaba en una patrulla con llantas que ya eran inservibles, el alambre era visible, que por ninguna razón tenía que estar funcionando, pero estaba en servicio, como están muchas otras en todo el país”, agregó el sindicalista.

Anchía también denunció que empeoró la alimentación de los policías en las delegaciones, quienes deben comer allí porque viajan largas distancias para llegar a su zona de trabajo, por lo que no pueden trasladarse diariamente desde sus casas ni cargar su comida con ellos.

Ante esto, Soto señaló que la regla fiscal también restringió el presupuesto del Consejo Nacional de Producción (CNP), entidad que le vende comida a las delegaciones policiales, y mencionó que en la Asamblea Legislativa ya se tramita un proyecto de ley para liberar al CNP de esta regla.

Asimismo, el jerarca recalcó que eventualmente el Ministerio de Seguridad debería salirse también de la regla, por tratarse de una institución a cargo de un área sensible como la seguridad del país, tal y como ocurrió con el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), entidad que quedará excluida luego de que los diputados aprobaron su exención en segundo debate este jueves, pues la regla fiscal frenaba inversión en proyectos para luchar contra el narcotráfico.

Los sindicatos coinciden con Soto en que la regla fiscal no debe aplicarse a Seguridad Pública; sin embargo, criticaron al ministro por no exponer estas preocupaciones en el 2018, cuando la reforma fiscal estaba en proceso de aprobación.

“Ahora ellos aducen que el problema del presupuesto, por lo cual se está reduciendo la alimentación y el combustible, tiene que ver con la aplicación de la ley fiscal, pero cuando se estaba promulgando la ley fiscal, no dijeron nada”, manifestó Anchía.

“Nosotros sí, desde la seccional de la Fuerza Pública en ANEP, advertimos que a los policías, que al Ministerio de Seguridad Pública, no se le tenía que incluir en la ley fiscal. (...) Es muy fácil ahora decir que les afecta la aplicación de la ley fiscal. Cuando debieron advertirlo y unirse a nosotros más bien para solicitar a los legisladores que a los cuerpos policiales, por la naturaleza de sus funciones, no se les incluyera en esa ley, no hicieron nada”, señaló el líder sindical.

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