Seguridad

Ingenio para burlar prohibición en pesca de arrastre sorprende a Guardacostas

Embarcación llevaba una rastra que, por cada kilo de camarón, extrae otros 90 kilos de animales que se desechan en el mar. Dañina actividad está vetada desde el 2013 por sus nocivos efectos en el ambiente

Varios sacos con  354 kilos de camarones pescados de forma ilegal por el barco semiindustrial  Capitán Andito fueron decomisados. Foto; Cortesía MSP

Un barco con licencia para pescar dorado, marlin y otras especies mar adentro, fue intervenido por Guardacostas la semana pasada ya que pescaba ilegalmente camarones muy cerca de la costa puntarenense, de una forma similar a la de los viejos barcos camaroneros con redes de arrastre, que fueron erradicados mediante un fallo de la Sala Constitucional en el 2013, debido a la destrucción de la fauna marina que dejaban a su paso.

Según Martín Arias, director del Servicio Nacional de Guardacostas, acciones como la antes relatada dan al traste con los esfuerzos por la sostenibilidad del golfo de Nicoya, del que dependen cerca de 4.000 familias de pescadores artesanales, acuicultores y dueños de centros de acopio de Puntarenas y Guanacaste.

El barco interceptado llevaba a bordo artes de pesca prohibidos, conocidos como rastras, las cuales barren el lecho marino y por cada kilo de camarón obtenido, capturan incidentalmente cerca de 90 kilos de peces pequeños, moluscos, tortugas y otras especies que son desechadas al final de la faena.

Debido a la muerte de tantos peces, que ni siquiera habían alcanzado la talla comercial y menos aún su primera reproducción, fue que la Sala IV ordenó cancelar todas las licencias para pesca de camarón y varios barcos que se dedicaban a eso en Puntarenas quedaron en astilleros, pues sus redes, que aunque incluían dispositivos de exclusión, igual generaban unos ocho kilos de fauna de acompañamiento por cada uno de camarón.

Luego de varios intentos fallidos por recuperar ese sistema de pesca, algunos empresarios optaron por dedicarse al cultivo del camarón en aguas salobres, el cual sí está permitido y abastece a gran parte del mercado nacional, pero este mes los guardacostas descubrieron un nuevo método ilegal usado por otras personas que encendió las luces de alerta.

Como responsable se detuvo al encargado del barco Capitán Andito, con matrícula de Puntarenas, un hombre de apellidos Soto Peña, hijo de la dueña de la embarcación, quien quedó a la orden de la Fiscalía. A él lo acompañaban dos pescadores nicaragüenses de apellidos López Ruiz y Mercado Romero, los cuales no fueron llevados ante la justicia.

Según informó la Fiscalía de Flagrancia de Puntarenas la detención de Soto Peña, de 47 años, se tramita en la causa 22-000078-1109-PE, por el presunto delito de infracción a la Ley de Pesca y Acuicultura. “La audiencia inicial, que forma parte del procedimiento expedito de flagrancia, se programó para el próximo 21 de marzo, por esta razón, a la fecha no se han solicitado medidas cautelares contra el imputado”, indicaron.

Añaden que la embarcación y las artes de pesca se encuentran decomisadas como parte de la causa en investigación. Soto es oriundo de Liberia en Guanacaste y vecino de El Roble, Puntarenas.

A bordo de la lancha tenían varios sacos con 354 kilos de camarón, lo cuales les fueron decomisados y entregados al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), que junto con la Fiscalía procedió a subastarlos.

Esa entidad fue alertada por Guardacostas de lo ocurrido, para lo que procede en torno a la licencia de ese barco y el abastecimiento de combustible exonerado a futuro.

La rastra fue entregada por Guardacostas al Incopesca para proceder a su destrucción.  Se investiga si otros navíos usan esas artes de pesca que dañan los ecosistemas marinos. Foto: Cortesía MSP.

El director de Guardacostas, se mostró sorprendido de que algunos pescadores están utilizando redes de arrastre en embarcaciones de mediano tamaño, lo cual es inusual. De inmediato, se giraron alertas a todo el litoral, para revisar todos aquellos barcos semiindustriales cuyo arte de pesca autorizado son largas líneas de nylon llenas de anzuelos y boyas para la pesca de grandes peces (Long line).

Al barco Capitán Andito le modificaron ciertas partes para facilitar el uso redes ilegales que lanzaba al fondo marino, las cuales llevan unas tablas y unas pesas y van recogiendo en una malla muy fina y de manera indiscriminada, todas las especies, que mayoritariamente mueren durante el tiempo de arrastre.

Esa fauna, compuesta en su mayoría por peces juveniles, es devuelta sin vida al mar, acabando así con especies que servirían meses después a los pescadores artesanales, al alcanzar su tamaño comercial.

El barco Capitán Andito lanzaba la rastra por la parte trasera (popa) y hacía recorridos por más de 100 metros. “Es pesca de arrastre disfrazada. Nos sorprendió el ingenio y la manera como usaban esas redes. Es una práctica que no conocíamos en este tipo de barcos. Queremos pararla de inmediato, porque eso se puede multiplicar”, dijo Martín Arias.

Redes hechizas para burlar prohibición

Con adaptaciones, un barco realizaba faenas erradicadas por Sala IV

FUENTE: Marviva/ Incopesca    || INFOGRAFÍA / LN.

Los guardacostas de la estación de Caldera, fueron los que detectaron esa ilegal acción durante un patrullaje realizado el martes 8 de marzo a las 11:35 p. m. cuando vieron la citada embarcación a unas ocho millas náuticas de playa Guacalillo, en el distrito de Tárcoles, Garabito, Puntarenas.

Años atrás las rastras, pero en más pequeña escala, eran muy usadas por pangueros informales en varios puntos del golfo de Nicoya, principalmente en tiempos de veda, pero los patrullajes y las alertas por parte de muchos pescadores artesanales acabaron casi del todo con esa práctica.

Según Martín Arias, el capitán detenido es una persona reincidente, pues en otras ocasiones Guardacostas lo ha detenido por otras acciones de presunta pesca ilegal.

“A los pescadores sorprendidos en este tipo de pesca se les presentará ante el Ministerio Público, pues tenemos que proteger el ambiente. Si el día de mañana surgen estudios científicos que permitan la pesca de camarón sin afectar otras especies y se revierte la prohibición actual, serán bienvenidos (los barcos camaroneros), pero por ahora es un asunto de persecución penal y es una práctica que debemos combatir”, dijo el jefe policial.

Datos de la organización del Programa de Restauración Tortuga Marina (Pretoma), revelan que la flota camaronera descartaba entre 4.000 y 6.000 toneladas métricas cada año de especies “no objetivo” como peces, moluscos y tortugas. En contraposición, la Cámara Puntarenense de Pescadores, defendía la pesca de arrastre al afirmar que unas 13.000 familias dependían de esta actividad económica en Puntarenas y que mediante dispositivos colocados en las redes se liberaba la mayoría de fauna acompañante del camarón.

De acuerdo con lo resuelto por la Sala Constitucional el 7 de agosto del 2013, el Incopesca quedó inhabilitado para emitir nuevos permisos para la pesca de camarón mediante esa modalidad.

Lo anterior, debido a que amplios estudios científicos demostraban que la técnica provocaba serios daños al ambiente marino. Los magistrados de la Sala Constitucional dijeron que “incide negativamente en un desarrollo sostenible democrático, puesto que disminuye las posibilidades de pesca de los pescadores artesanales”.

Así las cosas, la Sala IV declaró con lugar una acción presentada contra varios artículos de la Ley de Pesca y Acuicultura (N.° 8436) en el 2013 y ordenó al Incopesca “no otorgar ningún permiso, autorización o licencia nuevos, ni renovar los vencidos, ni tampoco reactivar los inactivos para la pesca de camarón con redes de arrastre de fondo”.

Fue así como a lo largo de seis años la flota de 40 barcos se fue reduciendo hasta que el 18 de agosto del 2019 llegó a Puntarenas en barco Capitán Bonilla, último de los que se dedicaban a esa actividad, cuya licencia venció el día anterior de su arribo a puerto.

A todos esos barcos el Incopesca les otorgaba el beneficio de diésel exonerado de impuestos, tal y como lo hace en la actualidad con el resto de la flota pesquera nacional que se encuentre debidamente registrada. A esas embarcaciones cada litro de diésel les cuesta ¢444,80, es decir casi ¢280 menos que el precio de venta en una gasolinera (¢724). Para los pescadores artesanales, cuyos motores fuera de borda usan gasolina regular, cada litro cuesta en la actualidad ¢360 menos.

El 8 de enero del 2018 se revivió el viejo debate entre ambientalistas y pescadores, cuyo eco volvió a llegar a la Sala IV pues, a pesar de que ese alto tribunal había prohibido la pesca de arrastre en los mares costarricenses, la administración anterior decidió reactivarla en noviembre del 2017, luego de un acuerdo tomado por la Junta Directiva del Incopesca.

Dos meses después, el viernes 16 de marzo, la Sala Constitucional anuló ese acuerdo del Incopesca, pues los magistrados declararon con lugar dos recursos de amparo presentados en contra de esa directriz.

La Sala concluyó que las licencias de pesca de arrastre solamente se pueden otorgar mediante una ley, tal como se había fallado en agosto del 2013, cuando ese tribunal sentenció que la técnica ocasiona un grave daño al ambiente. Además de anular la directriz, los magistrados constitucionales advirtieron al Incopesca de que podría enfrentar a procesos legales si desacataban de nuevo el dictado de la Sala.

El asunto volvió a la palestra el 22 de octubre del 2020 cuando los diputados aprobaron la Ley para el Aprovechamiento Sostenible de la Pesca de Camarón en Costa Rica (N.° 21478), que legalizaba el uso de redes de arrastre para la pesca del camarón. Esa iniciativa se ratificó luego de polémicas discusiones y debates acalorados; sin embargo, el mandatario, Carlos Alvarado, anunció el 30 de octubre del 2020 el veto a la citada ley, por lo que prevaleció la tesis de conservar el recurso marino.

“El análisis que hemos realizado revela que no existen suficientes elementos científicos y estudios técnicos que respalden la sostenibilidad de la pesca de camarón con la técnica de arrastre. Al no ser categórica la evidencia, debemos proteger al ambiente y a las poblaciones que se verían más afectadas”, justificó el gobernante.

Edwin Salazar, jefe de Fiscalización de Incopesca, se refirió así al caso.

– La embarcación Capitán Andito se encuentra autorizada para pesca comercial artesanal de pequeña escala (de escama y crustáceos), puede pescar en la parte externa golfo de Nicoya.

– Toda embarcación que fuese sometida a un proceso penal, producto de la posibilidad de haber incurrido en una actividad de pesca ilegal, conlleva que su licencia de pesca comercial quede suspendida de manera inmediata, no teniendo posibilidad de realizar actividades de pesca, desembarques y trámites institucionales como combustible a precio preferencial.

– Soto Peña no se encuentra registrado como permisionario de licencia ni carnet de pesca, razón por la cual no ha sido investigado ni sancionado por esta entidad.

– No. Sin embargo, esta novedosa estrategia motiva a ampliar las acciones de control y fiscalización.

– Se realizan operativos de fiscalización en muelles de descarga de embarcaciones pesqueras, operativos conjuntos con Guardacostas y visitas a centros de acopio a fin de determinar posibles irregularidades.

La última exoneración por la embarcación Capitán Andito se realizó el 21 de enero del presente año, para una cantidad de 1.500 litros de diésel. Con base a su precio, se estima un costo total de ¢618.000

–Fue subastado por el Ministerio Público en conjunto con autoridades administrativas, por un monto total de ¢242.440. El dinero recaudado se deposita en una cuenta del Poder Judicial, a la espera de lo que en definitiva se resuelva por parte de la autoridad judicial.

– Las rastras provocan un grave impacto, debido a que por el tamaño reducido de la luz de malla capturan muchas especies que no han logrado alcanzar su estado de madurez sexual. La rastra provoca no solamente daños al ecosistema marino, sino a los mismos pescadores y a las futuras generaciones.

Hugo Solano C.

Hugo Solano C.

Periodista en la sección de Sucesos y Judiciales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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