La Fuerza Pública reforzó la vigilancia en sus delegaciones en la provincia de Limón luego de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) les alertara de que “una de las estructuras criminales” de la zona podría atacar las sedes del Caribe.
Por esta razón, el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) emitió la Alerta Policial Nº 653-2024, en la que se ordena que cada delegación cantonal y distrital deberá tener un oficial centinela por turno, para vigilar lo que ocurra en los alrededores de las estructuras. La disposición rige desde el pasado 5 de junio y hasta una fecha indefinida para las sedes en Limón, Matina, Talamanca, Siquirres, el Grupo de Apoyo Operacional (GAO), así como la Cabina de Radio Regional, agrega el documento, del cual La Nación tiene copia.

Cada oficial que se encuentre en esa vigilancia deberá permanecer en esa función hasta que su superior le indique. Además, en caso de ser necesario, los efectivos deberán reportar a la Cabina de Radio Regional “cualquier eventualidad en las inmediaciones de las delegaciones policiales”. Por último, en cada delegación del Caribe “deberán mantener puertas y portones cerrados y, para la atención de público, deberán solicitar la colaboración de la patrulla del lugar”.
En un video divulgado por el MSP, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, aseguró que “la Fuerza Pública siempre está lista” y que continuará haciendo su trabajo frente a la criminalidad.
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Ana Matarrita MacCalla, alcaldesa de Limón, confirmó que la policía municipal, que trabaja en asocio con la Fuerza Pública, está enterada de la alerta y por eso giró instrucciones para la protección del personal, “y para seguir y continuar salvaguardando la vida de nuestros habitantes y la paz de nuestro cantón”, explicó.

Durante los últimos años, las autoridades judiciales identificaron grupos criminales que aumentaron su poder y se diversificaron en el Caribe. No solo hay organizaciones dedicadas al narcotráfico, sino estructuras dedicadas exclusivamente al sicariato.
A inicios de este 2024, Randall Zúñiga, director del OIJ, informó de la existencia de un Escuadrón de la Muerte que obligó a los agentes a posicionarse durante un mes para revertir los asesinatos en esa provincia, perpetrados, en su mayoría, con armas de asalto AK-47. Para eso, se desplegó un equipo de los 50 mejores investigadores especializados en crimen organizado y la operación costó a la institución ¢80 millones.