EscucharEl aumento en la cantidad de homicidios que flagela al país tiene poca relación con las personas que reciben el beneficio de dejar las celdas para descontar sus penas en otros sistemas más abiertos, donde se les permite dormir unas noches en el sitio y luego salir a trabajar un día o dos, hasta que termine de descontar la pena.
Al revisar las estadísticas del trienio 2020-2022, el 6% de las personas que fueron autorizadas por el Instituto Nacional de Criminología (INC) para dejar las cárceles y pasar a otro sitio luego de cumplir cierto tiempo en ellas, fueron devueltas por perpetrar delitos contra la vida, que no necesariamente fueron asesinatos, pues también se contemplan tentativas de homicidio y todo tipo de lesiones.
En números absolutos, en ese periodo había 6.422 sentenciados que estaban descontando su pena con tobillera, en el régimen semiinstitucional o en fincas de trabajo conocidas como atención en comunidad. De ese total, 1.318 reincidieron al cometer otra falta (20%), pero apenas 81 (6%) se vieron involucrados en delitos contra la vida.
En los últimos tres años, los robos fueron los delitos por los que más de la mitad de los reos con beneficio retornaron a celdas, mientras que una cuarta parte lo hizo por drogas. Son muy pocos los que reinciden por delitos contra la vida.
El ministro de Seguridad, Jorge Torres, ha dicho en reiteradas ocasiones ante los diputados y la prensa que hace falta “mano dura”, al estimar que gran parte del problema de violencia actual es ocasionada por criminales que la Policía captura y que luego son liberados por los jueces o el INC. “Si una persona fue condenada a 15 años, pues va 15 años a la cárcel, así debería ser”, dijo el jerarca el mes pasado.
El jerarca omite que el propio ordenamiento dispone de diferentes beneficios carcelarios que se aplican bajo ciertos criterios técnicos, y permiten que buena parte de la población encarcelada puede descontar la pena o parte de ella en sistemas abiertos. Las revisiones para conceder estos cambios se realizan, por lo general, cuando la persona ya purgó al menos un tercio de la condena en prisión.
El 15 de marzo el presidente Rodrigo Chaves anunció un decreto para impedir que antes de cumplir la media pena un reo pueda pasar a sistemas abiertos, si ha sido sentenciado por homicidio, crimen organizado o algún delito de índole sexual.
No obstante, el propio ministro de Justicia, Gérald Campos, afirmó que aún sin el decreto, ya esa medida se aplica desde el año pasado, como parte de una meticulosa selección de las personas que movilizan al sistema semiinstitucional.
Campos afirmó que el mecanismo para movilizar privados de libertad a niveles abiertos o semiabiertos no es infalible, sin embargo, la gran mayoría de personas cumple su sentencia a cabalidad, por lo que descartó que la criminalidad haya crecido por eso.
Para depurar aún más a esa población, el ministro realiza gestiones con el fin de que cuando una persona que esté en régimen de confianza cometa un delito, el informe le llegue desde la respectiva fiscalía o del Ministerio de Seguridad en un plazo máximo de 24 horas y no varios meses después, como actualmente ocurre. La idea es tomar medidas inmediatas.
Visión desde el sistema judicial
Mario Rodríguez Arguedas, juez de Ejecución de la Pena de Alajuela, tampoco atribuye a ese cambio de régimen el aumento de la delincuencia. Afirma que hay una percepción errónea en gran parte de la población que confunde esas alternativas con la de muchos delincuentes que reinciden en las calles sin que se les haya dictado sentencia, o de personas que están a la espera de juicio y usan tobillera como medida cautelar.
A diferencia de ello, dijo que el traslado de privados de libertad que ordena el INC hacia centros semiabiertos tiene un éxito que ronda el 90%.
Para él, debería usarse todavía más esa movilidad con aquellas personas que cumplan los criterios técnicos para salir de celdas, de modo que el encierro permanente sea solo para quienes necesariamente deben estar en prisión.
Lo anterior, tomando en cuenta que en la actualidad los centros penitenciarios están abarrotados y que en esas condiciones surge una falta de equilibrio, de modo que quienes permanecen en celdas no reciben la atención técnica necesaria para salir mejor que como entraron.
Exleine Sánchez Torres, viceministro de Justicia, afirmó que más allá de la cantidad de reos reubicados, se le ha pedido al INC una valoración a conciencia de los casos que analizan. La idea es evitar errores que las presiones o intereses políticos y mediáticos puedan generar, afirmó.
En relación con la transparencia del sistema, Sánchez sostiene que el INC no se presta para revanchismos, sino que se trata de un órgano colegiado, el cual analiza procesos integrales. Expresó que en lo que a ellos compete, no conocen un solo caso de favoritismo en la valoración o de ensañamiento.
Lo mismo afirma el juez Rodríguez Arguedas, quien conoce que el sistema tiene varios filtros, primero la reunión del Consejo Interdisciplinario de cada centro penal, donde hay cinco profesionales que hacen la recomendación al Instituto. Luego la lista va al INC, donde un grupo de expertos toma la determinación de si le reubican o no.
“Yo tengo más de 20 años de trabajar como juez de Ejecución y nunca he recibido una denuncia concreta y absoluta. Tampoco que los privados de libertad nos den alguna queja sobre la transparencia y el accionar de ese ente”, sostuvo.
Un problema mayor
Para Exleine Sánchez, la violencia no es de ahora, sino que comenzó décadas atrás y comenzó a crecer en el 2015, cuando la tasa de homicidios llegó al 11% y la cifra de homicidios fue de 557. Y luego, con pocos altibajos, la cifra siguió creciendo hasta los 657 del año pasado y el incremento que se nota este año.
“Equivocadamente algunos creen que al construir más cárceles esto se va a remediar y no es así. Tampoco se corrige llenando las calles de policías”, dijo el funcionario.
Para el juez Mario Rodríguez hay que tener claro que el problema no está en la prisión, sino afuera. Las condiciones sociales hacen que la gente no se ajuste a la norma social.
El incremento de la criminalidad no se debe a la cantidad de privados de libertad que salgan, sino a desigualdades sociales que impiden que la violencia baje, dijo Rodríguez.
Gerald Campos afirmó que ya las organizaciones sociales del gobierno han tomado nota del asunto para trabajar en sitios conflictivos y potenciar la reinsersión, valores, familia, posibilidades de educación y de trabajo.
También dijo que el Ministerio requiere al menos 2.600 policías penitenciarios, para unirlos a los 4.000 que hay actualmente, pero que al trabajar por turnos, se reducen a la mitad, ya que operan las 24 horas. Además de la vigilancia, los oficiales deben realizar operativos, así como trasladar reos a juicios y a centros de salud, entre muchas otras funciones.
