EscucharEl presidente de la República, Rodrigo Chaves, figura como investigado en uno de los dos expedientes penales que conforman el caso “Pista Oscura”, en el que se indagan presuntas irregularidades en la contratación de la constructora MECO para la reparación de la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional Daniel Oduber, en Liberia de Guanacaste.
Según confirmó el fiscal general, Carlo Díaz, una de las causas incluye únicamente al mandatario porque tiene inmunidad y solo la Fiscalía General tiene competencia para tramitar la causa.
Fuentes judiciales sostienen que Chaves habría tenido un rol determinante en el proceso, porque firmó el decreto que permitió contratar a MECO mediante un contrato de emergencia, sin fiscalización de la Contraloría General de la República.
El presidente amplió la declaratoria de emergencia al aeropuerto en junio del 2023, casi un año después de la tormenta. Lo hizo a pesar de que diversos estudios técnicos negaron que el fenómeno hubiese afectado la pista. Por ejemplo, Silvia Jiménez, jefa de aeropuertos de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), presentó al Congreso un informe en el que descartó que el aeropuerto sufriera daños por el agua. Ni siquiera se reportó un incremento extraordinario de lluvia en el momento de la tormenta.
Por otra parte, en marzo del 2024, el propio Chaves achacó al entonces ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, la responsabilidad de propiciar un concurso a la medida para MECO que, a su vez, generó un sobreprecio de ¢1.000 millones en la reparación de la pista.
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Ahora, la Fiscalía sospecha que, en la ejecución del contrato, el siguiente ministro, Mauricio Batalla, intervino para aceptarle a la constructora MECO un recarpeteo superficial de la pista del aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia, en vez de la reconstrucción completa que se le había contratado.
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Presidente de MECO: Chaves ‘estuvo involucrado’
El 13 de marzo del 2024, José Alfredo Sánchez Zumbado, presidente de MECO, afirmó que el mandatario “estuvo involucrado” en todo el proceso de contratación.
Sánchez Zumbado, sin embargo, se mostró sorprendido por los señalamientos del presidente y aseguró que este conocía cada paso del proceso.
“El presidente estuvo involucrado personalmente en todo este proceso. Que ahora esto le parezca a él una barbaridad, deja muchas dudas y no tenemos ni la más remota idea a qué se debe, pero él conocía el proceso, estuvo involucrado, sabía que se había adjudicado, sabía de la firma y también de la orden de inicio”, declaró el empresario en entrevista con La Nación.
A diferencia del presidente, otras figuras y exfiguras del actual Gobierno enfrentan el proceso penal en un expediente separado. Entre ellas están los exministros de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla Otárola y Luis Amador Jiménez; el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado Eduarte; el director de Aviación Civil, Marcos Castillo Masís; el jefe de la Unidad de Fiscalización de Obras de la CNE, Henry Villalobos; y otras ocho personas más, cuyos nombres no han trascendido.
Este segundo expediente derivó en 22 allanamientos, realizados este martes 13 de mayo. En él se investigan tráfico de influencias, con penas de prisión de dos a cinco años, e influencia contra la Hacienda Pública, sancionada con penas de dos a ocho años de cárcel.
