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Este martes 7 de octubre el exmagistrado y exministro Celso Gamboa Sánchez conocerá la resolución sobre su extradición a Estados Unidos en el Tribunal Penal de San José, junto a Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, y Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro.
Si bien este es el primer proceso de extradición de nacionales en la historia de Costa Rica, luego de la reforma constitucional aprobada en mayo por la Asamblea Legislativa, los pasos a seguir ya los establece la Ley de Extradición, en vigencia desde 1971.
“Cuando una persona es requerida por extradición, pero está siendo juzgada o ha sido condenada por un delito cometido en Costa Rica con anterioridad a la solicitud de entrega, no se concede la extradición”, explicó a La Nación el abogado penalista Erick Gatgens.
Esto lo indica el inciso c del artículo 3 de la Ley de Extradición.
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De esta forma, incluso si el Tribunal acoge la solicitud, la justicia estadounidense tendría que esperar para concretar la extradición por presunto tráfico internacional de drogas, pues el exmagistrado de Sala Tercera enfrenta un juicio por supuesto uso de documento falso, junto al exdirector de la Policía de Control Fiscal (PCF), Irving Malespín, debate que está programado para terminar ese mismo martes.
También es investigado en el expediente 17-000015-033-PE, por presunto cohecho propio, que aún está pendiente de juicio y tiene fecha de inicio entre el 5 y el 30 de enero de 2026 en el Tribunal Penal de Goicoechea. La Fiscalía sostiene que Gamboa, cuando era magistrado de la Sala Tercera, habría aceptado como dádiva un viaje a Panamá.
De acuerdo con la investigación, los costos de pasajes aéreos y hospedaje habrían sido cubiertos por el conglomerado económico del empresario cementero Juan Carlos Bolaños Rojas. El viaje ocurrió entre el 9 y el 10 de octubre de 2016.
Por otra parte, la causa 18-000075-033-PE, sobre un presunto tráfico de influencias, tiene programada una audiencia preliminar para el 25 de noviembre en Goicoechea, para determinar si va a juicio. Según la acusación, en 2018 Gamboa habría contactado a diputados con el objetivo de incidir en la decisión sobre su destitución como magistrado.
En cuanto a Álvarez Alfaro, él es investigado en el Caso Venus, como sospechoso de pertenecer a una red criminal supuestamente dedicada a lavar dinero del narcotráfico por medio de una subasta ganadera en Pijije de Bagaces, Guanacaste, entre otras actividades.
Gatgens expuso que Costa Rica le da prioridad a los juicios nacionales sobre las extradiciones “por la necesidad de que el Estado costarricense ejerza su soberanía judicial y concluya los procesos iniciados en su territorio. Los tratados de extradición y la Ley de Extradición reflejan esta prelación al permitir la entrega diferida".
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También hay situaciones excepcionales en que una un persona sea entregada de forma temporal al país que solicitó la extradición, como lo establece el Tratado de Extradición entre Estados Unidos y Costa Rica. Eso quedaría a criterio del juez penal encargado del caso.
“Puede extraditarse para que sea juzgado en el país requirente y luego regresar a Costa Rica para cumplir su pena. Inclusive, el Ministerio Público podría valorar aplicar un criterio de oportunidad y prescindir de la acción penal”, detalló el abogado penalista Rodolfo Brenes.
Para Brenes, es altamente probable que se autorice la extradición, pues la misma defensa así lo ha manifestado. La misma hermana de Gamboa, Natalia Gamboa, dijo el 30 de setiembre que su hermano tiene “pocas expectativas” de que se resuelva a su favor.
Brenes agregó que para que la extradición se conceda, solo se requiere que la persona extraditable haya sido acusada o esté siendo investigada en el país requirente, en este caso Estados Unidos, por hechos que también son castigados como delito en Costa Rica. Además, la causa no debe estar prescrita y no se puede tratar de una persecución por motivos políticos.
“Si se cumple con estos requisitos, entonces se concede la extradición. La experiencia judicial muestra que es muy difícil evitarla”, indicó.
Si el fallo no les favorece, los extraditables tienen la opción de presentar en tres días hábiles después de ser notificados un recurso ante el Tribunal de Apelación, el cual no tiene plazo definido para tomar una decisión y extendería aún más el proceso.
El proceso también podría verse afectado por recursos de hábeas corpus y acciones de inconstitucionalidad de la defensa.
En caso de que el Tribunal deniegue la solicitud de Estados Unidos, el Ministerio Público podría presentar su respectiva apelación.
El recurso de casación en Sala Tercera, utilizado como último recurso en la acción penal en Costa Rica, no abarca procesos de extradición, por lo que la determinación del Tribunal de Apelación sería la resolución penal definitiva.
