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La masiva extracción de oro que destruye a pasos agigantados el cerro Conchudita va de la mano del crimen organizado. Dinero del narco estaría detrás de las toneladas de piedra que salen cada día de ese terreno colindante con el río San Juan, reproduciendo el patrón que se sigue aguas arriba, desde hace una década, en Crucitas de Cutris, San Carlos.
Esta operación, artesanal y peligrosa, por el riesgo para la vida humana, la muerte de animales y la contaminación de fuentes de agua potable, recurre a sustancias tóxicas como el mercurio y el cianuro y representa un riesgo ambiental de proporciones alarmantes.
Según el geólogo Allan Astorga, un estudio de la Organización de Naciones Unidas (ONU) estableció que, “para sacar un gramo de oro se requieren 80 gramos de mercurio”.
En las pilas de lixiviación que un equipo de La Nación pudo ver en Conchudita, los coligalleros trabajan con cianuro y descargan hasta 15 libras de ese producto (6,8 kilos) en cada uno de los depósitos con capacidad para tratar entre cuatro y seis toneladas de materiales.
Ese granulado blanco separa las partículas de oro del cuarzo de la tierra y de otros minerales y luego se recupera gracias a un tamiz con carbón. Por cada pila, se estima, se extrae apenas un gramo de oro.
En contraste, en Crucitas, se estima que el potencial es de un gramo por tonelada.
Para hacerse una idea, a cada una de esas piletas le cabe el mismo material que transporta una vagoneta promedio. Solo en uno de los patios de operación divisados en el cerro, se contaron 10 pilas en operación o en fase constructiva. Según la Policía, en otros puntos, como caño Mairena, han encontrado muchos depósitos más de este tipo.
Astorga, doctor en Ciencias Naturales e investigador, explicó que los coligalleros “desafortunadamente” utilizan mercurio y cianuro pese a que son muy contaminantes". El derrame de una de esas pilas podría dañar nacientes, fuentes de agua potable o discurrir hasta el río San Juan, a menos de un kilómetro de distancia.
Los precios de estos materiales de extracción contrastan con el alto valor del oro en el mercado internacional. En la última década, la onza troy (31,1 gramos) pasó de unos $1.000 en el 2016, a valores superiores a $5.000 en la actualidad.
¿Cómo se encuentra el oro en Conchudita?
El experto explicó que el oro está presente en Conchudita en dos vías: La roca dura en donde el mineral está diseminado en vetas, gracias a un fenómeno hidrotermal de millones de años, y en la saprolita.
La saprolita es roca descompuesta, blanda y rica en arcilla, que mantiene la estructura original de la roca madre. Por eso el suelo en el cerro tiene esa coloración ocre y una textura pastosa.
En la roca dura, la explotación se hace de manera industrial, pues “se necesita dinamitar, fragmentar la roca, molerla, aplicarle un químico, generalmente cianuro”. Sin embargo, los mineros ilegales se concentran en la saprolita (la tierra suave), donde “con un pico y una pala, se puede movilizar el material”, dijo.
El oro de la roca dura se concentra en cerros como Conchudita, Botija y Fortuna. En contraste, la saprolita es más extensa y “puede abarcar por lo menos unos 20 kilómetros alrededor de la finca Vivoyet”, que se ubica en Crucitas, a unas cinco horas de Conchudita, dos de ellas en vehículo y otras tres de caminata por montaña.
En cuanto al cianuro, agrega Astorga, si bien se necesita menos cantidad por ser más potente, su desecho es también tóxico. El geólogo explicó que el cianuro “se oxida y se neutraliza, a diferencia del mercurio”. No obstante, cuando separa el oro de la roca, si la roca tiene metales pesados, quedan concentrados en el residuo. “Entonces, esos residuos, aunque se procesen con cianuro, también son tóxicos”.
Los mineros ilegales tratan el material extraído de la montaña en piletas de aproximadamente 4x5 metros de diámetro, hechas con palos, lona y tubería de PVC.
Según contó un coligallero abordado por La Nación en la margen del río San Juan, compran el saco de 50 kilos de cianuro en $550 y vierten unas 15 libras de ese químico en cada pileta. En el proceso, que dura de dos a tres días, obtienen oro de entre 18 y 21 quilates. El agua contaminada con cianuro se desagua con tubería y un filtro de carbón de coco, que contamina el suelo y las fuentes de agua.
Todo esto ocurre de espaldas a la Policía, que no tiene puestos de vigilancia permanentes en las cercanías. Este fin de semana la Fuerza Pública incursionó en la zona y detuvo a ocho coligalleros, pero los operativos no son con la misma frecuencia e intensidad que los que se dan en Crucitas.
La Nación tiene pendiente una entrevista con el viceministro de Seguridad Erick Lacayo, para conversar sobre las acciones en el sitio. La fecha de ese conversatorio está por definirse.
El enlace con Nicaragua
El biólogo Amaru Ruiz, director de la Fundación del Río, creada en Nicaragua, explicó que la dinámica ilegal en Costa Rica tiene una conexión directa con lo que ocurre al otro lado del San Juan, particularmente a raíz de concesiones mineras a empresas chinas en esta zona fronteriza.
Ruiz puntualizó que Nicaragua otorgó al menos cuatro lotes a empresas chinas en el sureste del país, incluyendo una concesión en un sitio conocido como La Guinea, a escasos tres kilómetros de Las Cruces y al frente de Chorreras, en el lado tico.
El biólogo señaló que la empresa Thomas Metal Sociedad Anónima, de origen chino, acreedora de esa concesión, ha generado un proceso semiindustrial de procesamiento de oro. Este proceso ha provocado que “el material minero que salía de Crucitas y que ahora sale de Conchudita sea trasladado a este punto para su procesamiento”.
En estos modelos semiindustriales es posible sacar más cantidad de oro por tonelada procesada de material.
La Fundación del Río considera que el aumento de las concesiones mineras industriales puede incrementar los niveles de minería artesanal, lo que contradice la tesis del ministro de Seguridad, Mario Zamora, de que la minería industrial podría eliminar la actividad ilegal.
Ruiz enfatizó que el problema persiste del lado nicaragüense, donde el campamento minero ilegal de Las Cruces “no ha sido desalojado por el Ejército” y, mientras no se acabe esta operación, “va a ser muy difícil que los esfuerzos que hace Costa Rica para detener la minería ilegal se detengan”, debido a la alta permeabilidad de la zona fronteriza.
El uso de mercurio y cianuro, junto con la deforestación generada por la minería artesanal, pone en riesgo un “ecosistema frágil” de bosque tropical húmedo con alta conectividad entre la Reserva Biológica Indio Maíz (Nicaragua) y la Reserva Maquenque (Costa Rica). Ruiz indicó que especies como la lapa verde o el jaguar, así como la diversidad acuática del río San Juan se ven afectadas.
Además, existe un riesgo de contaminación de mantos acuíferos, tal y como ocurre desde hace años en Crucitas, que aún no tienen un sistema de agua potable y se abastecen por camiones o vehículos de Acueductos y Alcantarillados (AYA).
Los estudios hechos en su momento por la empresa Infinito Gold en los cerros Botija y Fortuna estimaron “aproximadamente 2 millones de onzas de oro”, valoradas en más de $5.000 millones. En el caso de Conchudita, al no haber un estudio de impacto ambiental, la proyección es “un poco especulativa”, aunque se ha “estimado que hay varios cientos de miles de onzas de oro, pero en roca dura”, según Allan Astorga.
Presión para abrir la explotación minera industrial
Edgardo Araya, ambientalista y uno de los abogados que logró en el 2010 que se anulara la concesión otorgada por el Estado a la firma canadiense Infinito Gold, para extraer oro en Crucitas, volverá a enfrentarse al tema desde el Congreso, como diputado del Frente Amplio.
Según explicó este martes, en entrevista con periodistas de este medio, que ahora haya una explotación ilegal en Conchudita no es el resultado de un ejercicio artesanal de los coligalleros, sino la confirmación de que anteriores empresas mineras llevaron a cabo estudios que identificaron puntos de extracción aurífera, específicamente Infinito Gold.
Para el sancarleño, que ya había sido congresista con el mismo partido en el periodo 2014-2018, lo que ocurre en ese cerro, colindante con el río San Juan, es derivado del desinterés de los cuerpos policiales.
Él sostiene que si la Policía no está en el sitio es porque “no hay voluntad de controlar”, pues la extracción minera exige enormes movilizaciones de tierra que son difíciles de ocultar. “Todo el mundo sabe por dónde sale la tierra, la Policía sabe quiénes son los topadores, quiénes son los coligalleros y quiénes los están financiando”.
Araya más bien considera que este interés del gobierno por exponer el caos en Conchudita podría ser la estrategia para promover una concesión en la zona, que no sería garantía de seguridad y estabilidad económica para las comunidades colindantes.
“Le interesa más bien generar la mayor sensación de caos posible, para que en el país estemos dispuestos a aceptar el ruinoso negocio de que una empresa haga mil veces más daño que los coligalleros a cambio de dejarnos el 5% del oro y que por arte de magia los coligalleros van a desaparecer y todo será paz y tranquilidad. Ojalá fuera así, pero eso es un engaño”, aseveró.
El abogado subrayó, además, que parte del cerro no podría concesionarse, porque está dentro de los dos kilómetros fronterizos, una zona catalogada como patrimonio natural del Estado.
Carlo Díaz, fiscal general, confirmó a La Nación que ya existe una causa abierta por el delito de infracción a la Ley de Minería bajo el expediente 24-001148-0065-PE que, por el momento, se mantiene contra ignorado.
Que este proceso se abriera en el 2024 también evidencia que los daños en Conchudita empezaron mucho antes de que se enfocara la atención, nuevamente, en otro cerro al norte del país.
