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Las necesidades del Poder Judicial se verían satisfechas con 1.335 plazas más en la judicatura, según estimaciones de la Dirección de Planificación de este poder de la República.
Allan Pow Hing, director de Planificación, afirmó a La Nación que estas plazas incluyen solo 155 jueces, pues los restantes serían auxiliares, técnicos, y todos los puestos necesarios para dar abasto con la demanda actual de expedientes judiciales que ingresan a los juzgados y tribunales de todo el país.
Esto representa cerca de un 10% de la actual planilla del Poder Judicial, que comprende 13.995 funcionarios.
Entre salarios, y la infraestructura necesaria para acomodar tal cantidad de personas, la entidad requiere ¢42.638 millones, cerca de un 8% del presupuesto otorgado para el 2026.
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“Eso son necesidades que tenemos y esos cálculos no incluyen lo necesario para la reducción del nivel de circulante, sino únicamente para hacerle frente a la demanda del servicio de los casos nuevos que nos ingresan cada año”, explicó.
¿Cómo llegaron a esta cifra? Hing afirmó que se basaron en las estrategias de negocios Lean Seis Sigma y Seis Sigma, las cuales se enfocan en reducir errores en los procesos, usando análisis de datos para lograr que sean más rápidos y eficientes.
Con base en estos principios, determinaron que idealmente un tribunal colegiado (tres jueces) podría resolver 15 asuntos penales por mes, mientras que un tribunal unipersonal puede resolver 25 por mes. Además de tres jueces, un juicio en un tribunal colegiado incluye dos técnicos, un fiscal, un defensor público y al menos dos custodios.
La tendencia en los últimos años, más bien, es que cada juez debe resolver más casos.
En cuestión de 30 años, las plazas de jueces se duplicaron, mientras que la cantidad de nuevos expedientes penales por año se triplicó. Esto provocó que el promedio nacional de expedientes que entran anualmente por cada juez pasara de 56 a 84 entre 1995 y el 2024, según datos de la Dirección de Planificación del Poder Judicial.
Solo entre el 2023 y el 2024, se presentó un incremento del 8,4% en las causas nuevas. A esto se le suma que las investigaciones se han tornado más complejas en los últimos años. Los delitos menores, como hurtos y asaltos, han disminuido, mientras que se incrementan homicidios y las causas contra grandes organizaciones criminales.
Hing calificó como “bastante restrictivo” el presupuesto asignado por el gobierno al Poder Judicial para el 2026, que consiste en ¢532.837 millones, un crecimiento del 0,2% con respecto al 2025, lo que se trata de la evolución interanual más débil desde el 2021.
El área que más presupuesto consume es el servicio jurisdiccional, es decir, todo lo relacionado con juicios y resolución de conflictos, con un 34,7%. Le siguen el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con 23,9%, la administración (19,2%), Ministerio Público (11,1%), Defensa Pública (8,5%), Atención a la Víctima (2,1%) y el fondo de jubilaciones (0,5%).
El plan propuesto contempla recortes en áreas como el mantenimiento de los edificios, remuneraciones básicas y eventuales, capacitaciones, gastos en viajes y transporte, entre otros.
El presupuesto tampoco permite la creación de plazas nuevas a pesar de que se aprueban leyes que le añaden funciones a la institución, como la que permite solicitar el anticipo jurisdiccional de prueba en los procesos penales donde se investiguen delitos sexuales, además del nuevo Código Procesal de Familia.
Disputas con el gobierno
Rudolf Lücke, ministro de Hacienda, afirmó en setiembre a La Nación que, a diferencia de los demás ministerios, cuando se subejecutan los recursos, como sucede en este poder del Estado, el presupuesto siguiente se ajusta a esa subejecución.
“En el caso del Poder Judicial, a pesar de que el año pasado subejecutó ¢18.000 millones y el año antepasado más de ¢20.000 millones, igual que el año previo; nosotros seguimos presupuestando el monto completo”, indicó Lücke.
Hing comentó la constante lucha del OIJ y el Ministerio Público por adquirir nuevas plazas.
En cuanto al OIJ, los cálculos arrojan que se necesitan 394 agentes, 189 custodios de detenidos, 43 técnicos especializados y 146 peritos judiciales y asistentes de morgue, para un total de 772 plazas que costarían ¢17.000 millones.
Por su parte, el Ministerio Público requiere 106 técnicos judiciales y 134 fiscales, para un total de 240 plazas.
“Nada hacemos con asignar solo fiscales si esto no viene acompañado del personal técnico. Eso es lo que muchas veces es muy difícil hacerle entender a la ciudadanía, que comprendan que esto es un engranaje, no es solamente el personal profesional, por decirlo así”, indicó.
No obstante, indicó que incluso si se les otorgan todas las plazas que ellos reclaman, el incremento debería ir acompañado también de jueces y demás cargos de la jurisdicción.
De lo contrario, se generaría un cuello de botella en el que se ejecutan más investigaciones y se presentan más acusaciones, pero no hay jueces disponibles para avanzar esas causas penales.
Los presupuestos del OIJ y el Ministerio Público han sido de los principales puntos de disputa de estas entidades con el Ejecutivo desde que el entonces ministro de Hacienda, Nogui Acosta, en diciembre del 2023, recortara ¢2.000 millones que el OIJ pretendía usar para construir un edificio nuevo en barrio Los Ángeles, en San José.
El pasado 1.° de setiembre, en una comunicación al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, el ministro Lücke aseguró que los recursos para plazas adicionales se mantendrían en estado de “no ejecución” debido a la necesidad de mantener el equilibrio de los fondos públicos.
Argumentó que esta decisión reduce la presión de endeudamiento, y que eso beneficiará el esfuerzo por mejorar el tamaño de la deuda pública en comparación con el producto interno bruto (PIB).
El gobierno añadió que, al cumplir con la regla fiscal, se liberarán recursos en los años venideros para “financiar y atender las diversas necesidades de la ciudadanía”.
