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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) inició la revisión de los dispositivos móviles, celulares y computadoras del expresidente Carlos Alvarado Quesada por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), en el que se investiga una supuesta violación de datos privados de los habitantes.
Los abogados del político, Rodolfo Brenes y Roger Guevara, explicaron que este proceso se ha llevado a cabo, por etapas, a lo largo de varios años.
“En una primera fase (enero del 2021), se llevó a cabo la apertura de los dispositivos, durante la cual se efectuaron imágenes forenses de los discos, es decir, copias íntegras de su contenido con fines de resguardo y análisis técnico”, explicó la defensa del expresidente.
En ese momento, no se analizó el contenido de los aparatos. La fiscala general de entonces, Emilia Navas, lo explicó: “Ninguna de las partes tendrá acceso a la información respaldada. Eso se dará después, cuando se haga el análisis de la información”.
Sin embargo, esa revisión de la información se vio pospuesta, porque los abogados de Alvarado mantuvieron disputas con el Ministerio Público sobre si el análisis debía abarcar la totalidad del contenido de los dispositivos o solo parte de ella.
Una vez resueltas esas diferencias, se establecieron criterios y parámetros de búsqueda. Con base en estos lineamientos, el OIJ quedó autorizado para realizar el análisis mediante herramientas de software forense, explicaron Brenes y Guevara.
En esta nueva etapa, además, se procederá a una revisión manual de aquellos archivos que no pueden ser procesados o clasificados por el software forense, como audios, fotografías y videos. Este proceso implica un análisis detallado, caso por caso.
“Cabe destacar que estos procedimientos no se derivan de una única resolución reciente, sino que responden a una serie de decisiones judiciales adoptadas a lo largo del tiempo, en el marco de distintos recursos y gestiones planteadas por esta defensa”, agregaron.
La defensa del expresidente aseguró que mantiene la disposición de colaborar con las autoridades judiciales “dentro del marco del debido proceso y la legalidad, porque como hemos sostenido desde el inicio de este caso no se ha cometido delito alguno”.
La Nación remitió consultas al Ministerio Público; sin embargo, al cierre de edición se encontraban en trámite.
Caso UPAD
El viernes 28 de febrero de 2020, por primera vez en la historia, la Fiscalía allanó Casa Presidencial como parte de una investigación sobre una unidad de análisis de datos, creada por Presidencia, que pudo tener acceso a información confidencial de los costarricenses. Se trataba de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
La investigación se realizó luego de que, el 17 de febrero de 2020, se publicó el decreto ejecutivo Nº 41996-MP-MIDEPLAN, el cual indicaba, entre otras cosas, que la unidad de análisis podría tener acceso a "información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiera“.
La Fiscalía investiga a Alvarado por los delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.
La creación de la UPAD fue derogado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 42216 del 21 de febrero del 2020.
