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Un resentimiento acumulado durante más de cuatro años por sanciones disciplinarias que incluyeron plagio, irrespeto a la autoridad e ingreso no autorizado a laboratorios restringidos habría llevado a un exestudiante del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) a desatar una campaña sistemática de amenazas contra la rectoría y el personal docente de esa universidad, que incluyó “advertencias explícitas de tiroteos masivos y ataques con explosivos”.
El sospechoso, de apellidos Castro Aguilar, de 24 años, estudiante de ingeniería en computación, fue detenido la noche de este martes en San Carlos y trasladado a celdas judiciales de Cartago, donde la fiscalía de esa provincia lleva la causa.
Según el informe que la Policía Judicial remitido a la Fiscalía, el posible caso de hostigamiento inició en noviembre de 2025 y evolucionó de difamaciones en redes sociales a “amenazas directas de muerte contra la rectora y las docentes de la institución”. Las amenazas obligaron a activar protocolos de seguridad que resultaron en “la evacuación de instalaciones”, afectaron actividades masivas como el Festec y pusieron en riesgo “la integridad física y psicológica” de aproximadamente 19.000 estudiantes y funcionarios. Entre las tácticas empleadas figura el envío masivo de correos con “copia oculta” con el fin de “generar paranoia” en la comunidad universitaria.
El informe del Equipo Itinerante para el Análisis del Comportamiento Criminal (Eiacc) describe a Castro Aguilar con un “delirio de invulnerabilidad” derivado de su formación técnica, y señala como móvil un profundo resentimiento institucional tras acumular “cuatro años y seis meses de suspensión disciplinaria por faltas que incluyen plagio, irrespeto a la autoridad e ingreso no autorizado a laboratorios restringidos”.
Castro Aguilar habría utilizado sus conocimientos técnicos para ocultar su identidad. La Sección de Cibercrimen del OIJ determinó que los correos amenazantes fueron enviados utilizando “herramientas y programas para lograr enmascaramientos” y servicios internacionales para evadir el rastreo. Sin embargo, el 23 de abril los investigadores lograron rastrear una conexión que permitió identificarlo: la dirección IP utilizada, perteneciente a una red móvil nacional, ubicó al sospechoso en Santa Clara de San Carlos, “en la periferia inmediata del campus del TEC”, en el momento exacto en que se emitían nuevas amenazas de tiroteo.
Tras una solicitud de emergencia, el OIJ obtuvo metadatos del perfil de Facebook “Peor Pesadilla”, que vincularon “directamente el número telefónico y el correo personal de Castro Aguilar con las publicaciones terroristas”. Los investigadores establecieron además un vínculo adicional al comprobar que imágenes difamatorias enviadas de forma anónima por WhatsApp a una profesora eran “idénticas a archivos que Castro Aguilar remitió posteriormente desde su cuenta oficial de estudiante a la Oficina de Comunicación del TEC”.
En la advertencia más grave registrada en el expediente el sospechoso habría señalado que “lo que no prospere en sede judicial va a prosperar con sangre”. Ante esa escalada, el OIJ de Cartago aceleró las diligencias para detener al imputado.
