El exconvicto Edwin Daney López Vega, alias Pecho de Rata, quien ahora es requerido por las autoridades de Estados Unidos, habría comprado una propiedad con el fin de construir una pista de aterrizaje clandestina en Sixaola, en el Caribe sur.
Dicha pista estaba destinada al recibo de “aviones cargados de cocaína” que luego eran enviados a Estados Unidos, afirma una investigación de la Administración de Control de Drogas (DEA).
Según información detallada y verificada por La Nación, la propiedad fue adquirida en el 2024.
El dato fue recibido por la DEA de Estados Unidos a través de dos fuentes que delataron a Pecho de Rata.
LEA MÁS: Celso Gamboa y Pecho de Rata lavaban dinero mediante un equipo de fútbol profesional, afirma la DEA
A Edwin Daney López Vega no solo lo conocían como “Pecho de Rata”, sino que en el Caribe sur también circulaban los apodos de “Diosito” o “El Rey de Cahuita”, nombres que reflejan el poder, el temor y la ostentación con los que se movía en la zona.
López Vega es requerido por Estados Unidos pues, al parecer, desde el 2008 y hasta el 11 de junio del 2025, habría sido el responsable de dirigir, gestionar y facilitar algunas funciones de narcotráfico en Costa Rica y otros lugares de Centroamérica.
Desde la pista en Caribe sur, el investigado la entregaba la droga a otros socios para su posterior envío a Estados Unidos.
Según fuentes judiciales, López Vega construyó un verdadero imperio con dinero del narcotráfico

Fincas y lujos de Pecho de Rata
El 21 de noviembre del 2023, 200 agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) efectuaron una serie de allanamientos para desarticular la organización de López Vega.
Se presume que, con dineros provenientes del narco, desarrollaron negocios como bares y gimnasios, alquiler de maquinaria, venta de materiales de construcción y hasta un redondel.
“Actividades que supuestamente realizaban por medio de una sociedad anónima que conformaron, así como la adquisición de bienes muebles e inmuebles que también obtenían a título personal”, indica un comunicado de la Policía Judicial en aquel momento.
Según indicó el OIJ, el valor total de los bienes ronda los ¢2.000 millones.
Otra de las propiedades más importantes de Pecho de Rata se ubica en Cahuita donde tiene un complejo de viviendas, un centro de entrenamiento deportivo y una cancha de fútbol cinco.
A 500 metros se ubica la entrada a otra finca, que cuenta con un camino interno en lastre de al menos cinco kilómetros. Ahí, las autoridades encontraron un minizoológico que incluía un caucel, un caimán y aves exóticas.
En aquel momento también intervinieron dos fincas en Sixaola, donde, en apariencia, se realizaban negocios con ganado.
Lo decomisado en aquella ocasión incluye $290.184, ¢3.533.550, dos armas de fuego, 10 celulares, 5 computadoras y 8 joyas (entre anillos, dijes y cadenas).
También diez carros, cuatro motos y una retroexcavadora. En equipo para gimnasio, se cuentan siete bicicletas estacionarias, cuatro máquinas elípticas, una escaladora, ocho máquinas para piernas y hombros, un rack de tres parrillas, un saco de box mediano y una polea doble.
En cuanto a animales, 242 cabezas de ganado, 13 venados, un caimán, cuatro lapas y un caucel.

Su principal aliado
Además de López Vega, otra persona con la que se vincula a Pecho de Rata es el exmagistrado de la Sala III, Celso Manuel Gamboa Sánchez, de 49 años, quien fue aprehendido por agentes judiciales frente a su vivienda en Escazú el pasado lunes 23 de junio, mientras que López Vega fue capturado en un restaurante en Cahuita, en la provincia de Limón.
Ambos permanecen en celdas de máxima seguridad de la cárcel Jorge Arturo Montero Castro, conocida como La Reforma.
“Existe todo un proceso judicial que van a tener que enfrentar las personas indicadas”, dijo Randall Zúñiga, director del OIJ, quien anunció ambas capturas en publicaciones en su cuenta oficial en la red social X. “Estas acciones confirman nuestro compromiso con la seguridad de Limón y de todo Costa Rica. Merecemos un mejor país”, agregó.
De ser autorizada la extradición, ambos serían los primeros costarricenses en ser enviados a suelo estadounidense luego de la reforma al artículo 32 de la Constitución Política, aprobada el 15 de mayo anterior, la cual permite extraditar a ticos de nacimiento o naturalizados por delitos de terrorismo o narcotráfico cometidos fuera del país.