EscucharDos empresarios pesqueros detenidos en el marco del llamado Caso Ballena, como sospechosos de integrar una organización dedicada al narcotráfico y el lavado de dinero, recibieron subsidios del Estado por ¢1.185 millones para la compra de diésel, durante los últimos nueve años.
Accedieron al beneficio gracias a que 11 embarcaciones suyas tenían licencias de pesca comercial, emitidas por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca).
El Incopesca negó que se le esté dando un mal uso a este beneficio. Sostuvo que la entidad se cerciora de que los barcos cumplan con los requisitos desde que salen a trabajar en labores de pesca y hasta su regreso. “Cada embarcación tiene VWS (control de seguimiento satelital), el cual da seguimiento 24/7, los 365 días del año”, argumentó la entidad.
Entre abril del 2015 y junio del 2024, Víctor Hugo Cruz Mata y Denis Hernández Mata obtuvieron 4,8 millones de litros de ese combustible exonerado de impuestos, el cual retiraron en 231 entregas, una cada 15 días, en promedio.
Con el descuento, pagaron el 41% menos que un consumidor común. Ellos desembolsaron ¢1.686,6 millones, mientras que cualquier otra persona habría tenido que pagar ¢2.871,6 millones.
Desde hace 30 años, Incopesca otorga este subsidio a las embarcaciones que tienen una licencia de pesca activa. En promedio, los beneficiarios desembolsan un 47% menos. Sin embargo, en el 2016, por ejemplo, dos embarcaciones de Cruz Mata pagaron un 70,7% menos por dos compras, pues el monto fluctúa de acuerdo con el precio internacional del petróleo.
Denis Hernández y Víctor Hugo Cruz, quienes son primos, y la esposa de este último, de apellidos Medrano Duarte, figuran como sospechosos de conformar una banda que trasladaba drogas, vía marítima, desde el sur del continente hacia otros países, según consta en la investigación penal (expediente 22-000054-1322-PE). Ellos descuentan seis meses de prisión preventiva en este momento.
Las pesquisas se iniciaron en el 2022. Desde entonces y hasta junio pasado, los dos detenidos obtuvieron la mayor cantidad de combustible exonerado, con casi ¢530 millones.
A esa conclusión llegó La Nación tras analizar la base de datos de pescadores que recibieron subsidios de Incopesca en los últimos diez años y compararlos con la tabla oficial de precios de Recope.
11 embarcaciones recibieron 4,8 millones de litros de diésel
En total, 11 embarcaciones de Cruz Mata y Hernández Mata recibieron el combustible exonerado desde abril del 2015. Actualmente, ocho de estas tienen una anotación de la Fiscalía en el Registro Nacional por este caso, según constató este diario.
Las otras tres estuvieron vinculadas a Cruz Mata entre diciembre del 2015 y mayo del 2020, pero actualmente no están registradas a su nombre, ni tienen gravámenes asociados a esta investigación penal.
Los cinco barcos que todavía pertenecen a Cruz Mata y están anotados en el Registro Nacional son Los Gemelos, el cual está directamente registrado a su nombre, mientras que Capitán Hugo I, Yuri I, Capitán Carlos Alberto y Princesa Nahomy pertenecen a la firma Yuri Uno Sociedad de Responsabilidad Limitada –constituida en el 2022–, donde aparece como el representante legal.
Entre abril del 2015 y junio del 2024, él retiró combustible en 166 ocasiones. En promedio, recibió 20.530 litros en cada solicitud y, en total, se le exoneró el pago de impuestos por ¢832,7 millones.
En el 2023, mientras el Ministerio Público lo investigaba como el cabecilla de la aparente organización delictiva, obtuvo la mayor cantidad de combustible exonerado de los últimos nueve años: 542.400 litros. Solo en el primer semestre del 2024, antes de ser aprehendido, tuvo subsidios que suman ¢80 millones, lo que significa que pagó un 42% menos que un consumidor promedio.
Una situación similar se observa en el caso de Denis Gerardo Hernández, el segundo de los detenidos. Él recibió subsidios en 65 ocasiones, entre octubre del 2018 y junio del 2024, a través de tres embarcaciones registradas a su nombre: Alerta VIII, Urcajo III y Don Miguel.
En los últimos siete años, Hernández obtuvo subsidios por ¢352,3 millones, siendo el 2023 el año en que logró el beneficio más alto: ¢100 millones.
La Nación intentó contactar a los abogados de Hernández y Cruz a través de sus familiares, pero no fue posible.
‘No nos consta que esto esté sucediendo’
Esta no es la primera vez que un señalado por supuesto narcotráfico recibe subsidios de Incopesca. El pasado 4 de noviembre, este diario reveló que Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, catalogado por Estados Unidos como uno de los más violentos traficantes de droga de Costa Rica, se ahorró ¢521,4 millones en los últimos nueve años.
El 29 de agosto anterior, en sesión de Junta Directiva del Incopesca, el director Enoc Rizo Rizo, reconoció que saben que “hay algunos pescadores que no le están dando el buen uso (al combustible exonerado)”. Así lo admitió al referirse a la pesca ilegal.
Pese a esto, el viernes pasado, a través de su oficina de prensa, la institución negó tener conocimiento de que personas investigadas por narcotráfico o lavado de dinero estén recibiendo ese beneficio.
“No nos consta que esto esté sucediendo. Las investigaciones del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no fueron comunicadas a Incopesca. De igual manera, no existe ninguna notificación de parte de algún juez u otro funcionario que nos indique no brindar el servicio”, se consignó en el correo electrónico enviado.
Nelson Peña, presidente ejecutivo de Incopesca, se negó a hablar con este medio sobre el tema. Indicó que, dado que se trata de una investigación en curso, no se referiría al tema.
Detalles del caso
La Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada sostiene que Víctor Hugo Cruz Mata es el cabecilla de esta estructura delictiva. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detalló que, en años anteriores, se decomisaron 750 kilogramos de cocaína en un muelle alquilado por Cruz Mata y, posteriormente, 1.200 kilos más en un vehículo de su propiedad. El valor de los estupefacientes incautados se estimó en $8 millones.
El 1.º de noviembre anterior, día en que se efectuaron las detenciones de las tres personas, las autoridades decomisaron 12 vehículos, varios barcos en puerto y anotaron propiedades de Cruz Mata, como casas de habitación, establos, una pescadería y un muelle. El Ministerio Público sospecha que estos bienes fueron adquiridos con fondos provenientes de la venta de drogas.
