Un hombre de apellido Esquivel, de 42 años, fue detenido la mañana de este miércoles en Moín, Limón, durante un allanamiento en el que las autoridades judiciales decomisaron restos de tortuga, combustible presuntamente robado y otros artículos.
Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Esquivel figura como sospechoso en varias causas por robo de combustible, infracción a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre y portación ilegal de arma permitida.
La investigación se originó en mayo del 2025, tras recibir informaciones confidenciales sobre un posible robo de hidrocarburos en Moín. A partir de entonces, se realizaron diversas diligencias que permitieron a los agentes vincular al sospechoso con los hechos.
El operativo, ejecutado a las 9 a. m., en coordinación con personal de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), permitió el decomiso de dos armas de fuego, combustible supuestamente sustraído, un vehículo, estañones, mangueras, dispensadores, restos de tortuga, y otros elementos probatorios.
Esquivel fue remitido al Ministerio Público, que definirá las medidas cautelares correspondientes.

Normativa fija penas de prisión delitos contra fauna silvestre
La Ley de Conservación de la Vida Silvestre establece penas de prisión para quienes cacen fauna silvestre o destruyan sus nidos sin la debida autorización del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. La sanción puede oscilar entre uno y tres años de cárcel cuando estos actos afecten a especies declaradas en peligro de extinción o con poblaciones reducidas.
Además, se contempla una multa de entre diez y 30 salarios base, o bien una pena de seis meses a un año de prisión, cuando la infracción se cometa en áreas oficiales de conservación o en propiedades privadas debidamente registradas, y afecte a animales que no se encuentren en peligro ni con poblaciones limitadas.
La Ley para sancionar el apoderamiento y la introducción ilegal de los combustibles derivados del petróleo y sus mezclas (N.° 9852) establece penas de cinco a 15 años de prisión para quien, mediante el uso de la fuerza o la violencia contra personas, se apropie de forma ilegítima de combustibles derivados del petróleo o sus mezclas, propiedad del Sistema Nacional de Combustibles.
