EscucharTreinta y nueve diputados aprobaron este martes, en primer debate, el proyecto de ley que permite al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) disponer del dinero proveniente de comisos y decomisos a bandas vinculadas con el crimen organizado, para invertir en programas preventivos y represivos que combaten el narcotráfico en Costa Rica.
Durante la votación solo había 39 legisladores presentes y todos votaron afirmativamente. Además, se acordó que el próximo jueves se realizará el segundo debate de esta iniciativa, denominada “Adición de un inciso f) al artículo 6 del Título IV Responsabilidad Fiscal de la República, Capítulo I Disposiciones Generales Objeto, Ámbito de aplicación, Definiciones y Principios”.
Si este proyecto entra en vigencia, habrá más fondo para cubrir los requerimientos de las leyes de estupefacientes y delincuencia organizada, que establecen que un 30% del dinero que obtenga el ICD en comisos y decomisos (en este caso se usan los intereses ganados de los certificados a plazo, ya que del resto del dinero solo se puede disponer cuando hay una sentencia en firme) se destinen a programas preventivos de los ministerios de Educación Pública (MEP) y Justicia y Paz, o bien, con ONGs. Así como aquellos que coordina con el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), que adicionalmente recibe otro 30% para manejarlo de la forma que crea pertinente.
Además, los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) también se ven beneficiados con otro 30%, mientras que el 10% restante puede ser utilizado por el ICD para mantenimiento y custodia de los bienes que tiene en su poder.
Sergio Rodríguez Fernández, presidente del ICD, manifestó su satisfacción por la primera aprobación y dijo que espera que el jueves ya reciba el segundo visto bueno de los congresistas. “Celebramos la forma decidida en que los actuales diputados apoyaron el día de hoy (martes) el proyecto de ley 22.568, el cual busca eximir al ICD del cumplimiento de la regla fiscal en lo que tiene que ver con los recursos específicos que administra, los decomisados al narcotráfico”, aseguró.
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El jerarca agregó que con esto queda claro que hay una comprensión de la importancia de contar con estos fondos para patrocinar proyectos preventivos y represivos en materia de drogas, legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo, así como en iniciativas de prevención de consumo y tratamiento y fortalecimiento del área de custodia y mantenimiento de bienes que administra la entidad.
Rodríguez destacó que seguirán cumpliendo de manera estricta con la regla fiscal en cuanto al gasto institucional, ya que la idea es solo beneficiar a los destinatarios establecidos por ley con más apoyo en programas específicos.
Agradecemos a @asambleacr por su decidido apoyo a la seguridad, salud y orden socioeconómico de 🇨🇷. A través de esta exención el ICD podrá seguir apoyando los proyectos preventivos y represivos en esas materias y darle cumplimento a la ley 8204 y 8754. Falta 2do debate!!!
— Sergio Rodríguez Fernández (@SergioICD2020) April 26, 2022
Preocupación
Un panorama muy distinto al del ICD afrontan las autoridades del Sistema de Emergencias 9–1–1, quienes ven con preocupación que en los últimos días de trabajo de los actuales diputados el proyecto 22.732, que los exime de la regla fiscal, no ha sido votado ni siquiera en primer debate.
Por medio de un comunicado, la institución afirmó que mantienen “dificultades financieras” y calificó de “precaria” la situación que vive. “En este momento los diputados tienen las herramientas para solventar el problema, el proyecto se encuentra listo para ser votado en primer debate y acelerar el proceso para el beneficio del país. Por lo anterior, hacemos un llamado a votar el proyecto y así darle las herramientas al 9–1–1 para brindar un mejor servicio a la ciudadanía”, precisa el escrito.
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La directora de esa institución, Elena Amuy Jiménez, dijo a La Nación este martes que a pesar de conversar con varios congresistas no han logrado que la iniciativa entre en agenda. “Mantenemos una situación crítica a nivel presupuestario y, al haber un cambio en las autoridades en la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo, complica más la situación porque tendríamos que empezar por sensibilizar a las nuevas autoridades”, mencionó.
Amuy destacó que el Sistema de Emergencias 9–1–1 adeuda en la actualidad alrededor ¢77 millones al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), producto de pagos que no pudo hacer en el 2021 para cumplir con los topes de la regla fiscal.
“Adicionalmente, para el 2022, estamos en una encrucijada mayor porque en abril no podremos cumplir con pagos al ICE debido al tope de regla fiscal que nos exige no excedernos en el gasto, pese a que son gastos necesarios para mantener la operación de la institución, las llamadas de emergencia y atender la demanda de los usuarios”, puntualizó.
