Las 71,7 toneladas de droga (cifra récord) que las autoridades decomisaron al narcotráfico en el 2020 fueron llevadas en aviones estadounidenses hasta Miami, Estados Unidos (EE. UU.).

Tecnología moderna permitió su destrucción en aquel país mediante un innovador proceso llamado gasificación por plasma.

La empresa de Miami usa esa técnica, mediante la cual la droga se introduce en una cámara donde las temperaturas alcanzan valores de casi 14.000 grados Celsius.

A esos niveles, los residuos inorgánicos se desintegran y vitrifican en un objeto sólido, mientras que los orgánicos se convierten en gases, que pueden ser utilizados para producir electricidad o combustibles líquidos.

A diferencia de otros tratamientos térmicos como la incineración, este proceso con plasma no contamina, pues no se trata de una combustión y ocurre en un reducto cerrado.

Por lo anterior, no se salen contaminantes para la atmósfera, ni cenizas, pues solo quedan gases simples y una única pieza sólida e inerte que puede usarse en mobiliario o para hacer carreteras.

El Tecnológico de Costa Rica (TEC) ha desarrollado esa tecnología desde el 2014 y en el 2016 realizó el primer disparo de plasma, que es el cuarto estado de la materia.

Iván Vargas, director del laboratorio de plasma del TEC, confirmó que por ahora en nuestro país no existe ninguna empresa con la tecnología y dimensiones para destruir las toneladas de droga que se decomisan aquí.

“Estamos desarrollando un proyecto con financiamiento del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que busca implementar tecnología de plasma comercial de proveedores internacionales para purificación de aire, esterilización de superficies y destrucción de residuos hospitalarios peligrosos en el Hospital Nacional de Niños”, dijo.

En el 2019, en San Pedro, la empresa Plasma Innova, que usa esa técnica, comenzó a vender dispositivos para purificar agua y aire, así como para esterilizar superficies y generar electricidad.

En Estados Unidos se pagaron $286 por cada tonelada de droga destruida, mientras que aquí el costo es de unos $1.623 (¢1 millón).

Según datos suministrados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el costo de incinerar los 71.709.885 kilogramos de cocaína, marihuana ketamina, éxtasis, crack y otras drogas, lo asumió el Instituto Costarricense de Drogas (ICD) y rondó los $20.306 (¢12,4 millones), cerca de ¢60 millones menos en relación con lo que costaría incinerar esos estupefacientes aquí.

Tensa brasa

Anteriormente, ese proceso se realizó varios años en la cementera Holcim, en Aguacaliente de Cartago.

Desde el 2005, el Poder Judicial había firmado un convenio con la empresa cementera para quemar cocaína y otras drogas en sus hornos.

El proceso se hizo normalmente, hasta que en diciembre del 2009, se descubrió que seis empleados de la empresa se apoderaron de 20 kilos de cocaína, mediante un ardid que impidió su caída al horno.

Eso complicó las cosas, por lo que en el 2013 fueron trasladadas 22 toneladas de estupefacientes en un avión de la Fuerza Aérea estadounidense para su destrucción en ese país, por fallas en unos hornos que el OIJ había adquirido para ese fin y que contaminaban mucho.

Sin embargo, el proceso en Estados Unidos también era muy engorroso y caro. Hubo que alquilar camiones, pagar tiquetes de funcionarios y alquilar tarimas para el embalaje de la droga que era llevada a Miami.

En el 2014 se decidió volver a destruir la droga en nuestro territorio, por lo que se acudió de nuevo a la única empresa cementera con hornos capaces de desintegrarla.

Esa empresa capacitó a funcionarios del OIJ, para evitar que personas ajenas participen en la destrucción de las sustancias.

Los agentes fueron instruidos en aspectos como normas de seguridad, uso de vestimenta especial, zapatos con puntas de acero, cascos fosforescentes y demás cuidados que se deben tener al depositar los psicotrópicos en los hornos.

Sin embargo, surgieron nuevas discrepancias y el año pasado se volvió a quemar la droga en Estados Unidos.

Con el apoyo de Estados Unidos para movilizar la carga y la colaboración de la Cancillería para fiscalizar la destrucción, los costos bajaron.

La gestión comienza con la solicitud de un juez a la secretaría general de la Corte, con el fin de que el Poder Judicial pida oficialmente ayuda al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Luego, la Cancillería asigna un cónsul para que protocolice la diligencia judicial en Estados Unidos y con ello se evita el traslado de personas desde aquí.

Consulado fiscaliza

La frecuencia de los envíos de droga no es exacta. Eso depende de la disponibilidad de aviones del gobierno de EE. UU., que por alguna diligencia de esa nación estén en ruta y puedan llevar el cargamento.

Cuando eso ocurre, se aprovecha para realizar el envío, toda vez que los costos de transporte, además del proceso de descarga y recepción de la droga en ese país son donados por el gobierno norteamericano.

En cada envío, la droga se traslada en presencia de un juez desde las bodegas hasta el aeropuerto correspondiente.

Una vez que se carga la cocaína dentro del avión, la cónsul de Costa Rica en Miami actúa bajo la ley costarricense como garante del proceso.

Ella espera el arribo en una base aérea estadounidense y participa activamente desde que llega el avión, durante la descarga y en el traslado hasta la empresa contratada.

Luego permanece en todo el proceso de destrucción de las drogas dejando constancia mediante un acta, de la cual se envía una copia al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

Se trata de los estupefacientes, psicotrópicos y otras drogas que la Policía le quita al microtráfico y a las grandes organizaciones. Todo se moviliza en el mismo avión y se destruye en el mismo incinerador en Miami.

Seguridad prevalece

En aras de la transparencia, la legislación tica dispuso un mecanismo para que toda destrucción de la droga se hiciera ante la prensa; sin embargo desde hace muchos años eso se dejó de lado.

La ley de psicotrópicos (N.° 8204) dispone invitar a los medios de comunicación a esos procesos.

El artículo 97 estipula que, luego de guardar una muestra de la droga en el Departamento de Ciencias Forenses, el resto será destruido públicamente, en presencia de los medios de comunicación y de al menos un miembro del Ministerio de Salud y del OIJ.

“La autoridad judicial competente deberá informar, por cualquier medio de comunicación, del lugar, el día y la hora en que se realizará el acto de destrucción, y deberá actuar personalmente en el procedimiento de destrucción de la droga”, consigna la citada ley, promulgada en 1998.

Aunque las autoridades no han planteado una reforma a ese artículo, argumentan que por razones policiales y de seguridad nacional, por tratarse de cargamentos multimillonarios que a las organizaciones les interesaría recuperar, las destrucciones se realizan sin ese perfil mediático estipulado.

En la actualidad, el costo de cada kilo de cocaína en nuestro país es de unos $7000, es decir más de ¢3,5 millones, el costo en Estados Unidos pasa a $100.000.

Estela criminal

Aunque Estados Unidos y Canadá son de los países más favorecidos con que esas grandes cantidades de cocaína y marihuana decomisadas aquí no lleguen a sus territorios, esos alijos también dejan una marca delictiva en cada país que tocan.

En nuestro país el crimen organizado recluta personas y agrupaciones locales para asegurar el éxito en sus envíos.

Muchas veces esos clanes penetran incluso cuerpos policiales y a miembros del Poder Judicial.

De igual forma, desde hace muchos años, las organizaciones criminales empezaron a pagar directamente con kilos de cocaína, en lugar de usar dinero.

Así, quienes ayudan en el traslado, almacenaje, suministro de combustible para lanchas y demás logística, reciben parte de la carga, revela el más reciente Reporte de Situación del OIJ.

Para convertir esa droga en dinero, las estructuras locales la colocan en el mercado nacional.

Eso repercute en más casas, parques y calles donde se vende cocaína, crack y marihuana para el consumo local.

Ese aumento en la oferta viene aparejado con otros delitos, principalmente homicidios en disputas por territorio para la venta, y eso afecta el turismo, el comercio y la imagen del país.

Así lo explicó el director del OIJ, Wálter Espinoza, en su resumen criminalístico del 2020.