EscucharVecinos de Pavones, en Golfito, Puntarenas, fueron desalojados este lunes pues la Municipalidad local sostiene que sus edificaciones, ubicadas en los primeros 200 metros de la zona marítimo terrestre (ZMT), invaden calles públicas.
Wálter Brenes, abogado que representa a los vecinos afectados, alega que desalojo carece de sustento legal, no corresponde con la realidad topográfica del sitio y podría implicar responsabilidades penales. De acuerdo con el defensor, las notificaciones de desalojo empezaron desde noviembre del 2024.
“La mayoría de los vecinos pertenecen a familias originarias que llegaron hace 70 años. Gente que ha desarrollado actividades comerciales y familiares“, afirmó.
Asimismo, explicó que los actuales trazados viales que aparecen en el plan fueron diseñados hace cerca de 20 años, pero nunca se ajustaron a las calles utilizadas históricamente por los pobladores.
Disputa por legalidad
Según un comunicado emitido por el abogado, este conflicto entre los vecinos y el gobierno local se agudizó en marzo pasado, cuando la Municipalidad intentó ejecutar una orden de demolición, que fue detenida debido a la oposición comunal. De acuerdo con el abogado, en ese momento existía un acuerdo del Concejo Municipal que establecía la obligación de consultar al Instituto Costarricense de Turismo (ICT) antes de proceder con cualquier derribo. Sin embargo, ese acuerdo fue revocado posteriormente.
Según el abogado, el gobierno local pretendía utilizar maquinaria previamente contratada para labores de mantenimiento vial, con el fin de ejecutar las demoliciones de este lunes, lo cual, según él, sería ilegal.
“No existe una contratación administrativa, por parte de la Municipalidad de Golfito, ni presupuesto asignado para demoliciones. El alcalde lo que pretende es utilizar una supuesta licitación pública, que se había sacado para mantenimiento de caminos en Pavones, para utilizar esa maquinaria en la anunciada demolición de este lunes 26, lo cual es ilegal e implicaría una serie de delitos que tendrían que ser investigados por la Fiscalía Penal”, aseguró.
Respuesta municipal
Ante los cuestionamientos, el alcalde Freiner Lara Blanco, en un comunicado oficial, negó que se trate de un intento por desalojar a todo el poblado de Río Claro de Pavones y aseguró que únicamente se intervinieron tres edificaciones y cercas vivas que invadían el derecho de vía de una carretera.
“El proceso que se está realizando es la recuperación del derecho de vía de una carretera de 14 metros establecida en el Plan Regulador Sector Costero: B, Anexo Quebrada El Macho, que actualmente se encuentra invadida por construcciones ilegales”, afirmó.
Argumentó que los desalojos se desarrollan sobre terrenos de la zona marítimo terrestre, que son de dominio público y están bajo administración de la Municipalidad. Agregó que ninguna de las personas afectadas posee una concesión vigente, sino únicamente solicitudes que no les otorgan derechos reales ni administrativos sobre los terrenos.
La Municipalidad insistió en que ha respetado el debido proceso, y en cuanto al uso de maquinaria, el gobierno local respondió que sí cuenta con un proceso de contratación vigente para ejecutar las obras necesarias, que incluyen la colocación de 3,8 kilómetros de asfalto, construcción de cunetas y sistemas de drenaje, como parte de un proyecto de mejora vial para la zona.
Finalmente, la Municipalidad recalcó que ninguna medida cautelar ha sido notificada hasta el momento que impida la ejecución de las obras, y que por respeto a procesos judiciales en curso, no puede brindar mayores detalles.
La Nación planteó consultas adicionales al alcalde, pero el funcionario alegó que, debido a la gran cantidad de preguntas recibidas, se circunscribiría, estrictamente, a lo citado en el comunicado.
