Desde entonces, el hombre está en fuga y existe una orden de captura en su contra, según confirmó el Ministerio Público tras una consulta de este diario.
El ahora prófugo había sido condenado a ocho años de prisión en noviembre del 2021 por el delito el delito de transporte y posesión agravada de drogas en daño de la salud pública (expediente N°. 20-000258-0622-PE).
Esa condena se cumplía el 12 de octubre pasado, de acuerdo con una sentencia del Juzgado de Ejecución de Limón, de la sede Guápiles-Pococí.
Sin embargo, el Tribunal de Flagrancia no solo le había comunicado al Ministerio de Justicia la existencia de una nueva condena, sino que también le informó de que había dictado una medida de prisión preventiva contra Ferguson que debía extenderse hasta abril del 2027, mientras la sentencia quedaba en firme (expediente N°. 26-000459-1263-PE).
Funcionario no vio correo de Tribunal de Flagrancia
La directora de la cárcel Carlos Luis Fallas, Giovanna Cleland Colwille, reconoció que la liberación ocurrió porque el funcionario de la Sección de Derecho que analizó el caso, apellidado García Rodríguez, no vio el correo electrónico que el Tribunal había enviado días antes.
Fue hasta un día después, el 13 de octubre, que otro funcionario halló el correo electrónico mientras realizaba una búsqueda para otro trámite.
De inmediato, el centro penal intentó dar con el paradero de Ferguson y ubicó el teléfono de una tía, sin que a la fecha se sepa dónde está. Así consta en el oficio N.° DCCAILCLF-311-2026, que Cleland Colwille envió este miércoles al Ministerio Público explicando lo sucedido.
De momento, la Fiscalía Adjunta de Pococí informó de que abrió el expediente N.° 26-001477-0485-PE, “en el cual se está investigando a funcionarios de la cárcel, aún sin identificar, que permitieron el egreso del imputado”.
El órgano acusador precisó que a Ferguson Madison “no se le tiene vinculado con la organización de alias Diablo, ni tampoco se le conoce que pertenezca a un grupo criminal conocido de la zona”.
La Nación envió consultas al Ministerio de Justicia, desde la mañana de este jueves, sin que se obtuviera una respuesta a la hora de publicar este artículo.
Directora detalló posibles causas del incidente
Tras la liberación del imputado, el centro penal realizó una reunión para determinar las causas de lo acontecido y establecer medidas correctivas, según detalló su directora, Giovanna Cleland, en el oficio enviado a la Fiscalía.
Entonces, determinó las siguientes causas del incidente:
—El volumen de mensajes colapsó el monitoreo efectivo de la boleta judicial. Anteriormente se disponía de dos correos institucionales, uno para asuntos judiciales. No obstante, las personas remitían de forma indiscriminada a ambos correos, por lo que no surtió efecto.
—El área de secretaría de la dirección operó alrededor de un año con una de las tres plazas existentes. Se debió desmantelar esa secretaría para cubrir otras vacantes críticas.
—Desproporción absoluta entre el volumen de trabajo y el personal disponible. El centro penal alberga a 1.745 privados de libertad, operando con una sobrepoblación del 78%.
—Brechas prolongadas sin personal en el archivo y retrasos en accesos informáticos (la funcionaria nombrada en el 17 de agosto recibió la clave de correo en octubre). A la fecha, la plaza de oficinista del servicio civil 2 se encuentra desocupada.
