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Los mineros ilegales que por años han extraído oro de Cutris de Crucitas, en San Carlos, están utilizando nuevas técnicas y se expandieron a otros puntos en la Zona Norte, alertó ante los diputados el ministro de Seguridad, Mario Zamora, este lunes en una comparecencia en sesión extraordinaria del plenario legislativo.
Zamora señaló que los coligalleros se han transportado a través de la montaña, por la ribera del río San Juan, hasta encontrar puntos de extracción en el Cerro Las Conchuditas, en Sarapiquí.
Detalló que el impacto inicial de los coligalleros era de unas 900 hectáreas, y ahora se ha incrementado hasta las 3.000 hectáreas.
Esta expansión también incluye la creación de túneles y piletas para extraer el oro, un sistema distinto al tradicional uso de tómbolas con cianuro y mercurio.
“Más de 130 de estas piletas han sido ubicadas, aumentando el poder contaminante y la afectación en la zona de Crucitas, esto lleva también destrucción de la capa boscosa de bosques primarios que existían en ese lugar”, afirmó el jerarca.
En Las Conchuditas también se localizaron sacos con sedimento que contenía cuarzos de los cuales, al ser procesados con mercurio, podría extraerse el oro.
Zamora indicó que de octubre del 2025 a la fecha se decomisaron más de 16.000 sacos. Aseguró que esos sacos son enviados a Nicaragua, donde son comprados por empresas chinas que extraen porcentajes aún más altos del oro incluido en esa tierra. Sin embargo, aseguró que no existe ninguna coordinación entre los cuerpos policiales de Costa Rica y Nicaragua.
Esta forma artesanal de extraer el material aurífero provoca serios daños a la naturaleza ya que, para llegar hasta las vetas, los coligalleros hacen excavaciones en los cerros, talan los árboles y abandonan en la zona grandes cantidades de materiales plásticos, entre otras prácticas ilegales.
El jerarca agregó que los coligalleros también están destruyendo los mojones que definen la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, con la intención de escapar con mayor facilidad cuando hay presencia policial.
Señaló además que las operaciones en Crucitas le cuesta $1 millón al mes al Ministerio de Seguridad Pública. Ante consulta de la diputada independiente, Kattia Cambronero, Zamora detalló que en la zona hay asignado 200 efectivos policiales para combatir la minería ilegal.
Asimismo, el diputado Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP), preguntó al ministro si el desalojo del pueblo fronterizo de las Chorreras, en Cutris, impactó de alguna forma la situación de la minería.
Zamora aseguró que esa localidad era la base de operación de los coligalleros, y que el pueblo entero fue desalojado por una orden judicial.
