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El expresidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (1998-2002) fue absuelto por peculado en el Tribunal Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, por el caso Reaseguros, donde se juzgaron hechos denunciados hace 25 años.
El caso se refiere supuestos pagos indebidos, realizados por empresas reaseguradoras del Reino Unido a funcionarios públicos en el 2001, para convertirse en las compañías reaseguradoras del Instituto Nacional de Seguros (INS).
En esta causa, además del exmandatario Rodríguez, figuraban el exjefe de Reaseguros del INS, Álvaro Antonio Acuña Prado (73 años); Ronald Bonilla Rodríguez, exjefe de Reaseguros del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y dos exfuncionarios del ICE, Antonio Corrales Moya y Ramón Lara Molinari. Todos absueltos por el delito de peculado.
Dicho delito ocurre cuando funcionarios públicos sustraigan o distraigan dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia le fue confiada en razón de su cargo. El peculado está tipificado en el artículo 361 del Código Penal, se pena con cárcel de tres a 12 años.
Al razonar las absolutorias, la jueza Mercedes Muñoz argumentó que, tras el análisis de la prueba, se determinó que los dineros girados a los funcionarios acusados eran recursos privados, de las reaseguradoras y, por lo tanto, “es imposible que se cometa el delito de peculado”.
La juzgadora explicó que, en la negociación de reaseguros, era frecuente que los corredores y las reaseguradoras otorgaran capacitaciones a los funcionarios del INS o del ICE, y esto incluía el pago de boletos aéreos, hospedajes, matrículas a convenciones, entre otros.
“Esta plata, claramente, sale de fondos privados de las aseguradoras y de los corredores. Este criterio del Tribunal coincide con los reiterados informes que constan en el expediente, emitidos por la Contraloría General de la República de previo a que se formularan las acusaciones. (...) Los dineros con ocasión de un contrato para un reaseguro que llegan a las empresas reaseguradoras o a los honradores son fondos privados, bajo ninguna circunstancia pueden considerarse fondos públicos”, argumentó Muñoz, quien integró el tribunal junto con Andrés Saborío y José Alberto Tenorio.
A la salida de la sala de juicio, Miguel Ángel Rodríguez, de 86 años, le agradeció a Dios por el resultado y lamentó que su esposa, la exprimera dama Lorena Clare –fallecida el pasado 17 de marzo– no estuviera presente para escuchar el veredicto.
“Lo que me llegó al corazón y lo que justifica el haber vivido todo este proceso es cuando la señora presidenta (del tribunal) dijo que no había ni un solo hecho que me relacionara con un plan delictivo, que se me ha venido atribuyendo por la imaginación y el invento de la Fiscalía y del Instituto Nacional de Seguros”, declaró.
Los ‘errores’ de la Fiscalía
La jueza Mercedes Muñoz reprochó que los hechos acusados, que son prácticamente una copia de las querellas y las acciones civiles resarcitorias, contienen una serie de falencias, entre ellas, que se acusa a los funcionarios públicos por sustracción y distracción de fondos públicos, utilizando los verbos como sinónimos y no hace una distinción de las conductas que habrían realizado las personas imputadas.
Luego de razonar que el peculado no ocurrió, el Tribunal desestimó las querellas y las acciones civiles resarcitorias y condenó al Estado al pago de una cifra que supera los $3 millones por las costas procesales y el estimado por daños y perjuicios en favor de los denunciados y la Defensa Pública.
“A sabiendas de que esto no era delito (los fiscales) decidieron acusar y la consecuencia lógica es precisamente la condena en costas”, argumentó la jueza, quien de inmediato indicó que la sentencia será comunicada al Ministerio Público y al fiscal general, para lo que corresponda.
“Considera el Tribunal que desde que se inició este proceso hay serios problemas en la investigación, en el procedimiento que incluso en conclusiones el Ministerio Público decidió pedir condenas sumamente altas, basados en pruebas espuria, prueba que ya había sido declarada desde hace más de 10 años como espuria y tienen conocimiento que no la podían utilizar. Es por ello que ante estas y otras irregularidades se les está comunicando a la Fiscalía General”, concluyó.
El caso Reaseguros: una extensa cadena de atrasos
El caso de reaseguros del INS acumula más de dos décadas de investigaciones, apelaciones y retrasos judiciales. La causa se originó por presuntos pagos indebidos vinculados con la contratación de reaseguros internacionales por parte del Instituto Nacional de Seguros (INS) entre finales de los años noventa e inicios de los 2000.
La investigación se dividió en dos expedientes. Uno aborda el aparente pago de $2,1 millones que habría realizado la reaseguradora londinense PWS entre 1998 y 2002, mientras que el otro se relaciona con supuestas comisiones y viajes financiados por las corredoras Guy Carpenter y Willis Re durante el 2001. Ambos expedientes fueron acumulados en agosto del 2013.
Además del expresidente Miguel Ángel Rodríguez, la causa involucró a exjerarcas y exfuncionarios del INS, el ICE y familiares de algunos de los imputados. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) sostiene que los acusados habrían incurrido, presuntamente, en el delito de peculado.
El recorrido judicial ha estado marcado por múltiples obstáculos pues el Juzgado Penal se tardó 12 años y siete meses en la fase preparatoria.
En el 2013, un juzgado dictó sobreseimiento a favor de los imputados tras considerar ilegal el uso de pruebas bancarias provenientes de Panamá, Estados Unidos y Reino Unido. Sin embargo, un Tribunal Penal anuló esa resolución en el 2014 y ordenó retomar el proceso, aunque mantuvo la exclusión de dichas pruebas.
Posteriormente, el caso fue enviado a juicio en varias ocasiones, pero las decisiones fueron anuladas o impugnadas. En el 2015 se ordenó elevar la causa a debate, resolución que fue anulada en el 2016 tras una recusación presentada por la defensa. Un año después, en diciembre del 2017, nuevamente se dispuso enviar el expediente a juicio y, finalmente, en junio del 2018, el Tribunal Penal de Hacienda confirmó esa decisión.
Aunque inicialmente se programó el juicio para desarrollarse entre enero y mayo del 2021, la convocatoria fue suspendida debido a la pandemia de Covid-19 y a la detección de 4.809 folios en inglés que debían traducirse al español. Ese proceso de traducción, afectado incluso por la renuncia de un traductor designado, prolongó aún más la causa.
En febrero del 2022, la Sala Constitucional acogió un recurso de amparo presentado por el expresidente Rodríguez y condenó al Estado (Poder Judicial) a tomar las medidas pertinentes para que “el proceso del tutelado sea tramitado de manera expedita”.
Finalmente, el juicio empezó en agosto del 2025 y concluyó este viernes, 25 años después de la apertura del expediente.
En la causa también figuran como acusados el expresidente ejecutivo del INS, Cristóbal Zawadzki Wijtasiak, de 87 años, y la esposa de Álvaro Acuña, Roxana Cordero Bogantes, de 69 años. A ambos se les abrió un testimonio de piezas (expediente aparte) por motivo de enfermedad. Ambos legajos están pendientes de juicio.
