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El expresidente de la República Luis Guillermo Solís (2014-2018) irá a juicio por el Caso Bancrédito casi una década después de haber dejado el poder. Junto a él serán juzgados cuatro miembros de su gobierno.
La oficina de prensa del Poder Judicial confirmó a La Nación que la previsión es que el debate se realice del 26 de febrero al 18 de mayo del 2027, en el Segundo Circuito Judicial de San José, en Goicoechea.
El exmandatario manifestó anoche que hubieran preferido “una fecha menos lejana”. No obstante, dijo, comprenden las complejidades de las agendas de los tribunales.
“Como lo hemos hecho hasta ahora, participamos en ese proceso con absoluto respeto de las autoridades judiciales y con total seguridad de que demostraremos que todas las actuaciones realizadas con ocasión del cierre ordenado de Bancrédito fueron absolutamente apegadas a la ley y realizados para preservar el interés público, y sin costo para el país y todos los involucrados. Fue un cierre exitoso”, afirmó.
Los hechos en el caso Bancrédito
La decisión de elevar el caso a juicio fue tomada en diciembre del 2024 por el Juzgado Penal de Hacienda, y se refiere a hechos que ocurrieron en el 2017.
Además de Solís, también figuran como imputados Helio Fallas Venegas, exvicepresidente y exministro de Hacienda; Sergio Alfaro Salas, exministro de la Presidencia; Martha Cubillo Acosta, exviceministra de Egresos y extesorera nacional; y Mauricio Arroyo Rivera, entonces subtesorero nacional.
Esta causa, llevada dentro del expediente 20-000115-1218-PE, se tramita por los delitos de influencia contra la Hacienda Pública y falsedad ideológica. Solís ha rechazado públicamente los cargos y sostiene que, más bien, se produjo un cierre ordenado de Bancrédito que no afectó el sistema financiero nacional.
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La Fiscalía achaca a los sospechosos un traslado de fondos al Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) sin sustento técnico y con baja posibilidad de retorno, antes de que la entidad fuera liquidada y cerrara sus puertas el 30 de noviembre del 2018.
Los problemas de la entidad financiera empezaron entre el 2016 y 2017, cuando atrasos en el pago de unas operaciones de crédito empresarial impactaron sus ganancias, alcanzando los ¢11.540 millones en préstamos con problemas de pago.
Ante el riesgo de que Bancrédito entrara en cesación de pagos, el gobierno ordenó al sector público elevar sus inversiones en el banco, y así el Ministerio de Hacienda realizó depósitos atípicos por ¢118.000 millones.
“Aparentemente, dicha maniobra buscaba impedir que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) llegara a decretar la intervención del banco debido a los serios problemas de liquidez que enfrentaba y, por ende, evitar que la imagen de la administración Solís Rivera se viera dañada”, argumentó la Fiscalía hace dos años, en julio del 2023, cuando anunció la acusación.
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A pesar de estos ingresos, la Junta Directiva de Bancrédito pidió a Solís el cierre de la institución, en octubre del 2017. En setiembre del 2018, se aprobó que la entidad fuera absorbida por el Banco de Costa Rica (BCR), y dos meses después cesó oficialmente sus operaciones.
