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La organización de tráfico ilegal de migrantes conocida como los Talibanes, desarticulada este martes en Los Chiles de Alajuela por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía, implementó una particular logística de arrendamiento de calzado para facilitar el paso irregular de extranjeros por la frontera norte.
El expediente judicial de este caso detalla que los coyotes alquilaban de botas de hule a las víctimas para poder caminar mejor en terrenos pantanosos; razón por la que la Fiscalía Adjunta Contra la Trata de Personas y Tráfico ilícito de Migrantes (FACTRA), ordenó recopilar evidencia de este calzado específico.
Esta peculiar logística operativa era una de las múltiples aristas de la agrupación que, según el director interino del OIJ, Michel Soto, “tenía una estructura horizontal”, que carecía de cabecillas y más bien era más una forma de “economía criminal”.
Según el documento judicial, el grupo se habría constituido desde el 2021 y no solo se dedicaba al tráfico ilícito de migrantes, sino también a la comisión de robos agravados, venta de drogas y homicidios, en perjuicio de los mismos extranjeros.
8 vigilantes y 29 transportistas
Soto detalló que esta organización movilizaba de manera ilegal entre 150 a 200 personas por día, o sea de 4.500 a 6.000 migrantes al mes, que les generaban ganancias por más de ¢70 millones. Esto los obligaba a tener una clara división de funciones.
Las autoridades identificaron a ocho personas en el rol de “informantes o vigilantes (campanas)”, encargados de ubicarse en lugares estratégicos para monitorear y alertar a los “transportistas” sobre los movimientos de la Policía, así como la entrada y salida de unidades desde y hacia las zonas de captación de migrantes en las inmediaciones de la frontera con Nicaragua.
En este grupo de vigilantes, el expediente destaca el papel de enlace de una mujer identificada con los apellidos Mondragón Mondragón.
La red contaba con al menos 29 sujetos identificados en la función de “transportistas”, quienes además de hacer los traslados de las personas a suelo costarricense sin cumplir con las leyes migratorias, se comunican con Mondragón y otros informantes, manteniendo un flujo de datos en tiempo real.
El expediente describe el modus operandi de los transportistas, que ocultaban a los migrantes durante el recorrido, para que no fueran descubiertos por las autoridades pero, en determinado momento, mediante intimidación y violencia los despojan de sus bienes: dinero y teléfonos celulares”.
Cinco policías cómplices
La prolongada operación de la red criminal se facilitó gracias a la aparente colaboración de cuatro oficiales de Fuerza Pública y un policía de Migración.
El documento especifica que se trata de los funcionarios: Jarquín Jiménez, Rocha Fletes, Molina Jiménez, Sandoval Torrentes y Morales Solano.
Según la investigación, estas personas facilitaban la ejecución del tráfico ilícito, “obviando en los puestos de control solicitar a las personas la documentación de ingreso al país, o bien alertando a la organización criminal sobre presencia policial en carretera”. Por esa alerta, cada policía recibía un pago de ¢10.000, precisó el director interino del OIJ.
Migrante asesinado
Además de los asaltos y el tráfico de personas, la FACTRA documentó la escalada violenta de la banda, específicamente el homicidio de un hombre identificado como Nelson García Duarte, crimen registrado el 13 de junio de 2025.
Sobre esta muerte, el expediente revela que los hechos habrían ocurrido mientras García Duarte fue transportado en el vehículo marca Toyota. “Según lo escuchado en la intervención (telefónica) el ofendido fue golpeado con unos tubos”, agrega el expediente judicial.
El documento identifica la participación de tres sospechosos durante el trayecto mortal, los hombres son de apellidos Rojas Ruiz, Espinoza Reyes (conducía el vehículo) y Rodríguez (los dos últimos serían quienes agredieron al fallecido con un tubo).
La FACTRA informó de que están en la atención de las 50 personas detenidas para tomarles la declaración indagatoria y la valoración de la respectiva solicitud de medida cautelar.
“Por tratarse de gran cantidad de imputados, no es posible informar con total certeza a qué hora iniciará la audiencia y cuántos días tardará”, reportó la Fiscalía, mientras que el fiscal general Carlo Díaz, explicó que se pedirá prisión preventiva para varios de los presuntos implicados.
La solicitud de cada medida dependerá de la participación en la estructura delictiva y de los peligros procesales que se determinen.
En el caso de los policías, “se valorará si corresponde una medida cautelar simplemente o una medida cautelar más gravosa como sería la prisión preventiva”, puntualizó Díaz.
