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A simple vista, los edificios del centro de San José concentran su actividad comercial en las primeras plantas. Tiendas, restaurantes, sodas y todo tipo de negocios abarrotan las aceras, pero los pisos superiores parecen estar vacíos. Sin embargo, entre los locales, estrechos pasillos conducen a las entrañas de un San José desconocido, donde miles de personas viven hacinadas y en condiciones severas de riesgo y salubridad.
Tras la fachada roja de un edificio esquinero, sobre la avenida 7, al menos una decena de personas vivía entre basura, colchones sucios, sábanas y almohadas en condiciones precarias. Malos olores, prendas húmedas, medicamentos y botellas se amontonaban sobre las camas. El lugar apenas contaba con ventilación, carecía de servicios sanitarios adecuados y los inquilinos dependían de un único acceso y escape.
El establecimiento, identificado como “hotel” en su fachada, fue uno de los 11 inmuebles clausurados de oficio por la Policía Municipal el pasado viernes 10 de octubre, durante un operativo que intervino un total de 29 estructuras habitacionales, todas en condiciones que hacían imposible albergar vida humana.
Algunas de estas construcciones estaban en peor estado que otras, pero la tendencia habitacional se repite incluso en las calles más transitadas de los distritos centrales. Tras puerta cerrada, se esconden paredes rayadas y húmedas; algunos colchones se apoyan sobre las ventanas para bloquear la luz, otros yacen sobre cartones o, con suerte, sobre un catre. Papel higiénico y bolsas plásticas se dispersan por las habitaciones.
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El último censo de cuarterías, realizado en el 2024 por el Comité Municipal de Emergencias de la Municipalidad de San José, el Cuerpo de Bomberos y otras instituciones públicas, identificó 499 cuarterías en el casco central, que albergarían a unas 15.000 personas. Sin embargo, la cifra podría ser aún mayor, ya que el estudio no incluye los distritos Catedral y Hospital, donde también abundan este tipo de establecimientos.
Según Marcelo Solano, director de la Policía Municipal, muchas cuarterías albergan a adultos mayores, trabajadores y niños que salen a diario a la escuela. No obstante, en los sectores más deteriorados también se encuentran poblaciones vulnerables como migrantes, personas en situación de calle con consumo activo de drogas e inquilinos con conflictos legales.
Aunque los edificios del centro son los más utilizados para estos asentamientos, las autoridades también han intervenido viviendas particulares. Uno de los casos más recientes ocurrió ese 10 de octubre en una casa cercana al Museo de los Niños. Detrás de su fachada descascarada vivían 20 personas, y la Policía Municipal halló condiciones tan severas que algunos oficiales ingresaron con guantes y mascarilla.
“Lo digo de manera muy fría: la cantidad de personas en condición de pobreza es tan grande, lamentablemente, que ya no caben en los precarios. Entonces hay una extensión precaria de los anillos de pobreza alrededor de la ciudad, que se adentran y se mimetizan con cualquier edificación disponible”, explicó Solano, director de la Policía.
Según el jefe policial, la capital se ha convertido en una ciudad con decenas de edificaciones desocupadas que, ante la falta de uso formal, se transforman en cuarterías para paliar la creciente necesidad de vivienda.
Lo que queda en San José
Sobre la avenida 8, en el barrio chino, un edificio se anuncia como hotel. “Seguro y familiar”, se lee en la entrada. Las tarifas van desde los ¢5.000 por dos horas, hasta los ¢7.000 por cuatro, pero las medidas de prevención contra incendios son inexistentes, y un fuerte olor a humedad se desprende de su estructura, de antiguos pisos de madera.
En la misma avenida, a pocos metros, otro establecimiento recibe a sus inquilinos bajo el mismo rótulo. Paredes improvisadas conducen a un largo pasillo en la segunda planta, donde cables eléctricos quedan expuestos en el techo, sin alarmas, detectores de humo ni una salida de emergencia.
Ambos establecimientos fueron intervenidos por la Policía Municipal, el Patronato Nacional de la Infancia, el Ministerio de Salud y el Instituto Mixto de Ayuda Social el 16 de octubre durante otro operativo en cinco locales. En este último se halló una bebé, de tan solo cinco meses, en un cuarto caliente y sin ventilación, pese a que el establecimiento no admite el ingreso de niños.
Tomás Martínez, coordinador de la iniciativa Reactivación Inmobiliaria del Centro Histórico de San José del Tecnológico de Costa Rica, describe el fenómeno de las cuarterías como el formato de vivienda más activo que queda en San José.
“Puedo decir que hay demanda (de personas)”, indicó.
Él, junto a varios profesionales, ha estudiado el casco central desde hace varios años, con el objetivo de proponer nuevas formas para habitar el centro. Los datos sobre las cuarterías, sin embargo, afirma que no son precisos, pues incluso se han construido nuevas estructuras en los últimos años, de bajo costo y rápida ejecución, pensadas justo para ese objetivo y para cierto perfil.
En Costa Rica no existe una normativa específica para las cuarterías. Muchos de estos lugares operan en viviendas donde la intervención es compleja, o se amparan bajo permisos comerciales que les permiten funcionar. Según Solano, lo que ocurre en San José es una mezcla de actividades bajo distintas categorías de licencia que, en la práctica, desvirtúan los permisos y encubren un uso habitacional que no cumple con las condiciones mínimas.
Estos espacios, caracterizados por el hacinamiento y la multiplicidad de cuartos improvisados, se han identificado en todo tipo de edificaciones en los últimos cinco años: pensiones, casas antiguas, parqueos techados, bodegas y hasta fruterías, donde familias enteras dormían sobre colchones entre cajas y estantes.
Hace apenas un mes, las autoridades hallaron la cuartería más grande de la capital en un conjunto de bodegas ubicadas detrás del Museo de los Niños. El 1.º de setiembre, la Policía Municipal ingresó al sitio y encontró 300 personas viviendo dentro de estructuras metálicas. No había iluminación, ventilación ni electricidad, y todos compartían un solo baño.
Entre los inquilinos había niños que, frente a sus aposentos improvisados, colocaban sus carritos de juguete para rodar frente a la fila de cuartos. Durante la noche, se hacinaban con sus padres entre las paredes de lata, y un candado los mantenía “seguros”.
Aunque las cuarterías adoptan distintas formas, la Municipalidad ha priorizado la atención de aquellas que operan como hoteles, debido a la necesidad de coordinar operativos con múltiples instituciones y al riesgo que podrían representar para las personas que residen en su interior. Estos hoteles suelen ser frecuentados por parejas que solo pasan algunas horas, aunque hay quienes los han adoptado como su hogar.
Riesgo de incendio
El pasado 2 de octubre, una explosión despertó a los inquilinos del Hotel Oriente y el fuego se propagó en segundos por el tercer piso del edificio, ubicado 50 metros al sur del Mercado Borbón.
La mayoría logró escapar entre empujones por el pasillo, pero cinco personas murieron atrapadas. El sitio, que tenía los permisos de Salud al día, no contaba con una salida de emergencia adecuada y, pese a tener licencia para operar como hotel, varios inquilinos contaron a La Nación que vivían allí desde hacía más de 20 años, pagando tarifas diarias para extender su estadía unas horas más.
“El reciente incendio no es la causal principal de los operativos de regulación, porque realmente ya se venía trabajando en ese tema desde pandemia y ya se contaba con edificaciones que habían sido desalojadas y clausuradas. Sin embargo, naturalmente, el incendio nos recuerda a todos quienes tenemos diferentes ámbitos de competencia la urgencia de acelerar cualquier tipo de acción”, afirmó Solano.
Escasas o inexistentes salidas de emergencia, sistemas eléctricos deteriorados y sobrecargados, son parte del patrón en este tipo de establecimientos. El riesgo es latente para los miles de personas que hoy los habitan.
Este medio envió consultas al Ministerio de Salud el 15 de octubre para conocer el número de establecimientos en el casco central bajo alerta sanitaria; sin embargo, al cierre de esta nota no hubo respuesta. También se solicitó una entrevista al Instituto Mixto de Ayuda Social, pero pidieron enviar las preguntas al correo electrónico.
