EscucharEl caso del ataque armado en San Pedro de Montes de Oca contra el dirigente opositor nicaragüense Joao Maldonado y su esposa, Nadia Robleto, está en juicio más de dos años y casi nueve meses después del atentado.
El debate inició el pasado viernes 18 de septiembre con la lectura de la acusación formulada por el Ministerio Público contra el presunto gatillero, un costarricense de apellido Jacobo.
En conversación con La Nación, el abogado a cargo de la querella en representación de los nicaragüenses, Marlon Medina, confirmó que su intención es solicitar la pena de cárcel máxima contra el único imputado, debido a la gravedad del ataque y las consecuencias que dejó a las víctimas.
Esto significa que pedirá 70 años de cárcel por dos tentativas de homicidio calificado en perjuicio de sus defendidos.
Tanto la acusación de la Fiscalía como la querella sostienen que hubo una planificación previa, seguimiento de las víctimas y coordinación entre varias personas para ejecutar el ataque armado contra Joao y Nadia.
La querella, además, ofrece grabaciones de seguridad, análisis telefónicos y evidencia digital para sustentar esa imputación, que será examinada y debatida en el juicio.
El abogado justificó que la magnitud del daño es un fundamento central de su posición y su solicitud de la pena. Según los dictámenes médico-legales reseñados en la querella, Joao sufrió ocho heridas por proyectil de arma de fuego, con lesiones internas que comprometieron su vida y le causaron una incapacidad temporal de un año.
El opositor todavía está en tratamiento y ha tenido que someterse a varias cirugías.
Nadia, por su parte, sufrió una lesión medular con parálisis de sus miembros inferiores y una incapacidad permanente del 70%.
“Son consecuencias que transformaron profundamente sus vidas. Sostenemos, además, que la muerte de ambos se evitó gracias al auxilio recibido y a la atención médica oportuna. Que hayan sobrevivido debe valorarse junto con la intensidad del ataque, el peligro real para sus vidas y las graves secuelas que quedaron”, justificó el abogado.
Aunque el ataque habría sido coordinado por varias personas, el Ministerio Público solo acusó a Jacobo, pues logró recabar los indicios para sostener una acusación solo contra él. Por el momento, no se tiene claridad sobre la situación jurídica del resto de los sospechosos y estos están a la espera de una audiencia programada para enero del 2027.
Desestiman primer ataque armado
El evento que está en juicio es el segundo atentado que sufrió este opositor nicaragüense exiliado en Costa Rica. El primero ocurrió en septiembre de 2021.
En ese momento, Maldonado resultó gravemente herido luego de ser baleado por dos motorizados mientras viajaba en un vehículo por Escazú. Para entonces, el disidente coordinaba la Unidad de Exiliados Nicaragüenses (UEN) en nuestro país y se encontraba en los preparativos de una manifestación contra el régimen de Daniel Ortega.
Jeffer Bravo, secretario de la UEN, confirmó entonces a La Nación que el ataque ocurrió a las 4:58 p. m. frente a la iglesia evangélica Casa de Alabanza en Escazú.
Indicó que de acuerdo con el relato de una persona que acompañaba a Maldonado, los motociclistas se detuvieron junto al carro y realizaron varias detonaciones al lado del conductor.
“No fue accidental, así lo está diciendo el que andaba con él, la moto se paró y comenzó a detonarle en la ventana. Eso fue un atentado dirigido, las amenazas son constantes hacia nosotros”, aseveró ese día Bravo.
En el caso de ese ataque, de acuerdo con el abogado de Joao y Nadia, los investigadores del Organismo de Investigación Judicial no hallaron indicios para acusar a ninguna persona sospechosa y por eso se dictó una desestimación de esta causa.
En caso de que surjan nuevos indicios dentro del plazo de prescripción, dijo, se podría volver a abrir el caso.
