Yeryis Salas. 24 enero
Los jueces Maureen Long Ureña, Alfredo Arias Calderón y Franz Paniagua Mejía condenaron a Daniel Alberto Mora Monge a siete años de prisión por la muerte de una ciclista. Foto: Jose Díaz/Agencia Ojo por Ojo.
Los jueces Maureen Long Ureña, Alfredo Arias Calderón y Franz Paniagua Mejía condenaron a Daniel Alberto Mora Monge a siete años de prisión por la muerte de una ciclista. Foto: Jose Díaz/Agencia Ojo por Ojo.

La sentencia de siete años de prisión impuesta a Daniel Alberto Mora Monge por matar a una ciclista con su vehículo será revisada, el próximo 20 de febrero, en el Tribunal Penal de Goicoechea.

A esta audiencia se deberán presentar los testigos y el imputado, quien fuera liberado con tobillera electrónica el 19 de julio del 2019, después de pasar los cinco meses anteriores en la cárcel de San Sebastián.

Si la pena baja a seis años o menos de cárcel, Mora podría recibir el beneficio de cumplir la sentencia bajo el sistema de monitoreo electrónico y, así, evitar ir a prisión.

El hombre, de 35 años, fue condenado por la muerte de Lucía del Carmen Mata Durán, de 38 años, ocurrida el 21 de marzo del 2017. Además, se le ordenó pagar ¢117 millones a los papás de la mujer.

Mata y otros tres ciclistas fueron arrollados el 29 de enero de aquel año, en Curridabat, por el auto que manejaba Mora, quien huyó del sitio y se entregó 10 horas después.

Los cuatro afectados murieron por las lesiones sufridas, pero los familiares de la otras tres víctimas acordaron conciliar con el responsable por un monto que no trascendió.

Manuel Campos, abogado de la familia de Mata, explicó que la nueva decisión del Tribunal podría tomarse ese mismo 20 de febrero, o podría quedar para otro día.

Este veredicto también estará sujeto a recursos de apelación y casación ante Sala Tercera.

La Nación intentó contactar al abogado defensor, José Pablo Badilla, pero no respondió las llamadas ni mensajes.

El pasado 10 de julio, el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito Judicial de San José ordenó revisar la sentencia, luego de acoger uno de los siete reclamos presentados por Badilla.

Dicho órgano calificó como “jurídicamente inadmisible” que la pena fuese aumentada debido a la negativa de Mora de colaborar con la investigación y presentar prueba en su contra.

En sus objeciones, Badilla alegó una “actitud arrogante de los jueces” al imponer más de seis años y evitar que el condenado cumpliera la pena con tobillera.

El defensor alegó que los juzgadores “se dejaron guiar por un populismo punitivo” y agregó que Mora “es un ciudadano ejemplar, con lazos familiares sólidos, sin antecedentes policiales, con un proyecto de vida útil”.

Luego de la respuesta favorable del Tribunal de Apelación, Badilla pidió un cambio en las medidas cautelares impuestas a su cliente, solicitud que también fue aceptada.

Entonces, Mora ingresó al sistema de monitoreo electrónico con la condición de firmar cada 15 días, no salir de Costa Rica, entregar su pasaporte, mantener domicilio fijo y conservar su trabajo actual.

Asimismo, se estableció que solo puede salir de su casa, en Curridabat, hacia su trabajo, en Tibás; a los tribunales o a un centro médico, en caso de ser necesario.

La defensa elevó este caso a Sala Tercera, pero en noviembre pasado los magistrados dejaron en firme la culpabilidad de Mora.