Carlos Arguedas C.. 20 enero
El dinero en disputa forma parte de una inversión que hizo un ciudadano alemán desde 1998. Una parte importante estaba en efectivo, el resto corresponde a propiedades. (Foto con fines ilustrativos de Pixabay).
El dinero en disputa forma parte de una inversión que hizo un ciudadano alemán desde 1998. Una parte importante estaba en efectivo, el resto corresponde a propiedades. (Foto con fines ilustrativos de Pixabay).

La Sala Tercera de la Corte confirmó la culpabilidad del abogado Carlos Roberto Loría Quirós, en un fraude que le permitió apoderarse, en un lapso de seis años, de bienes valorados en $41 millones (unos ¢23.000 millones), que eran producto de la herencia de un ciudadano alemán.

La decisión la tomaron los magistrados el pasado 13 de diciembre, según el voto 1587-2019, cuando resolvieron varios recursos de casación presentados en contra de la condena de ocho años de prisión impuesta al litigante, el 13 de julio del 2018, por los delitos de administración fraudulenta y fraude de simulación.

En el fallo, los altos jueces sí acogieron una impugnación presentada por los abogados Gerardo Huertas Angulo y Hugo Santamaría Lamicq para que, un nuevo tribunal, fije un nuevo monto de la pena a imponer, pero con los debidos razonamientos.

Asimismo, en el nuevo debate se debe establecer con mayor claridad el monto a conceder por concepto de indemnización y lo concerniente a costas del proceso.

En este caso, los defensores de Loría, de 72 años, también lograron que el Tribunal Penal concedieran su excarcelación el pasado 18 de diciembre. Al litigante le habían impuesto seis meses de prisión preventiva y se encontraba recluido en el Centro de Adulto Mayor del Complejo Penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela.

Al conceder la libertad, el tribunal impuso a Carlos Roberto Loría impedimento de salida del país y firmar una vez al mes.

Breve historia del caso

El caso que se juzgó analizó hechos que empezaron a desarrollarse en 1998, cuando llegó al país el inversionista alemán Wolff Ulrich Schneider para comprar terrenos, especialmente en el área costera del Pacífico sur.

Este hombre falleció en febrero del 2004 de forma natural, cuando se encontraba en Bélgica. Los negocios en Costa Rica los manejaba por medio de Mario Carazo Zeledón, quien era el socio y apoderado de los bienes.

Tras la muerte de Schneider, su esposa, Petra Schneider, pidió a Carazo que le entregara los terrenos, pero este se negó, pues no tenía claro si era la voluntad de Wolff Ulrich, razón por la cual puso los bienes en un fideicomiso.

Petra logró que un Juzgado de Hamburgo, Alemania, la declarara a ella y Elfriede Schwarzkoph de Schneider (madre de Ulrich) como las herederas, por lo cual se abrió un proceso sucesorio en el Juzgado de Menor Cuantía de Parrita y Quepos.

En el 2005, la mujer alemana contactó a Carlos Roberto Loría y le encomendó representarla en el proceso para retomar los bienes.

Precisamente, Loría y su esposa, de apellido Bedaña, se hicieron cargo de los asuntos legales de Petra Schneider y fue entonces cuando se creó una sociedad llamada Deco Asesorías S. A. a la cual, en un inicio, se le cedieron los derechos para reclamar los bienes de la herencia.

En su fundación, esa sociedad tenía como socias a las señoras Petra y Elfriede, pero con el paso de los meses, quedó en manos de Loría y Bedaña.

Según la sentencia condenatoria 865-2018, dictada el 13 de julio del 2018 por el Tribunal de Juicio de San José y que fue firmada por los jueces Maribel Bustillo Piedra, Laura Sánchez Sánchez y Alberto García Chaves, Deco Asesorías logró asumir, con el tiempo, el control de cerca de 25 propiedades ubicadas en los cantones de Osa y Quepos, en Puntarenas, las cuales tenían un gran valor económico

Algunas de esas fincas estaban en la llamada zona marítimo terrestre, es decir, tenían acceso a la playa.

Según el fallo judicial, a Loría se le responsabilizó presuntamente de falsificar escrituras, realizar falsos pagos y otros engaños, que le permitieron apropiarse de los bienes del inversionista alemán.

“Todos los papeles y libros estaban en la caja fuerte de Carlos Loría y no sé que los hizo. Sin mi autorización, hizo todo por debajo y detrás de mi espalda. Yo no di autorización; solo la di para guardar. Él lo que quiere es el dinero y quedarse con las propiedades (...) He sido muy perjudicada, perdí millones y propiedades. Mi situación está muy mal, tengo solo dinero para comer y sobrevivir”. Petra Schneider, durante el juicio.

En aquella ocasión lo jueces ordenaron a Loría devolver el dinero producto del fraude (los $41 millones) además de asumir las costas del juicio, estimadas en ¢2.356 millones, y pagar ¢134 millones, al abogado penalista Francisco Castillo González, pues se acreditó que fue despojado de los honorarios por servicios profesionales prestados durante el desarrollo de este caso.

La Sala Tercera de la Corte analizó el caso en la sesión del pasado 13 de diciembre. Este es el por tanto.
La Sala Tercera de la Corte analizó el caso en la sesión del pasado 13 de diciembre. Este es el por tanto.