Judiciales

Procuraduría insiste en que pruebas obligarán al PAC a pagar ¢180 millones más por estafa al TSE

Abogado defensor del Partido Acción Ciudadana dice que pruebas son “abstractas”

La Procuraduría General de la República terminó sus conclusiones en un juicio de reenvío donde apela una sentencia del 2016, para elevar en unos ¢180 millones el cobro que se le hizo aquella vez al Partido Acción Ciudadana (PAC) por estafa.

Al PAC se le condenó hace cinco años a pagar ¢352 millones más los intereses y las costas procesales, por 179 contratos ficticios que presentó en el Tribunal Supremo de Elecciones como deuda política.

Se determinó que tramitó el cobro de servicios que fueron voluntarios, realizados durante las elecciones del 2010, en las que Ottón Solís fue el candidato presidencial.

El procurador, Randall Aguirre, indicó que el Tribunal de Apelación ordenó el juicio de reenvío luego de anular la parte referida al monto que debería pagar el PAC, al estimarse que 82 de los contratos que actualmente se incluyen, requerían la declaración de cada uno de los suscriptores.

Sin embargo, aunque en el presente juicio inicialmente se tenía previsto recibir a más de 80 personas para que declararan, el tribunal decidió prescindir de esa prueba testimonial.

Para Aguirre, eso no afecta en nada su tesis, al afirmar que las pruebas documentales acreditan que esos 82 contratos de servicios especiales están en la misma condición que los 179 admitidos en la condena del 2016.

Dijo que, con base en ese fallo, quedó claro cuál era el mecanismo que usaba el partido para liquidar gastos, basado en contratos de realidad falsa, pues cobraron servicios prestados ad honorem.

“Hoy pedimos una condena por ¢159.700.000 que corresponden a 82 contratos, así como los intereses que corren desde diciembre del 2010. Solicitamos la condena por costas personales que ascienden a ¢21.220.000 lo que en total suma unos ¢180 millones, más los intereses”, expresó.

“Prueba no se sostiene”

Erick Gatgens, abogado del PAC, se referirá a las conclusiones de la Procuraduría este jueves y explicará que los 82 contratos no deben ser cobrados, al estimar que las pruebas de la Procuraduría son “abstractas”, porque no se llevó a los testigos.

“Eché de menos una valoración individual de cada contrato y de la razón por la cual él (Aguirre) estima que eran simulados. Me parece que la fuente originaria para poder llegar a esa conclusión eran los testigos”, dijo.

Añadió que ya la Sala Tercera había anulado el argumento de que si todos los demás eran falsos o simulados, estos necesariamente también. ”Eso en lógica es un razonamiento que no se sostiene, porque así como podría ser cierto, también podría ser falso”, acotó.

Luego de las conclusiones de Gatgens, los jueces Nancy Marín, Paúl Fuentes y Pedro Ramírez definirán la fecha de la sentencia, que podría ser la próxima semana.

Lo que ahí se resuelva se integrará a la sentencia del 2016, porque de ella se había anulado solo la parte referida al número de contratos.

Con beneficios

En el 2016 se condenó al extesorero del PAC, Maynor Sterling Araya, así como al excolaborador Manuel Antonio Bolaños Murillo por los delitos de estafa mayor. A este último le concedieron la ejecución condicional de la pena por un lapso de cinco años.

Maynor Sterling está actualmente con el beneficio de monitoreo electrónico, el cual se le concedió a partir del 19 de mayo del 2020.

El extesorero y administrador de negocios, de 66 años, es pensionado de la Universidad de Costa Rica y vive en Heredia.

Sterling cumplirá su condena hasta el 22 de abril del 2025.

Hugo Solano C.

Hugo Solano C.

Periodista en la sección de Sucesos y Judiciales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.