Policías de Fuerza Pública habrían montado retén para facilitar secuestro

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, explicó que este martes se llevaron a cabo varios operativos en esa provincia con el objetivo de detener a los dos oficiales y a otros implicados en lo que la Policía Judicial califica como secuestro extorsivo y privación de libertad.

Explicó que la banda criminal sufrió un “tumbonazo” de droga cuando otro grupo le robó la mercancía. A raíz de este hecho, en febrero del 2022, los primeros idearon secuestrar a uno de los presuntos responsables de la sustracción.

El grupo puso en marcha su plan, pero retuvo por equivocación a un individuo quien vivía cerca del objetivo original y que no tenía ninguna relación con el “tumbonazo”. “Al percatarse del error, la organización decidió exigir un rescate y obtener una ganancia”, agregó Zúñiga.

Meses más tarde, en mayo, la misma banda secuestró al responsable del “tumbonazo”, esta vez, con el apoyo de agentes de la Fuerza Pública. Zúñiga detalló que los perpetradores llevaron a la víctima a una fosa y desde entonces se le perdió el rastro. Precisamente, los agentes trabajaban en ese lugar, en Bijagual de Bagaces, este martes, para tratar de localizar el cadáver.

Paralelamente, tras realizar allanamientos en Nicoya y Upala, así como en las delegaciones de Fuerza Pública de Liberia y Nuevo Arenal, las autoridades detuvieron a dos hombres de apellidos Sevilla, de 55 años, y Vásquez, de 31. Solo el último fue identificado como funcionario público. Aún falta por detener a otro policía, informó el OIJ.

Sevilla y Vásquez fueron remitidos al Ministerio Público. Otro sospechoso, de apellido Cheves, de 34 años, había sido aprehendido anteriormente y se encuentra en un centro penal del país.

Randall Zúñiga indicó que el cabecilla del grupo también está detenido desde hace algún tiempo. Agregó que este hombre estuvo relacionado con un sujeto de “alto perfil” a quien identificó como José Efraín López Mendoza, de 49 años, conocido como M1.

M1 fue investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos, y actualmente cumple en Costa Rica una pena de 26 años y ocho meses de prisión por los delitos de transporte, almacenamiento y venta de drogas, acopio de armas prohibidas y uso de documento falso.