EscucharLos padres de un niño de 8 años acudieron a la Sala Constitucional, luego de que su hijo fuera víctima de agresiones “verbales, físicas y psicológicas” en un centro educativo privado de Brasilito de Cabo Velas de Santa Cruz, Guanacaste. A criterio de ellos, en este caso la institución educativa no tomó las medidas pertinentes al mantener al menor y a las dos presuntas agresoras en una misma clase para el nuevo curso lectivo. Además, alegan que mientras esperaban una respuesta y solución a sus preocupaciones, el pequeño faltó a clases y, bajo esta premisa, la escuela decidió separarlo de la comunidad educativa.
Para ambos progenitores, esa situación se convirtió en “una violación del derecho a la educación, el derecho a la dignidad humana y el interés superior del niño” y, ante eso, presentaron un recurso de amparo que se agrupa dentro del expediente 22–023586–0007–CO, del cual La Nación tiene copia.
Sin embargo, el Costa Rica Internacional Academy (CRIA), que es la casa de enseñanza involucrada, sostiene que se abordaron las situaciones registradas y se aplicaron tanto los protocolos internos como las recomendaciones del Ministerio de Educación Pública (MEP), debido a los conflictos existentes entre los niños. Asimismo, alegan que las ausencias “injustificadas” incidieron en que se optara por aplicar el reglamento y se dejara al menor fuera del centro educativo.
El pasado 28 de octubre, el recurso de amparo que interpuso Federico Campos Calderón, abogado de la familia Mora Vargas, fue cursado, al cumplir los requisitos formales básicos y ahora se analizará por el fondo, confirmó la Sala Constitucional. Mientras se realiza este proceso, para lo cual las partes involucradas deben rendir un informe, se ordenó a la parte recurrida “disponer de forma inmediata y coordinada de las medidas que sean necesarias a efecto de garantizarle al menor amparado la continuidad del proceso educativo en el CRIA, según sus necesidades y con las obligaciones y derechos que como educando le corresponde hasta tanto la Sala no resuelva en sentencia el recurso o no disponga otra cosa”.
La institución dijo, por medio de su abogado Walter Brenes Soto, que “a la familia se le comunicó por correo electrónico la posibilidad que tenían integrar nuevamente al niño al CRIA el próximo año” y destacaron que son respetuosos de las decisiones de los padres del menor.
“Como abogado, creo firmemente en el sistema judicial costarricense, por tanto, estoy de acuerdo con el derecho constitucional que tiene toda persona de acudir ante la Sala Constitucional. Sin embargo, como institución, consideramos totalmente inapropiado e indebido acudir a la prensa para comunicar una situación que ha sido resuelta por el Ministerio de Educación Pública, donde se comunicó que la institución cumplió con los protocolos correspondientes, así como con las recomendaciones que fueron dadas”, aseveró Brenes.
El MEP, por medio de su oficina de prensa, detalló que en el caso intervinieron la Dirección de Educación Privada de la institución, así como la Contraloría de Derechos Estudiantiles y el Departamento de Fiscalización. Precisó que hubo reuniones entre las partes, se emitieron recomendaciones y, luego de la resolución final, se le indicó a los padres que de no cumplirse sus expectativas de parte del colegio o de mantener ellos la existencia de una violación a los derechos del pequeño, podían acudir a instancias legales, como lo hicieron.
¿Qué fue lo que ocurrió exactamente?
Los hechos que precedieron el recurso de amparo fueron varios, ya que los primeros inconvenientes entre el pequeño y dos de sus compañeras se registraron el año pasado. La madre del niño, de apellido Vargas, explicó que su hijo ingresó en el 2021 al CRIA y días después del comienzo de clases (en agosto), comenzaron a notar que el pequeño llegaba a casa enojado. A pesar de que le consultaron qué le ocurría, él no contó nada en primera instancia, pero luego les reveló a sus padres que era víctima de agresiones físicas y verbales. Ante esto, sus padres alertaron a la institución educativa y ellos les respondieron que conversarían con los menores.
Con el pasar de las semanas la situación se fue complicando y, según Vargas, tenían la esperanza de que luego de tantas reuniones entre padres (ya que alega que las agresiones eran hacia varios niños y no solo su hijo) se solucionara la situación para el nuevo curso lectivo. Una de las medidas aplicadas fue dividir a los niños en dos grupos, en lugar de uno; empero, su hijo quedó en la misma clase de las menores que lo agredían, por lo que esto le generó una crisis.
“El día que ingresan las clases, mi hijo se puso a llorar, me dijo que no quería estar ahí (en la misma clase que las compañeras que lo habrían agredido), entonces hablamos con el director, pero al final la situación fue inaceptable, por eso fue que acudimos al MEP y ellos emitieron sus recomendaciones, pero el CRIA insistió en mantenerlos en el mismo grupo y mi hijo no quería volver”, aseguró la joven madre.
El centro educativo aseguró, por medio del abogado Brenes, que la serie de incidentes estuvieron “asociados a diferencias usuales y propias de niños que se encuentran entre los 7 a 8 años, específicamente en la ejecución de los juegos que se daban fuera de las clases, pero dentro del horario escolar de la institución. Por ejemplo, diferencias entre las reglas que los alumnos establecían para la ejecución de juegos y varios roces por quien ganaba o perdía”.
“La institución abordó tales situaciones activando nuestros protocolos internos, así como los recomendados por el MEP. Para este año lectivo, se tomó la decisión de manejar dos secciones de 12 alumnos para tercer grado, con el fin de mantener un manejo adecuado y personalizado, pensando en el mejor desarrollo de los alumnos del tercer grado. Todo esto fue aceptado y bien visto por los padres del tercer grado, salvo por la familia de este niño (que presentó el recurso), quienes han sido los únicos que no han estado de acuerdo con las políticas institucionales del CRIA”, aseveró Brenes.
Después de lo vivido en el curso lectivo anterior, la pretensión de los padres de este pequeño era que su hijo estuviese en un grupo donde no estuviera las menores que habrían cometido las agresiones. Precisamente, el abogado de la familia del pequeño, Federico Campos, dijo que su pretensión es restablecer los derechos que se le han vulnerado al niño.
“El CRIA ignoró el bullying del cual ha sido víctima (el niño), al punto de insistir en mantenerlo junto a sus agresoras y de no tomar medidas a su favor. ‘La cereza en el pastel’ fue la decisión de sacarlo de la escuela. El CRIA extrañamente ha protegido a las agresoras y no al niño agredido (...). El daño principal e invaluable es el tiempo que el niño ha perdido de clases, porque el CRIA insistió en mantenerlo junto a quienes lo agredían y luego de que lo sacaron (nunca por falta de pago) no fue aceptado en otra escuela de la zona porque el cupo estaba cerrado y el curso lectivo avanzado”, reclamó Campos.
La mamá recalcó que una psicóloga que atiende al niño dijo que él estaba “aterrorizado” de tener que ir a la escuela y también mencionó que, aunque buscaron alternativas, nunca se logró llegar a un acuerdo que beneficiara tanto los intereses de su hijo como los del CRIA.
Vargas, quien espera que este caso siente un precedente para casos de bullying, destacó que en medio de circunstancias de este tipo los centros educativos deben saber que los niños tienen sus propia personalidad, pero que las agresiones nunca deben ser toleradas. Lamentó que en este caso la intervención del MEP no diera resultados y ahora espera que a pesar de que tarde el proceso en la Sala Constitucional, logre haber una resolución que beneficie los intereses del pequeño.
