Caso Azteca: Funcionarios del AyA sospechosos de ayudar a banda narco a lavar ¢678 millones con licitaciones

Esos contratos, explicó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), era una forma de legitimar el dinero obtenido producto del tráfico internacional de droga, el cual fue descubierto el 26 de junio del 2019, cuando se detuvo cerca de la antigua rotonda de las Garantías Sociales, en Zapote, San José, a un hombre de apellidos Márquez Lechuga, quien viajaba en un carro con 195 kilos de cocaína. A partir de ese momento comenzó una investigación que permitió descubrir el contacto entre algunos miembros de la agrupación criminal y los funcionarios públicos.

Además, durante las pesquisas se realizó otro comiso de 200 kilos de cocaína, que iban ocultos en un compartimento secreto de un vehículo que salió de una vivienda en barrio la Trinidad de San José, Alajuela, y fue interceptado por la Policía el 18 de agosto del 2020. En aquel momento se aprehendió al conductor, apellidado Delgado Trejos, así como a otros dos hombres que salieron en otro carro del inmueble horas después, Montaño Mosquera y Villarreal Álvarez. El primero, precisamente, es señalado como uno de los presuntos líderes de la agrupación y fue detenido este martes en uno de los 37 allanamientos que se desplegaron en Esparza y Montes de Oro, Puntarenas, así como en San José, Cartago y Alajuela.

Junto a Montaño se detuvo a los otros tres supuestos cabecillas de la organización, García, Camelo Méndez y López Cobo. Ellos, en apariencia, reclutaron a tres hombres (Segura Aguilar, Guillén Ulloa y Fonseca Hernández y cinco mujeres (Fernández Vargas, Espinoza Carazo, Guillén Sánchez, Torres Porras y Ávila Cortés), la última abogada, a quien las autoridades judiciales le atribuyen el presunto asesoramiento del grupo para crear las firmas constructoras Flu Vial S. A. y Construcciones del Valle S. A.

Fue mediante el uso de esas empresas que la banda se le adjudicaron las 17 licitaciones para trabajos que se realizaron, en su mayoría, en cantones porteños del 2020 a la fecha y que permitieron que ¢678 millones fueran legitimados.

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Wálter Espinoza Espinoza, director de la Policía Judicial, detalló que los cabecillas del grupo eran un mexicano y tres colombianos, mientras que los otros integrantes eran costarricenses.

“Este grupo criminal, como consecuencia de las actividades de tráfico de drogas, había acumulado una gran cantidad de dinero en efectivo que requería insertar en la economía costarricense. Logramos establecer, por una gran cantidad de señales de alerta, que se estaban creando sociedades anónimas de fachada, con el fin de darles un giro comercial para poder insertar dinero en efectivo en ellas. Además, estaban adquiriendo una gran cantidad de propiedades y estaban pagando su operatividad con dinero en efectivo.

“Estas alertas de legitimación de capitales se sumaron a la confirmación de que el grupo criminal estaba incursionando en el ámbito de la obra pública, tenían dos empresas constructoras que asumían esa actividad y eso les permitió acercarse a una serie de funcionarios de Acueductos y Alcantarillados que tenían injerencia y podían determinar temas relacionados con la adjudicación de licitaciones, planeamiento de obras, confección de carteles y esencialmente con la concesión de algunas actividades de contratación administrativa”, manifestó Espinoza.

Papel de trabajadores públicos

Copiado!

Espinoza afirmó que el papel esencial de los empleados públicos, entre ellos una abogada, varios ingenieros, así como jefes de zona, aparentemente, era ayudar a la organización criminal a obtener las licitaciones, por lo cual les asesoraban para confeccionar los documentos del concurso, les indicaban las fechas, el presupuesto e información de posibles oferentes para que ellos llevaran ventaja, por lo que terminaban obteniendo el contrato sin problema. Asimismo, se determinó que, al parecer, hubo una serie de facturas infladas o simuladas para que el grupo pudiese meter aún más dinero al sistema financiero legalmente.

“El grupo criminal tenía acceso a la licitación y después, parte de la operatividad y logística la cancelaba con dinero en efectivo, entonces eso les permitía justificar los gastos y respaldar el dinero que estaban bancarizado y utilizando al amparo de las licitaciones en que habían concursado y ganado.

“Además de esa actividad, ellos pudieron comenzar a variar sus acciones de colocación de capitales en el sistema, adquirieron 22 inmuebles, una gran cantidad de vehículos de toda naturaleza, en particular, los que tienen que ver con el área de construcción como vagonetas, tractores y retroexcavadoras, muchos de ellos los incautamos este martes. También, la organización adquirió unos predios dónde están aparcados los vehículos, que esperamos trasladar al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)”, aseveró el jefe del OIJ.

Después de las diligencias judiciales, el AyA indicó mediante un comunicado de prensa que confiaban en las autoridades judiciales y que colaborarán en todo lo necesario. También recalcaron que, “de manera inmediata”, revisarán los procesos de contratación de las oficinas cantonales.

“No tenemos detalles sobre los casos que están siendo investigados, pero confiamos plenamente en las autoridades judiciales y vamos a prestar la ayuda que se nos requiera con el fin de determinar si funcionarios nuestros están relacionados con los hechos irregulares que, se menciona, habrían sucedido con contrataciones realizadas por oficinas regionales del AyA”, mencionó el presidente de la institución, Tomás Martínez Baldares, quien hizo un llamado a los funcionarios a denunciar cualquier situación ilegal que conozcan dentro de la entidad.

Por otra parte, la investigación también permitió determinar que un funcionario del Banco Nacional, en Esparza, al parecer, ayudó al grupo para que al ingresar dinero a la entidad no hubiese sospechas de su origen, por lo que la institución recalcó que “trabaja con transparencia y reitera su absoluto respeto por las acciones de las autoridades judiciales”.

La entidad bancaria añadió que, de manera paralela, cuentan con un proceso interno para actuar ante estas situaciones, las cuales les permitieron colaborar desde meses atrás con el OIJ.

Finalmente, el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) indicó que “analizará los hechos que acontezcan en las instancias judiciales y administrativas, manteniendo siempre la disponibilidad y el mayor compromiso de cooperar con estas en todo lo que requieran, en atención a los intereses públicos que se deben tutelar. El CFIA mantiene su compromiso de velar por el decoro de las profesiones que regula, según lo establece nuestro Código de Ética, y condena categóricamente cualquier acto de corrupción en los que se vean involucrados nuestros agremiados”.

Wálter Espinoza recalcó la importancia de esta diligencia y dijo que una vez más se aborda un caso donde hay corrupción en la función pública a favor del crimen organizado. “Es una realidad fuerte y muy gravosa”, concluyó.

Los 27 detenidos fueron remitidos al Ministerio Público con un informe para que se defina su situación jurídica, por lo que será posterior a la indagatoria de los sospechosos que la institución se refiera a los hechos.