Además de los sonados casos de Cochinilla, Diamante y Azteca, cientos de denuncias por corrupción ingresaron al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en los últimos años, entidad que reveló este jueves que los casos se duplicaron entre 2019 y 2022, al pasar de 102 a 211. En el 2023, a la fecha, ya han entrado al menos 60 causas.
Kenneth Arias Bonilla, agente de la Sección de Anticorrupción, Delitos Económicos y Financieros, explicó que esas no son todas las denuncias que entran al sistema judicial, pues otras pasan directamente al Ministerio Público, donde se investigan por aparte.
Arias indicó que también se han incrementado las solicitudes de diligencias menores, realizadas por el Ministerio Público al OIJ, y pueden consistir en decomiso de información, entrevistas a personas, vigilancias, entre otras gestiones.
Estas diligencias pasaron de 32 en el 2019, a un promedio de entre 95 y 120 en años recientes, con un aproximado de 40 en lo que va del actual año, señaló Arias. De igual forma, en el 2019 entraron a la Sección de Anticorrupción 37 reportes de información confidencial, subieron a 158 en el 2021 y bajaron a 122 el año anterior. En lo que va del 2023, los investigadores han recibido cerca de 45 reportes, realizados por personas que quieren brindar información relevante para un caso, sin que se conozca su identidad.

“¿Cuáles son los delitos más frecuentes o los delitos más usuales? Bueno, el peculado, el peculado de uso, el tráfico de influencias, el cohecho, el cohecho propio, el cohecho impropio, la aceptación de dádivas, son de los delitos que mayormente se están recibiendo ahorita”, indicó el agente judicial.
De estos, el delito con la pena más severa es el de peculado, por el que se imponen de tres a 12 años de prisión a un funcionario público “que sustraiga o distraiga dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo”, tal como indica el artículo 361 del Código Penal.
Una de los situaciones más comunes es cuando un funcionario lleva muchos años trabajando en una institución, al punto que usa bienes de esta como si fueran personales, tales como computadoras o vehículos.
Arias detalló que es la Fiscalía la que define qué tipo de delito es el investigado, y no el OIJ. Asimismo, el ente acusador da las instrucciones de cómo se debe investigar cada proceso penal.
Para el investigador anticorrupción, los grandes escándalos que surgieron en los últimos años han puesto el tema de la corrupción en el foco público, y ha influido en el fuerte aumento de las denuncias.
“El fenómeno como tal se ha ido abriendo un poco más a conocimiento de las personas. Entonces, a criterio de nosotros, en primera instancia, las personas se dan cuenta de que el país necesita un cambio. Las personas se están dando cuenta de que están pasando situaciones a nivel administrativo en el país que requieren de más cuidado. Las personas están denunciando más, como lo dicen las cifras”, manifestó.
Arias explicó que cada investigación por corrupción es particular y les obliga a actualizarse constantemente, así como a recibir ayuda de otras secciones, como la Sección de Cibercrimen, para acceder a documentos digitalizados.
La Sección de Anticorrupción, nacida en setiembre del 2019, cuenta con 32 investigadores. Está ubicada en San José, pero recibe casos de todo el país. Antes de que se creara esta sección, las denuncias de corrupción entraban a una unidad de 12 personas que pertenecía a la Sección de Fraudes.