Judiciales

OIJ: Constructoras habrían sobornado a funcionarios con dinero, autos y sexo a cambio de proyectos viales

29 personas detenidas, dentro de las que destacan 14 funcionarios o exfuncionarios de Conavi y los empresarios Carlos Cerdas Araya y Mélida Solís Vargas, de las constructoras Meco y H. Solís

“Dinero, vehículos, terrenos, viajes, favores sexuales y todo aquello que ustedes puedan imaginarse”.

Con esas palabras, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza, describió los “favores y sobornos constantes” que, según él, dieron empresas constructoras a funcionarios a cambio de beneficios en contratos de obras viales del Estado.

Esta es una de las conclusiones más graves divulgadas este lunes por el jefe policial, mientras se realizaban 57 allanamientos y se detenían 29 personas vinculadas con presuntos actos de corrupción que se investigan desde el 2019.

En este proceso estarían involucrados funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), y de las empresas constructoras MECO y H. Solís.

Conforme avanzó el día también se citaron otras firmas: Constructora Herrera, en San Carlos; Constructora Montedes, en Orotina, y Alsofrutales, en Heredia.

También la Compañía Asesora de Construcción e Ingeniería (Cacisa) e Ingeniería Técnica de Proyectos (ITP), contratadas por el Estado para supervisar las obras que hacían las constructoras.

De ahí que 14 de los aprehendidos este lunes son funcionarios o exfuncionarios del Conavi y otros 11 laboran en empresas privadas. De otros cuatro no se obtuvo detalle de dónde laboraban.

Del sector privado destacan las detenciones de los empresarios Carlos Cerdas Araya y Mélida Solís Vargas, propietarios de las constructoras MECO y H. Solís, respectivamente.

Ellos lideran la construcción de obra pública en Costa Rica y son responsables, entre otros grandes proyectos, de Circunvalación norte, el puente binacional en Sixaola, el paso a desnivel de Garantías Sociales y las ampliaciones Taras– La Lima y Barranca– Limonal.

La investigación se da por presuntos delitos de “cohecho, peculado, pagos irregulares de contratos administrativos, tráfico de influencias, malversación de fondos, asociación ilícita, estafas y falsedad ideológica”, detalló Espinoza.

Agregó que la aparente malversación de fondos generó un déficit de ¢78.000 millones entre los años 2018, 2019 y los primeros trimestres del 2020.

Desde el Conavi, según el OIJ, existía un favorecimiento hacia empresas privadas, con el fin de que estas obtuvieran beneficios en el ámbito de construcción, mantenimiento y desarrollo de carreteras.

“Esas empresas tenían el monopolio de adjudicaciones o ganaban licitaciones que se exponían en el ámbito público por apoyo de funcionarios que daban beneficios irregulares.

“El proceso de investigación permitió establecer que había un sistema de intermediación entre las empresas privadas y los funcionarios públicos que permitía la entrega de los sobornos o regalías, el ulterior lavado y ocultamiento de esos movimientos”, afirmó el jefe policial.

Espinoza también precisó que el caso se tramita como crimen organizado.

“Ese esquema representaba un asocio delictivo que estaba provocando mucho daño al país y que, eventualmente, incrementaba el costo de obras y que es ilegítimo, irregular y delictivo desde la hipótesis de investigación”, indicó el director del OIJ.

Para desmantelar todo este esquema, 550 investigadores judiciales, así como 100 funcionarios del Poder Judicial participaron en los allanamientos de este lunes en el Conavi, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), una oficina de Casa Presidencial y el Ministerio de Hacienda.

Además de los 29 detenidos, otras 43 personas figuran como investigadas en esta causa.

De estos últimos 43, solo trascendieron 19 nombres. (Vea la lista completa al final de esta publicación).

Una pesquisa que empezó en el 2019

“Los funcionarios públicos, esencialmente, lo que recibían eran favores y sobornos constantes que se mantuvieron en el tiempo y que responden ya a una planificación desde el punto de vista delictivo de parte de ellos. Esto les permitía obtener dinero vehículos, terrenos, viajes, favores sexuales y todo aquello que ustedes puedan imaginarse para efectos de que alguna empresa pudiera verse beneficiada”, señaló el director del OIJ.

Wálter Espinoza añadió que a esa conclusión llegaron luego de más de dos años de investigaciones, las cuales iniciaron cuando recibieron informaciones confidenciales y denuncias de particulares, en las que se hacía referencia a que funcionarios del Conavi se pusieron de acuerdo con empresarios para “generar favores”.

“Pudimos conocer cuáles eran las actividades que desarrollan las empresas, cómo se ponían de acuerdo con los funcionarios, cómo se trasegaban los favores y, efectivamente, se pusieron de acuerdo para beneficiar a algunas empresas, para generar pagos irregulares, para procurar pagos adelantados de facturas, para temas relacionados con la verificación de la calidad de las obras y toda aquella actividad, en este ámbito tan técnico y tan particular que pudiera generar situaciones de ventaja a las empresas, pero también a los funcionarios públicos”, indicó.

Agregó que luego van a requerir el levantamiento de secreto bancario, lo que permitirá a los investigadores darle trazabilidad a los temas financieros.

Al final de la tarde se esperaba que se le tomara declaración indagatoria a Carlos Cerdas y Mélida Solís, al igual que a los otros sospechosos, antes de ponerlos a las órdenes del Juzgado Penal para la respectiva audiencia de solicitud de medidas cautelares.

Erick Ramos Fallas, quien representa a Cerdas, de Constructora MECO, dijo que están prestos a colaborar.

“Estamos en una amplia y plena colaboración con el Ministerio Público, con las limitaciones que eso implique y por supuesto vamos a ejercer los controles de legalidad que permite el ordenamiento jurídico para esclarecer la verdad real de los hechos”, aseguró.

Por medio de un breve comunicado, MECO agregó que “está en la mejor disposición de colaborar con el Ministerio Público, facilitando y entregando la información y la documentación requerida sobre el caso”.

Aseveraron que siempre se han apegado al ordenamiento jurídico.

En tanto, H. Solís indicó que no pueden dar declaraciones por estar judicializado el caso.

“Cabe señalar que H. Solís se encuentra colaborando con nuestras autoridades, poniendo a su disposición toda la información que las mismas así requieran para que todo sea aclarado con transparencia y de manera oportuna”, manifestó Carlos Carmiol, vocero de la compañía.

Cacisa, la empresa contratada para la supervisión de las constructoras, dijo que están a las órdenes de las autoridades, por lo que van a colaborar con la facilitación de información y documentación.

Desvío de fondos para financiar obras específicas

Además del pago de dádivas, son varias las obras que están en la mira de las autoridades por presuntas irregularidades, pues al parecer se trasladaban fondos para inyectarlos en proyectos específicos.

Según datos que constan en la investigación, del dinero destinado para los proyectos de la ruta 32 (San José– Limón) y Sifón– La Abundancia, se sacó un monto no determinado para inyectarlo a los trabajos que se realizaban en el puente binacional de Sixaola, el paso a desnivel de Garantías Sociales y las obras de Circunvalación Norte. También para los contratos de conservación vial en todo el país, estos últimos a cargo de MECO.

De acuerdo con Espinoza, se logró determinar que hubo “una malversación de fondos dirigida a alimentar de manera irregular proyectos relacionados con adjudicaciones de obra pública, tomando dinero de otros proyectos o de otras partidas y que tenían una previsión y un destino diferente y ya establecido”.

Agregó que a partir de lo investigado puede presumirse que hubo personas que se aprovecharon de sus circunstancias, condiciones y labores para obtener sobornos y “favorecer a las empresas privadas y elevar los costos y montos de la obra pública”.

Destacó que en el caso de quienes tenían vínculos con las empresas privadas, aparentemente, obtuvieron una “ventaja comercial en su ámbito de actividad en mantenimiento y construcción de obra pública”.

Colaboró en esta información Vanessa Loaiza.

Funcionarios públicos detenidos

- Mario Quesada Aguirre: Vicepresidente del Tribunal Administrativo de Transporte

- Carlos Solís Murillo: Exgerente financiero del Conavi

- Carmen Madrigal Rímola: Directora de Proveeduría Institucional del Conavi

- Hugo Zúñiga Fallas: De la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Conavi

- Elsie Carmona Rivas: Funcionaria de Conavi

- Harold Mora Obando: Labora en la Dirección de Costos de Vías y Puentes del Conavi

- Laura Chaves Mora: De la Unidad Ejecutora de Puente Binacional en Sixaola del Conavi

- Edgar May Cantillano: Ingeniero de Proyectos en Conavi

- Marcela Monge Hernández: Gerente de Adquisición y Finanzas del Conavi

- Mauricio Ortiz Vega: Ejecución Presupuestaria del Conavi

- José Rojas Monge: Director Financiero Conavi

- Abraham Sánchez Castro: Ingeniero del Conavi

- Sergio Lobo Bejarano: Jefe de Tesorería del Conavi

- Eliécer Rivera Campos: Ejecución Presupuestaria Conavi

Empresarios detenidos

- Carlos Cerdas Araya: Dueño de MECO

- Abel González Carballo: Gerente General de MECO

- Alejandro Bolaños Salazar: Representante legal de MECO

- Tobías Arce Alpízar: Labora para MECO

- Alejandra Bonilla Guillén: Colaboradora de MECO

- Mélida Solís Vargas: Dueña H. Solís

- Juan Carlos Abarca Quesada: Trabaja en H. Solís

- Óscar Martínez Martínez: Presidente en Ingeniería Técnica de Proyectos ITP S. A.

- Alister Cervantes Morales: Gerente de la firma Diseño, Inspección y Consultoría en Carreteras y Obras Civiles (Diccoc)

- Edwin Castro Rodríguez: Presidente de la sociedad de Constructora Montedes

- William Herrera Chacón: Gerente general de Constructora Herrera

Personas detenidas con cargos desconocidos

- Saúl Zamora Zamora

- Luis Ureña Villalobos

- Quesada Pérez

- Rodríguez Araya

Personas investigadas pero no detenidas

- Mario Rodríguez Vargas: Director Ejecutivo a. i. del Conavi

- Gabriela Trejos Amador: Gerente de Asuntos Jurídicos del Conavi

- Johnny Barth Ramírez: Gerente de Contratación de Vías y Puentes del Conavi

- Ana Ruth Alfaro Padilla: De la gerencia de Conservación de Puentes del Conavi

- Edgar Meléndez Cerda: Gerente a. i. de Conservación de Vías y Puentes del Conavi

- Allan Ugalde Rojas: Gerente de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República

- Juan Camilo Saldarriaga Jiménez: Asesor del presidente Carlos Alvarado Quesada, renunció este mismo lunes

- Roberto Acosta Mora: Esposo de Mélida Solís

- Keylor Godínez Abarca: Gerente de Proyectos H. Solís

- Sonia Solís Vargas: Hermana de Mélida Solís y secretaria de la sociedad de Also Frutales

- Alejandro Acosta Mora: Cuñado de Mélida Solís y esposo de Sonia Solís

- Max Sittenfeld Apple: Ingeniero de MECO

- Luis Fernando Gutiérrez Vargas: Gerente de la Unidad de Asfaltos en Constructora MECO

- Priscilla Naranjo Vargas: Se desconoce cargo

- Alex Arce Barrantes: Se desconoce cargo

- Randall Zamora Zúñiga: Se desconoce cargo

- Rafael Araya Mena: Se desconoce cargo

- Cristian Fallas Hernández: Se desconoce cargo

- Luis Mata Madrigal: Se desconoce cargo

Eillyn Jiménez B.

Bachiller en Periodismo de la Universidad Internacional de Las Américas. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación de Mercadeo. Escribe sobre sucesos.

Carlos Arguedas C.

Periodista en la sección de Sucesos. Trabaja en La Nación desde el 2000 siempre en la cobertura de asuntos de Sucesos y Jurídicos.

Patricia Recio

Bachiller en Periodismo de la Universidad Internacional de las Américas. Escribe sobre temas de sociedad y servicios.