Funcionarios municipales investigados por cobrar a dueños de comercios para evitar clausura

Las 15 diligencias fueron desplegadas por agentes de la Sección de Anticorrupción de la Policía Judicial, quienes junto con el Ministerio Público ingresaron a los inmuebles en busca de documentación que sirva de prueba para el caso, así como computadoras, teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento de información, los cuales fueron decomisados.

Por medio de un comunicado de prensa, el OIJ indicó que los delitos que se investigan son cohecho y enriquecimiento ilícito. La Fiscalía señaló que de momento no es posible revelar las identidades de los sospechosos, pues no se les ha tomado la declaración indagatoria.

“Al Ministerio Público ingresaron dos denuncias de presuntos actos indebidos cometidos, en apariencia, por funcionarios de la Municipalidad de Alajuela. Al parecer, los funcionarios se presentaban a comercios, los cuales contaban con su debida patente; sin embargo, el dueño de estos ya había fallecido, ante lo cual, aparentemente, cobraban dinero a los nuevos propietarios de los establecimientos para no clausurarlos, ya que el propietario de la patente había fallecido.

“En otros ocasiones, supuestamente, para ayudarles con los trámites de la renovación de la patente comercial a nombre de los nuevos propietarios del comercio, les pedían dinero. Ante estos hechos, los agentes judiciales comenzaron con diversas diligencias de investigación y obtuvieron información de que, aparentemente, algunos de los funcionarios de dicha Municipalidad visitaban obras en construcción en las cuales se cree que cobraban dinero para no clausurarlas”, explicó la Policía Judicial.

El Ministerio Público, por su parte, comunicó que se ejecutaron allanamientos en las oficinas de Subproceso de Patentes, Actividad de Control Constructivo, Proceso de Servicios Informáticos, Área de Subproceso de Proveeduría, Proceso de Seguridad Municipal y Control Vial, Proceso de Control y Fiscalización Urbana y Archivo Municipal, así como en cinco casas de habitación y una oficina de una de las personas denunciadas.

“La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) indicó que el objetivo de las acciones operativas es ubicar y decomisar documentación relevante para sumar como evidencia en la investigación; no se tiene planeado realizar detenciones”, indicó la institución.

El municipio informó, por medio de sus encargados de comunicación, que estaban a las órdenes de las autoridades judiciales y anuentes a colaborar con lo que fuese necesario.

Una vez finalizados los allanamientos, la Sección Anticorrupción remitirá un informe al Ministerio Público para lo correspondiente. La investigación se tramita dentro del expediente 18-003718-0305-PE.