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En un comunicado de prensa, el Ministerio Público aclaró que Emilia Navas, como fiscala general, no firmó las órdenes de intervenciones telefónicas. Fotos Alonso Tenorio (alonso tenorio)
El Ministerio Público aclaró este miércoles que la fiscala general, Emilia Navas Aparicio, no firmó ninguna solicitud de intervención telefónica del Caso Cochinilla y que quien lo hizo fue la persona que se encontraba sustituyendo a la jerarca, como fiscala subrogante.
La entidad sostiene que hace esta aclaración, atendiendo a “múltiples consultas” en torno a si fue o no la fiscala general quien se encargó de pedir la intervención de las telecomunicaciones de algunos involucrados en este asunto por presunta corrupción con obras viales.
“En el caso de marras, la señora Emilia Navas Aparicio como fiscala general no conoció, ni actúo, ni participó de actos de investigación fiscales, policiales o de autorizaciones jurisdiccionales; para eso fungen los fiscales adjuntos subrogantes de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico.
“No se puede dar más detalles por ser parte del legajo de investigación”, declaró Carlos Meléndez Sequeira, fiscal adjunto de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
El fiscal adjunto señaló que dichas órdenes jurisdiccionales se solicitaron a quienes ostentaban el cargo de subrogante, y fungían en esos momentos como fiscal general en ejercicio.
La declaratoria del Caso Cochinilla como crimen organizado le ha permitido a las autoridades judiciales intervenir los teléfonos de los investigados, para poder descubrir la posible colusión entre funcionarios públicos, en su mayoría del Consejo Nacional de Vialidad, y agentes privados de firmas dedicadas a obra pública, como las constructoras MECO y H Solís.
Luego de meses de escuchas e investigaciones de campo, el lunes 14 de junio se realizaron 57 allanamientos y se detuvo a 30 personas, como sospechosas de participar en una estructura criminal en la que los empleados públicos, a cambio de dádivas, habrían favorecido a ciertas compañías.
Emilia Navas se inhibió de conocer el caso desde ese mismo día, pues su esposo, Francisco Campos, es uno de los abogados de las firmas contratadas.
Los abogados de varios de estos investigados han manifestado sus cuestionamientos sobre toda la pesquisa, y en especial por las intervenciones.
Por ejemplo, Erick Ramos, defensor de personeros de la constructora MECO, dijo, días atrás, que han encontrado una serie de imprecisiones, yerros y hechos prescritos en la investigación del Ministerio Público, las cuales harán valer ante el juez de garantías.
Aunque no puede ahondar en ellas, por estar en investigación, alega que los operativos fueron prematuros y débiles, pues solo están basados en intervenciones telefónicas, “sin una prueba pivote que acredite si lo que se dice en esas intervenciones ocurrió o no ocurrió”, ese el el principal aspecto, expresó.
Añadió que falta revisar los legajos de esas intervenciones pues podría haber un problema de nulidad, ya que para realizar intervenciones telefónicas se deben cumplir los puntos que establece el artículo 3 de la Ley N.° 7425 , referida a Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones.
¿Dónde estaba la fiscala?
Al respecto, este 23 de junio el sindicato Asociación Nacional de Empleados Judiciales (ANEJUD), envió un oficio al Departamento de Gestión Humana del Poder Judicial en el que le pide información sobre posibles ausencias de la fiscala Navas.
Puntualmente, el sindicato quiere saber si la fiscala estaba de vacaciones, incapacitada, con permiso con o sin goce de salario o suspendida con o sin goce de salario durante los días 1.° de noviembre del 2019, 19 de diciembre del 2019, 18 de marzo del 2020 y 17 de junio del 2020.
Aunque no hacen referencia a si en esos días se tramitaron gestiones de escuchas telefónicas, ANEJUD alega haber recibido información confidencial de interés.
La función del fiscal subrogante es la de sustituir a la fiscala general, Emilia Navas Aparicio, cuando ella esté de vacaciones, incapacitada, fuera del país, o por inhibitorias.
En las fechas citadas por el sindicato, las fiscalas subrogantes fueron Paola Guido Howell y Criss González Ugalde, pues se trata de un cargo que se ejerce por periodos de un año.
Colaboró el periodista Carlos Arguedas.
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