Judiciales

Mamá pide justicia por hijo víctima de abuso sexual

Mujer cuenta que Fiscalía desestimó denuncia en contra del padre del niño ‘sin investigar’; reprocha que ni Juzgado ni PANI la han ayudado a resguardar la integridad del menor

La mamá de un niño de 4 años está desesperada. En abril se enteró de que su expareja, quien es el papá del menor, en apariencia estaba abusando sexualmente de él.

De inmediato, pidió auxilio a la Fiscalía y al PANI, pero la pasividad con la que esas instituciones han tratado el asunto la tienen atada de manos. Según su testimonio, ninguna entidad ha hecho un solo intento por resguardar el bienestar de la víctima y ella ya no sabe qué más hacer para protegerlo.

Todo comenzó en octubre del año pasado, cuando esta joven profesional, de quien se reserva su identidad para evitar la revictimización del menor, se separó de su compañero.

Un mes antes, ella había descubierto que él mantenía encuentros con transexuales, además de que tenía un consumo activo de drogas. Eso la motivó a terminar con una relación que, según manifestó en entrevista con La Nación, era tormentosa y con tintes de agresión.

Pensó que, con la separación, su martirio se iba a acabar, pero, al parecer, el tormento apenas estaba empezando.

Como es usual, al haber un hijo en común, los papás llegaron a un acuerdo para compartir tiempos con el niño, quien en ese momento tenía 3 años. El padre lo llevaría y recogería en el kínder unos días a la semana y se quedaría con él un fin de semana cada 15 días.

Sin embargo, cuando el sujeto estaba con el menor, amenazaba a la mujer con no devolvérselo. La situación fue empeorando al punto de que, en febrero de este año, la mamá recibió una demanda por régimen de visitas; es decir, elevaron el asunto a nivel judicial.

Desde ese momento y hasta marzo, el niño no estuvo con su papá, en espera de la audiencia en el Juzgado de Familia de San José. En ese mes, la jueza ordenó que el niño pasara un par de tardes con su papá y que alternara un día del fin de semana. Eso sí, no podría quedarse a dormir con él, ya que la mamá dejó ver que temía por la integridad de su hijo, por el consumo activo de drogas del sujeto.

A partir de este régimen de visitas, la mamá y la niñera empezaron a observar “comportamientos sexuales” en el menor. Al cuestionarle dónde veía eso o si alguien se lo hacía, el niño respondió “sin titubear: ‘Sí, mamá, doña Merry’”, recordó la mujer. Los días pasaron y, con el apoyo de la madre, el niño fue contando lo que ocurrió, al punto de decir que doña Merry era su “papá con peluca”.

Con la plena convicción de que tendría apoyo por parte de las autoridades, la mujer interpuso una denuncia contra ignorado el 10 de mayo pasado ante la Fiscalía, ya que no sabía todavía quién era doña Merry.

Ocho días después, con la identificación del sujeto, amplió su denuncia.

Sin embargo, en su criterio, de poco le sirvió pedir auxilio. Dos meses después, el Ministerio Público pidió una desestimación “sin investigar nada y dejando desprotegido a mi hijo”.

Autoridades le dan la espalda

Cuando la mujer se enteró de lo que pasaba con su hijo, le preguntó a su expareja si conoce a alguien que se llame “doña Merry”, a lo que él le responde que es la señora que le ayuda con el oficio de su casa.

Entonces, el día antes de entregarle el niño a su excompañero, la mamá acudió al Juzgado de Violencia Doméstica de Goicoechea para pedir medidas de protección. Como ella todavía no conocía quién le estaba haciendo daño a su hijo, prefería dejárselo con ella.

Pero su gestión no prosperó y en el sitio le dijeron que las medidas de protección eran, muchas veces, la forma de “castigar al papá”.

En paralelo, la madre le informó al hombre sobre la apertura de un expediente judicial. “Le digo que no le daré al niño mientras eso esté abierto, porque él dijo, en más de tres ocasiones, que doña Merry le tocaba sus partes (...). Ese día, cuando le digo lo que pasa, él lo que contesta es que me va a denunciar. No me pregunta cómo está el niño, ni se cuestiona cómo es posible que doña Merry haga eso”, señaló la mujer.

La afectada contó que su expareja la denunció por abuso de patria de potestad, secuestro y desobediencia a la autoridad, porque no le volvió a entregar al niño en los tiempos en que supuestamente le correspondía; sin embargo, el 10 de junio, desestimaron estas quejas.

Además, el hombre acudió al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) alegando que su hijo era maltratado por su excompañera, lo cual quedó descartado en otro informe, con fecha 7 de junio.

Cuando ya ella descubrió que su expareja estaba detrás de la fachada de “doña Merry”, asistió a la Fiscalía para ampliar la denuncia y señalarlo. Adjuntó un informe hecho en junio por una psicóloga experta en temas de delitos sexuales, en perjuicio de menores, en el cual se confirma que el niño está “sexualizado”. Ese documento, del cual La Nación tiene copia, es bastante revelador; la profesional confirma que fue víctima de abuso, ya que sus acciones así lo demuestran.

Poco después de interponer la denuncia en mayo, una trabajadora social del Poder Judicial citó a la mamá junto con el menor, para entrevistar a este último. Sin embargo, el trato que le dieron fue cuestionable, aseguró la mujer.

“Nos atendieron tardísimo y ya él estaba histérico. Cuando sale la funcionaria, se lo lleva a una sala aparte, pero la forma en que lo trataron no fue óptima. Él no habló y no buscaron la forma de ayudarlo. La trabajadora social hizo un informe solo diciendo que él no quiso colaborar”, relató.

Por esa situación, la fiscala solicitó otra intervención con Psicología y Trabajo Social del Poder Judicial, la cual quedó pactada para este 4 de octubre. Sin embargo, la fiscala no esperó a que este encuentro se concretara, ni pidió conversar con los testigos ofrecidos por la denunciante; tampoco pidió análisis forenses.

El 14 de julio pasado, la representante del Ministerio Público solicitó la desestimación de la causa; es decir, a los dos meses de haberse presentado la denuncia, la funcionaria cerró el caso, “sin evacuar la prueba, sin investigar”, lamentó la madre.

En la solicitud de desestimación, cuya copia está en poder de La Nación, la fiscala argumentó, primero, que “el niño no quiso hablar” y que se “mostró un poco agresivo con los objetos que había en el sitio de abordaje” en la primera entrevista con Trabajo Social.

Aunado a eso, descalificó el informe de la psicóloga privada, al indicar que le realizó preguntas al niño “sumamente sugestivas a fin de que este conteste, al parecer, lo que se quiere que efectivamente diga”.

Además, señaló, en las intervenciones privadas, la madre permaneció con el niño durante la entrevista, “lo cual dificulta cualquier información que se requiere obtener del menor”. Con esto, aseguró la fiscala, esta psicóloga “parece desconocer la forma de abordar al niño, al menos dentro de un proceso penal”.

“Por lo antes analizado, es evidente que surge en este caso un estado de duda razonable en cuanto a lo acaecido y no se cuenta con elementos de prueba suficientes para siquiera afirmar que el delito existió, razón por la cual se solicita la desestimación, pudiéndose reabrir el proceso únicamente si existiesen elementos de convicción suficientes que permitan demostrar la participación de uno u otra imputado”, se lee en el documento de la fiscala.

Ante esto, la madre interpuso una queja en la Inspección Judicial por considerar que la funcionaria no realizó su trabajo; sin embargo, el viernes 8 de octubre la desestimaron.

A nivel penal, el 22 de setiembre se realizó la audiencia para determinar si se acogía o no esa solicitud fiscal. Allí, la jueza indicó que, para tomar una decisión, prefería esperar a la cita con Psicología y Trabajo Social que la propia fiscala pidió y no esperó.

Sobre esa cita, la madre dijo: “Pensábamos que ese día íbamos a hablar del abuso, pero desde el minuto uno dijeron que no, que solo iban a ver la personalidad del niño. (...) Y si ponen que mi hijo no quiso hablar, como la vez anterior, ¿qué hago yo? Ese día sí lo trataron mucho mejor, pero uno ya no sabe qué esperar de esos informes”.

Al cierre de esta nota, el resultado de ese encuentro no se había emitido, por ende, se desconoce cuándo llegará a manos de la jueza para determinar qué ocurre con este caso en el plano penal. Sin embargo, la representación legal de la familia afectada trabaja en posibles escenarios.

“Este es un caso muy triste, donde lo que buscamos es que todo sea investigado. No podemos pasar por alto hechos tan delicados como los que vivió (el niño). No es posible que nadie haga algo para protegerlo. Si no es por la mamá, este menor no tendría ningún tipo de protección”, manifestó, por su parte, Francisco Dall’Anese, abogado de la madre de la víctima.

Otras puertas

Mientras este proceso camina, la mujer también ha tocado otras puertas, como las del Juzgado de Familia de San José y las del Patronato Nacional de la Infancia (PANI). Sin embargo, la situación no ha sido muy diferente. En el primer sitio volvió a solicitar medidas cautelares en contra de su expareja para proteger al niño, ya que, pese a la denuncia, el régimen de visitas continúa activo.

Para mejor resolver, la mujer contó que la jueza de Familia le pidió que remitiera los expedientes penales, pero luego le dijo que “no basta con las denuncias y que hay que esperar a ver qué ocurre a nivel penal”.

“Es decir, esperará a que se dé una resolución y mientras tanto, ¿mi hijo qué?”, manifestó la madre. La juzgadora mantuvo el régimen de visitas, por lo que la mamá ha tenido que ingeniárselas para evitar que su expareja tenga contacto con su hijo.

Por su parte, el Patronato accedió en setiembre a escuchar la petición de la madre, luego de varios intentos. Así, el 5 de octubre pasado tuvieron una reunión con ella y el pequeño y, según dijo, confía en que este informe sirva para no permitir que se cierre el caso de abuso en contra de su hijo.

Pero mientras esos documentos llegan, la mujer sufre y se desespera cada día más. Se siente sola y, más aún, siente a su hijo desamparado por la autoridad. “Mi conclusión es la siguiente: He hecho todo lo que una mamá tiene que hacer para protegerlo, pero ahora ¿quién lo protege? ¿Qué más hago yo? Nadie hace nada. En este momento, no hay una sola cosa que la Fiscalía haya hecho para proteger a mi hijo. Yo lo que quiero es que investiguen, y que protejan a mi hijo”, reclama la madre.

“Ponen por encima los derechos del papá sobre los de un niño que pide ayuda; es desesperanzador”, concluyó la madre, no sin antes asegurar: “Es muy duro todo esto, pero lo único que puedo hacer a diario es decirle a mi chiquito que es un valiente, que lo admiro y que lo amaré siempre”.

Katherine Chaves R.

Katherine Chaves R.

Periodista en la sección de Sucesos y Judiciales. Bachiller en Periodismo en la Universidad San Judas Tadeo.