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La mayoría de magistrados de la Corte Plena consideró este lunes que un proyecto que obliga a todos los funcionarios a retirarse cuando cumplan los requisitos que dispone la legislación, que actualmente es a los 65 años, sí afecta el funcionamiento del Poder Judicial.
La decisión la adoptaron los altos jueces luego de que la Asamblea Legislativa les pidió emitir un criterio sobre el proyecto Ley para Fijar Topes Equitativos a las Pensiones de Lujo, Rediseñar y Redistribuir los Recursos de la Contribución Especial Solidaria y Crear la Figura de la Jubilación Obligatoria Excepcional, expediente 21.035.
En total, de los 16 magistrados presentes, 12 consideraron que dicho plan sí invadía la esfera judicial, dos porque no invadía, y dos (de la Sala Constitucional) se abstuvieron.
El proyecto consultado fue presentado por varios diputados en octubre del 2018 y consta de 10 artículos. Entre los más importantes está uno que obliga al retiro obligatorio al cumplir 65 años y otro que establece que ninguna persona jubilada “podrá devengar un monto total superior al triple del límite de la pensión máxima fijada para el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social”, que hoy es de ¢1,6 millones por mes.
Para justificar el proyecto de ley, los legisladores argumentan que se está promoviendo el empleo y la renovación de la fuerza laboral en el sector público, que se estima “tendrá un impacto positivo, a mediano y largo plazo, en el sostenimiento de los fondos de pensiones, al aumentar y rejuvenecer las aportaciones con nuevos contribuyentes que se unirían a los distintos regímenes”.
El plan, respecto al monto máximo de pensión, considera que “no existe una justificación válida para que continúen pagándose pensiones de lujo”.
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Reacciones
El presidente de la Corte, Fernando Cruz, cuando habló sobre la propuesta legislativa dijo: “No puedo dejar de decirlo (...) de que cuando haya una consigna política que debe ser, los jueces no podemos decir lo contrario, pero a mí me parece que los jubilados no son la fuente de los males del país”.
El jerarca cuestionó el hecho de que el proyecto no contaba con valoraciones macroeconómicas en las cuales se estableciera, con certeza, en qué medida los nuevos impuestos a las pensiones de lujo van a significar un aporte importante para mitigar la deuda interna o externa.
Cruz, sobre al retiro obligatorio cuando se cumple el tiempo previsto en la ley, agregó: “con una pensión forzoza se esta eliminando a gente que está en el Poder Judicial, eso incide en la organización y funcionamiento del Poder Judicial (...) la corte es autónoma de decir sí incide (...).
"Hay una gran cantidad de problemas que están involucrando a los pensionados, qué tiene que ver con derechos adquiridos, o ¿es que no hay derechos adquiridos en pensiones? Claro que los hay, pero la consigna política es pensiones.
“Digo esto con la mayor sinceridad y con la mayor inquietud social sobre este tema. Claro que se puede hacer mucho en pensiones y se puede regular pero ¿qué es pensión de lujo? Hay que definirlo. ¿Va a contribuir eso en una mejor macroeconomía? Hay que verlo, porque el proyecto no lo dice”.
Por su parte, la magistrada Roxana Chacón, de la Sala Segunda que se encargó de analizar el proyecto, manifestó que "este proyecto habla de jubilación forzoza, en cuyo caso eso sí es afectación pura para el Poder Judicial, porque por seguir con una cuestión fiscal y por enfrentar el desempleo (...) cuando se cumple con la edad reglamentaria, usted al día siguiente se tiene que ir porque se tiene que ir.
“Eso significa que la gente no va a tener la posibilidad a quedarse un día mas trabajando, ni siquiera va a poder enfrentar si se le va a disminuir la pensión (...), se le está metiendo en una pensión forzosa lo cual es una afectación directa al Poder Judicial”.
Otros temas
En cuanto a otros temas tratados este lunes en la Corte Plena, los magistrados concluyeron con la discusión de una serie de reformas a la normativa denominada Reglas Prácticas de la Inspección Judicial, cuya finalidad es agilizar y evitar la impunidad de los procesos disciplinarios que se tramitan contra los funcionarios en la Inspección Judicial.
Sin embargo, la aprobación del texto fue pospuesta pues primero se va a revisar la redacción final y se consultará con los gremios del Poder Judicial.
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Uno de los puntos que demandó mayor discusión fue el tema de las notificaciones, pues en la actualidad luego de una denuncia, la Inspección Judicial tiene un plazo de 30 días para comunicar al funcionario sobre el proceso administrativo. En muchas ocasiones se vence el período y la infracción queda impune.
Con una reforma introducida se autoriza el uso del correo electrónico para hacer las notificaciones. En caso de que el implicado no aparezca, se le puede nombrar un curador judicial, que será un defensor público, para que reciba el documento con las infracciones señaladas.
