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El Tribunal Penal de Alajuela dictó 35 años de cárcel contra la mamá e igual pena contra el padrastro de una niña de cuatro años que fue asesinada a golpes entre el 14 y el 15 de enero del 2020 en Tuetal Sur, San José de Alajuela. De esta forma, recae sobre los responsables la pena máxima que la ley establece por homicidio calificado, tal y como lo solicitó la Fiscalía por la mortal agresión perpetrada.
La fiscal Edith Morera Rodríguez dijo en la fase de conclusiones que Yuseth María Mejías Vargas, de 36 años, madre de la niña, y el padrastro, Brayan Jacobo Herrera Ayala, de 21 años, ejecutaron el homicidio luego de una serie de golpizas durante 15 horas. Afirmó que ambos son culpables por las agresiones, así como por permitirlas, siendo que la víctima estaba en estado de indefensión.
Según el dictamen forense del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la niña sufrió laceraciones en el hígado y el corazón, así como hematomas en la cabeza, extremidades superiores, glúteos y piernas. También quedó evidenciado que la menor sufría agresiones repetidas desde hace tiempo, pues presentaba marcas de lesiones anteriores.
Según la presidenta del Tribunal, Ana Yancy Umaña, el golpe letal fue uno que le propinaron a la menor en el abdomen, el cual le laceró el hígado y, a consecuencia de ello, le afectó el corazón, tal y como lo expuso en el contradictorio la médica forense Laura Quirós.
En la casa de la niña existía una “normalización de la violencia”, dijo la jueza, al recalcar que era algo sistemático y repetido, tanto así que la forense Emily Solano Calderón encontró 47 lesiones en la espalda, piernas y cara de la niña ultimada. Los testigos del juicio constataron que otros dos hermanos que vivían en la misma casa también eran víctimas de agresiones. En algunos audios de llamadas telefónicas reproducidas en el juicio se escucha a la madre diciéndole a su compañero “cállela”, en relación con llantos que emitía la menor y de seguido se escuchaban los golpes que le daban.
Uno de los factores que contribuyó a la alta pena, dictada de forma unánime, fue el hecho de que la pareja alteró la escena del crimen para tratar de ocultar los hechos. Así las cosas, desaparecieron la sábana y una almohada de la cama donde yacía la menor. Pese a ello, los forenses del OIJ encontraron otros rastros de sangre en la escena.
“Consideramos el monto máximo de la pena, porque ustedes actuaron de una forma cruel y dolorosa con una niña que tenía todo un futuro por delante. No solo es doloroso lo que ella sintió, sino que esa serie de lesiones datan desde antes y denotan que ella sufrió demasiado”, dijo la jueza Umaña.
Agregó que ambos se pusieron de acuerdo sobre lo que iban a expresar en el juicio atribuyendo la muerte a una caída. Lamentó que pese a que recibían ayudas, como la pensión que depositaba el padre de uno de los hermanos de la víctima, un aporte de Instituto Mixto de Ayuda Social y leche que les facilitaba el Cen Cinái, desaprovecharon la oportunidad y ahora les corresponde descontar en la cárcel.
A partir del testimonio de piezas en contra de los sentenciados, las juezas pidieron a la Fiscalía de Alajuela investigar si en el presente caso hubo suministro de drogas y corrupción agravada contra menores de edad, con base en lo que salió a relucir en el juicio.
PANI falló
Tras lo ocurrido, la entonces presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Patricia Vega, reconoció que conocían del caso de la familia desde agosto del 2018, pero no lo abordaron de manera adecuada. La Fiscalía abrió una investigación para determinar la responsabilidad de ese ente estatal.
Vega presentó su renuncia poco después y, aunque dijo que se iba satisfecha, recalcó que la institución urgía de un cambio. “Una vez más la institución que represento, no respondió en la forma más adecuada cuando fue requerida su intervención; la oficina que recibió la alerta incumplió las normas de clasificación que rigen ante estas situaciones y no le asignó la prioridad que el caso realmente ameritaba”, sostuvo.
Agregó que había mucha claridad, pues meses antes de esa muerte, hubo una intervención en esa casa por maltratos al hermano de la víctima. “Me genera frustración el hecho de que la niña podría estar viva y no se atendió debidamente el reporte de violencia intrafamiliar”, afirmó. Con el deceso de la niña, los otros hijos de la mujer le fueron retirados.
El Tribunal que dictó la sentencia este jueves estuvo integrado por Karen Campos Rodríguez, Ana Yancy Umaña Moreira (presidenta) y Alejandra Arce Contreras, quienes ordenaron prorrogar por seis meses más la prisión preventiva mientras el fallo adquiere firmeza. Solicitaron a los medios no publicar los rostros de la pareja sentenciada, para evitar nuevas agresiones físicas como las que ya han tenido en prisión, por parte de personas molestas por la forma en que mataron a la niña.
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