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El empresario importador de cemento, Juan Carlos Bolaños, de 40 años, seguirá con el beneficio de casa por cárcel, luego de que la tarde de este viernes el Juzgado Penal de Hacienda, en Goicoechea, desestimó una solicitud de la Fiscalía para devolverlo a prisión.
El Ministerio Público alegaba un incumplimiento en el uso de la tobillera electrónica, luego de que el aparato se descargó y Bolaños no reportó lo ocurrido.
En tanto, la defensa del imputado atribuyó a fallas tecnológicas que escapan a su control lo ocurrido, e insistieron en que se mantuviera el beneficio que se le otorgó a su cliente hace casi ocho meses, debido a problemas de salud.
Fernando Vargas, defensor de Juan Carlos Bolaños, se mostró satisfecho con el fallo y dijo que fue “abusiva y malintencionada” la acción de la Fiscalía.
Informó de que la jueza a cargo de la audiencia reconoció que de 5.100 horas de monitoreo que lleva Bolaños, solo cuatro horas ha fallado el mecanismo y que fue por situaciones propias del aparato cuya batería se descargó.
Añade que la jueza advirtió que con otros privados de libertad que usan tobilleras no ha visto una reacción similar de la Fiscalía, pidiendo que se revoque el beneficio incluso por fallas más serias que la de Bolaños.
El abogado penalista Juan Marcos Rivero, quien hasta el año pasado defendió a Bolaños, dijo que para que hubiese incumplimiento tendría que surgir alguna acción intencional por parte del usuario de la tobillera para evadir la acción de la justicia y este no fue el caso.
Fue el simple hecho de que el aparato no funcionó y “hubiera sido un desacierto que se decidiera otra cosa”, sostuvo, al estimar correcta la decisión del Juzgado de no variar las actuales medidas cautelares de Bolaños.
Además de usar el dispositivo electrónico, Bolaños tiene impedimento de salida del país, la casa donde cumple arresto domiciliario es vigilada por la Fuerza Pública y no puede comunicarse con testigos en la causa ni funcionarios del Banco de Costa Rica.
El importador de cemento chino fue capturado a las 4 a. m. del 3 de noviembre del 2017, en vía pública en Atenas, Alajuela, cuando se trasladaba en un vehículo Land Rover.
En el denominado caso del cemento chino se investiga a siete exfuncionarios del Banco de Costa Rica (BCR) que supuestamente le habrían facilitado de manera irregular dos líneas de crédito de $30 millones a Bolaños para importar este material desde China.
Por este caso también son indagados cuatro funcionarios del Banco Popular y dos gerentes de la empresa Sinocem Costa Rica por un aparente crédito anómalo de $5 millones entregado en el 2015.
Por la cantidad de personas involucradas se trata de un caso complejo, en el que la Fiscalía tiene más tiempo para presentar la acusación que en un asunto ordinario.
La investigación se encuentra en la etapa preparatoria, la cual consiste en la recolección y análisis de pruebas y es privada para terceras personas, según el artículo 295 del Código Procesal Penal.
El abogado Fernando Vargas lamentó que a estas alturas del proceso no exista acusación ni pruebas que relacionen a Bolaños con los personeros bancarios investigados.
La decisión de dejarlo en su casa se tomó a eso de las 3 p. m. de este viernes, luego de una audiencia privada que comenzó poco después de las 2 p. m. en los Tribunales de Goicoechea, confirmó el Ministerio Público.
