Después de un extenso camino, en octubre del 2020 comenzó a operar el bloqueo de la señal celular en algunos centros penales del país; proceso que se universalizó a todas las cárceles hasta finales de ese mismo año.

Seis meses después de la implementación total, el Ministerio de Justicia y Paz revela que de enero a junio del 2021 las operadoras telefónicas, quienes están a cargo del proyecto, han bloqueado 6.991 intentos, principalmente de privados de libertad, de activar teléfonos.

La cifra es ambivalente, pues demuestra que el mecanismo funciona y que los reclusos aún no claudican en su afán por vulnerarlo.

Precisamente, según han dicho algunos internos a este medio, muchos de sus compañeros de celdas han encontrado “algunas mañas” para burlar el sistema y poder hasta actualizar sus redes sociales con fotografías recientes tomadas en la prisión.

A modo de ejemplo, un prisionero que está recluido en la cárcel de Puntarenas es uno de esos que sube cada cierto tiempo una fotografía nueva, donde se le ve en la prisión. La imagen más reciente la publicó el 6 de julio pasado.

Si bien no se puede conocer el acceso real que tienen los reclusos a la señal celular, sí se podría indicar que sigue siendo grande el interés de la población penal por tener estos aparatos, ya que, de enero a junio, la Policía Penitenciaria decomisó 803 dispositivos. En todo el 2020 se incautaron cerca de 2.000.

Sobre esto, la ministra de Justicia, Fiorella Salazar, aseguró que desconoce que los reos continúen usando celulares en las prisiones ya que, desde que comenzó el bloqueo, no han recibido información al respecto como, recalcó, sí ocurría en el pasado.

“No tenemos reporte de las operadoras de que esto ocurra, que existan maneras de burlarlo. No hemos tenido pantallazos, porque claro que en el momento en el que los tengamos, le damos curso de investigación. Muchas veces resultan ser montajes los perfiles, pero igual lo investigamos para poder saber que no es cierto y estar tranquilos”, apuntó.

¿Dónde se activan los celulares?

Sobre la cantidad de alertas que reciben de intento de activación, las estadísticas de Justicia indican que, como es de esperarse, el complejo penitenciario La Reforma, en Alajuela, es desde donde más se reportan.

En el primer semestre las operadoras detectaron 3.075 alertas provenientes de las siete cárceles que conforman dicho complejo, entiéndase la Jorge Arturo Montero Castro (antigua Reforma), Gerardo Rodríguez, Luis Paulino Mora, Adulto Mayor, Centro Nacional de Atención Específica (Máxima Seguridad), Ofelia Vicenzi (Adulto Joven) y la UAI Reinaldo Villalobos.

En esos siete centros penales había 7.310 presos al 26 de mayo pasado, fecha del corte más reciente de Justicia. Eso implica casi la mitad de la población penal, que es de 15.236.

La segunda cárcel con más alertas registradas es la de San José, mejor conocida como San Sebastián, con 693.

Llama la atención la estadística del centro penal de Heredia, ya que, pese a tener solo 31 reclusos, reportó 256 intentos de activación de celulares.

Mientras que la estructura carcelaria con las cifras más bajas de este asunto es el Centro de Formación Juvenil Zurquí, con 127 intentos en los últimos seis meses.

“Recibimos reportes periódicos sobre cantidad de bloqueos que se han realizado, es un número de referencia, no es un número en el cual podamos incidir porque el manejo de la solución es de las operadoras (telefónicas, quienes son obligadas por ley a implementar y mantener ese sistema)”, señaló Salazar.

Ministra: Bloqueo implica ‘curva de aprendizaje’

En cuanto a los persistentes intentos de introducir celulares a centros penales por parte de terceros, la jerarca señaló que esto obedece a “una curva de aprendizaje” y no a que la señal aún funcione dentro.

“Hay que verlo desde una perspectiva histórica, es una curva de aprendizaje porque es muy nuevo. Hay que construir cultura sobre que la señal realmente no funciona. Tenemos una situación y es que entra y sale gente a cada rato, entre gente que llega por primera vez y lo intentará (usar celulares) y es normal.

“Lo anterior se suma a que hay un cierto grado de incredulidad en quienes están dentro del sistema, también, y lo intentarán”, señaló.

Entonces, esa coyuntura es la que, a criterio de Salazar, provoca que las visitas intenten ingresar aparatos en encomiendas, o que terceros tiren los dispositivos por encima de la malla o por medio de drones.

“Siempre buscan la forma de meterlos y hasta que pase mucho tiempo y que el bloqueo se convierta en un dato confirmado, los intentos van a seguir”, puntualizó la jerarca.

Por ello y pese a estar confiados en el buen funcionamiento del bloqueo, los policías penitenciarios continúan con la estricta orden de decomisar cuanto teléfono se encuentren ya sea en la visita o en los módulos.

“La Policía mantiene una comunicación importante con el OIJ (Organismo de Investigación Judicial) para detallar a diario los decomisos que se hacen, porque puede ser que para nosotros no tenga importancia alguna y para ellos, que tienen alguna investigación, sí es relevante”, aseguró.

Se intentó obtener estadísticas que se refirieran a hechos delictivos orquestados desde prisión, pero la Policía Judicial no remitió los datos al cierre de este artículo.

Resistencia al cambio

Fiorella Salazar indicó que no solo los privados de libertad deben pasar por esa “curva de aprendizaje”, sino que los oficiales penitenciarios también, ya que ellos, al tener pernoctar siete días consecutivos, se ven directamente afectados con el bloqueo.

Detalló que al principio de la implementación, los policías sí tuvieron resistencia al cambio y que hasta los recurrieron en algunas ocasiones.

No obstante, añadió, la administración se encargó de reunirse con ellos y con sindicatos para explicarles que el bloqueo se debía de respetar puesto que era una ley.

Eso sí, para disminuir el impacto negativo en estos funcionarios, se dedicaron a reemplazar los teléfonos que estaban en mal estado para asegurarse de que los policías estén conectados con el mundo exterior, una vez que cumplen con su jornada diaria.

Pero esos teléfonos no pueden ser usados para asuntos personales, solo pueden utilizarlos en caso de emergencia.

“Reglamentos establecen que no podemos proveer servicio para llamadas personales u otro tipo de conexiones. (...) Lo que hemos dicho es que los policías tienen oportunidad de salir del centro y usar el celular ahí, cuando salen de su horario laboral. Es una posibilidad”, concluyó la ministra, quien añadió que conforme pasan los meses la aceptación mejora.