Jóvenes reclaman ¢300 millones a Iglesia católica por presunto encubrimiento de delitos sexuales

Cada una de las acciones, aunque se plantearon al mismo tiempo y por los mismo hechos, se manejan en tres diferentes expedientes. Cada una exige el pago de ¢100 millones (¢300 millones en total) y fueron presentadas desde noviembre del año anterior en el Tribunal Civil Colegiado del I Circuito Judicial de San José.

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Precisamente, uno de los casos, en que el demandante es un hombre de apellidos Muñoz Quirós, ya tuvo una primera audiencia y se programó para el viernes 25 de marzo la realización de una segunda audiencia, en la cual se recibirá prueba, tanto documental como testimonial (hay ocho testigos aportados por ambas partes) y se espera que luego el tribunal emita la sentencia, que es escrita. En estos casos, por ser un asunto complejo, los jueces podrían tardar hasta un mes en pronunciarse.

El abogado Rodolfo Alvarado, que representa legalmente a los demandantes, dijo que se trata de un juicio “por daños y perjuicios presentado por tres de los muchachos que presuntamente fueron abusados criminalmente por el padre (Mauricio) Víquez Lizano, y que la Iglesia Católica desde los años 2002-2003 conocía de la existencia de esos delitos perpetrados en bienes de la iglesia, entiéndase vehículos, residencias y templos, y nunca hizo nada para evitarlos.

“Entonces tres de los muchachos abusados que no han podido presentar su denuncia penal por un tema de prescripción, presentaron juicios civiles a efecto de responsabilizar a la Iglesia católica y a su arzobispo para que cumplan precisamente con la responsabilidad de indemnizar a las víctimas de delitos de suma gravedad”.

Al respecto, la Iglesia católica comunicó: “Algunos medios de comunicación han dado a conocer que el 25 de marzo se realizará una audiencia en un proceso civil que una supuesta víctima de abuso del señor Mauricio Víquez, presentó en contra de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, las Temporalidades de la Arquidiócesis de San José, y Monseñor José Rafael Quirós en lo personal.

“No se trata por tanto, de un juicio penal. La pretensión de los demandantes es que se le reconozca un daño psicológico y moral por una altísima suma de dinero. Debido a que es un proceso abierto y que está para resolver por los jueces de la República, no daremos mayor declaración, esperando la resolución conforme a la ley”.

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El caso que originó este asunto civil, es decir la acusación penal contra el exsacerdote Mauricio Víquez, se está conociendo en un proceso aparte. Se trata de un asunto en el cual se atribuye al excura supuesta responsabilidad en dos delitos de abuso sexual en perjuicio de persona menor de edad, dos de violación agravada y uno de corrupción agravada. Sin embargo, el primer debate fue anulado luego de que uno de los jueces se enfermara de covid-19.

Ese juicio está programado para efectuarse a partir de este lunes 21 de marzo en el Tribunal de Juicio de Desamparados. Los hechos investigados supuestamente ocurrieron entre el 1.° de julio y el 31 de setiembre del 2003, cuando, según la acusación del Ministerio Público, el excura se habría aprovechado de que un niño de 11 años realizaba algunas labores en el templo de Patarrá de Desamparados, San José y él era el encargado de pagarle por ello, para cometer diversos delitos sexuales que incluían tocamientos, vejámenes sexuales y felaciones.

Aunque contra Víquez se presentaron en total cuatro denuncias, en octubre del año pasado un tribunal confirmó la prescripción de tres de las cuatro denuncias por delitos sexuales que se seguían contra el Víquez Lizano, por lo cual se dictó un sobreseimiento a su favor. Las denuncias que fueron desestimadas son las que impusieron tres hombres de apellidos Rodríguez Solera, Venegas Abarca y Muñoz Quirós. Estas aún están en proceso de apelación.