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El Tribunal de la Inspección Judicial abrió este jueves un proceso disciplinario a la jueza Heizel Murillo Beita, del Juzgado Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, ubicado en Grecia.
La decisión fue tomada un día después de que trascendiera que las medidas cautelares impuestas a 13 integrantes de un supuesto grupo dedicado al narcotráfico y al lavado de dinero en la zona sur fueron anuladas, debido a que la juzgadora se distrajo durante una audiencia judicial con su teléfono celular.
Así lo confirmó a La Nación el departamento de prensa del Poder Judicial, que indicó “que el día de hoy (jueves) se ordenó la apertura del procedimiento disciplinario”.
De acuerdo con el voto 123-TGRE-2021, a cargo de Yéricka Alejandra Delgado López, quien resolvió la apelación planteada por los defensores de los sospechosos del caso conocido como Finca Darwin, con la revisión de las grabaciones de la audiencia de solicitud de medidas cautelares quedó constatado “que la señora jueza (Murillo) pasa un tiempo excesivo manipulando su teléfono celular, tanto en la intervención de la Fiscalía como en la intervención de los defensores”.
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Para Delgado, encargada de la apelación, “hubo una completa desatención” de la juzgadora.
“Según se observa de los videos aportados (...), la desatención de la juzgadora al respecto hace que se evidencie que no fue necesario para la jueza penal prestar atención a la petición de las partes, para proceder a emitir una resolución de más de seis horas en la cual se denota que si bien hace alusión a diferentes circunstancias que constan en autos, deja de lado las valoraciones totales de las peticiones de las partes, siendo entonces que se trata de un yerro objetivo y procedente, y no una simple percepción de las partes, lo anterior ha evidenciado que la jueza penal no estuvo atenta, vigilante, ni siquiera del desarrollo de la diligencia (...).
“Se ha denotado que no se trató de observaciones distantes y cortas sobre su dispositivo celular, ya que se probó por parte de la defensa que, en extractos del video de la audiencia, en una sola ocasión utiliza casi por espacio de ocho minutos el dispositivo, que la jueza de una forma inapropiada pasó pendiente de su teléfono y manipulando el mismo, ello contraviene la atención debida, y sin duda una intervención necesaria y activa de su parte como jueza de garantías en el proceso penal, contraviniendo el debido proceso penal, en tanto la resolución expuesta no resulta fiable para los intervinientes”, precisa el escrito.
Debido a esa circunstancia fue que se anuló la orden de seis meses de prisión preventiva para González Hernández, Méndez Mora, Concepción Quiel, Campos Jiménez, Jiménez Araya (tres personas) y Estribí Angulo.
Mientras que también quedaron sin efecto las medidas alternas al encarcelamiento para Quirós Salazar, Gómez Arroyo, Santos Madrigal, Jiménez Araya y Chavarría Hernández (presidente del Concejo de Corredores).
A partir de la notificación a la totalidad de las partes involucradas en el proceso, deberá realizarse una nueva audiencia de solicitud de medidas cautelares en el término máximo de 48 horas.
El caso
La investigación contra esta organización que, al parecer, se dedica al tráfico de drogas y legitimación de capitales inició en noviembre del 2018.
El presunto cabecilla del grupo es un empresario dedicado a la producción de palma aceitera de apellidos González Hernández, quien presuntamente, junto a su esposa, apellidada Jiménez Araya, tienen una propiedad en la Cuesta de Corredores, que es llamada la Finca de Darwin.
Se trata de una quinta con una moderna residencia, rancho para fiestas, lago, helipuerto y amplias zonas verdes, que está entre una plantación de palma aceitera.
Aparentemente, este grupo trasegaba droga que llegaba a lugares como Burica, Zancudo o Puerto Jiménez. Luego era trasladada hasta el Pacífico central, donde una parte del estupefaciente se comercializaba en el mercado nacional y otra se enviaba a los Estados Unidos.
