Una serie de datos que llegaron a manos de las autoridades permitieron rescatar, este martes, a cuatro perros que estaban desnutridos. Uno más falleció horas antes de que los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ingresaran a una propiedad ubicada en el poblado del Ceibo, en Cariari de Pococí, Limón.
Ahí, la Policía Judicial acompañó a funcionarios del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), quienes recibieron informes del riesgo en el que estaban los animales.
Tras ubicar a los cuatro canes y trasladarlos a un lugar seguro, el OIJ informó a la Fiscalía Adjunta de Pococí sobre lo ocurrido.
Posterior a eso, el Ministerio Público ordenó la detención del dueño del terreno, un hombre de 55 años identificado con los apellidos Dávila Baéz.
“Agentes del OIJ Guápiles realizaron un acompañamiento a Senasa para entrar a una propiedad en la que se tenían datos de que había varios perros en estado de abandono, ya que no contaban con condiciones óptimas de alimentación ni cuido.
“Dentro de la propiedad se ubican cuatro perros y en dirección funcional con el Ministerio Público se detuvo a un hombre de apellidos Dávila Báez como sospechoso de infracción a la Ley de Bienestar de los Animales”, explicó este miércoles la Policía Judicial por medio de su oficina de prensa.
Senasa, por su parte, aseguró que ellos brindaron apoyo en el caso, debido a que los animales se encontraban en malas condiciones; sin embargo, por medio de su Unidad de Comunicación, recalcaron que “al ser una investigación abierta por maltrato animal del OIJ los detalles los manejan ellos”.
En tanto, la Fiscalía Adjunta de Pococí confirmó que dentro del expediente 20-001675-0066-PE se abrió una investigación a Dávila por el presunto delito de crueldad animal.
De acuerdo con la institución, al hombre se le tomó la declaración indagatoria y, tras comprobar que cuenta con todos los arraigos procesales requeridos (laboral, familiar y domiciliar) quedó libre, pese a que permanece ligado al proceso penal en condición de imputado.
“En una inspección del lugar donde reside el sospechoso, realizada ayer (martes) por el OIJ y Senasa, había un total de cuatro perros que, presuntamente, se encontraban en estado de desnutrición y permanecían en malas condiciones, además de al menos un animal más que, en apariencia, murió el día anterior y había sido enterrado”, precisó la Fiscalía.
Agregaron que debido a que la causa se encuentra en una fase que es privada, no es posible brindar más información, ya que así lo establece el artículo 295 del Código Procesal Penal.
A pesar de que los datos oficiales brindados por las autoridades descartan más perros fallecidos en ese sitio, Eibor Paniagua Marín, subjefe del OIJ en Guápiles, indicó que testigos en la zona aseveraron que los movimientos de tierra hechos dentro de la propiedad y el olor a podredumbre están asociados a que allí enterraban a otros animales cuando fallecían.
Agregó que había entre 34 y 36 huecos en el lugar, pero que no se hizo una revisión de los mismos, por lo que no se pudo constatar si había o no cadáveres.
La Ley Contra el Maltrato Animal, que entró en vigencia el 11 de junio del 2017, establece como delito la crueldad animal, que se castiga con penas de entre tres meses y un año de prisión.
Sin embargo, el artículo 279 sexies del Código Penal precisa que el Tribunal a cargo de un juicio puede sustituir la pena privativa de libertad.